Por qué Interior aún no realiza masiva regularización de migrantes que anunció hace dos meses

La subsecretaría del Interior informó por escrito que siguen estudiando cuántos de los migrantes que entraron a Chile por pasos clandestinos serán regularizados, a 57 días de anunciar que podrán postular los 182 mil que se sometieron al empadronamiento biométrico. “Tohá enfrenta un dilema”, dijo el ex jefe de migraciones Álvaro Bellolio, aludiendo a la eventual candidatura presidencial de la ministra.

Por qué importa. La incertidumbre de 57 días que ha mantenido La Moneda sobre el número de migrantes indocumentados que regularizará —de un universo de 182 mil empadronados— se produce en medio de la preocupación ciudadana por el crimen organizado, el debate sobre la conveniencia económica del proceso de regularización y la eventual carrera presidencial de la ministra del Interior Carolina Tohá.

• Tras las críticas de la oposición a la ministra Tohá por el anuncio, el subsecretario del ramo Luis Cordero buscó blindarla, destacando que el tema migratorio era responsabilidad suya. Poco después el anuncio desapareció de la agenda pública.

Qué dijo el gobierno. “Se está en etapa de evaluación de antecedentes policiales, es un compromiso presentarlos ante la Cámara de Diputados antes de implementar cualquier tipo de medida”, respondió por escrito la Subsecretaría del Interior a una consulta de este medio sobre el cronograma para concretar el anuncio de regularización.

• Este anuncio se remonta al 11 de diciembre, cuando el subsecretario Cordero dijo que el gobierno regularizaría la situación de los extranjeros indocumentados que se hubieran sometido al registro biométrico impulsado por el ejecutivo (que incluyó la toma de huellas dactilares y otros), que concluyó en enero de 2024.
• La Moneda precisó luego que este universo alcanzaba las 182 mil personas, a las que debían descontarse 200 empadronadas con prontuario acreditado, las que podrían postular, pero que no obtendrían el documento.
• La oposición criticó entonces a la ministra Tohá por el incentivo a la migración irregular que podría significar la medida, lo que fue respondido por Cordero.
• “Se han referido directamente algunos de ustedes a la ministra Tohá, y la primera precisión jurídica que yo debiera hacer en esta sesión, para responder a cada una de sus preguntas, por su intermedio señor presidente, (es que) en conformidad a la legislación chilena, la autoridad migratoria es el subsecretario del Interior, no la ministra”, dijo a la Comisión de Gobierno de la Cámara, el 17 de diciembre de 2024.
• Estas críticas se remontaban a que fue la secretaria de estado quien el 16 de enero del año pasado dijo a la misma comisión que “debiéramos poner el foco, dado que se están identificando muchas medidas de control migratorio y también en el ámbito de las expulsiones, en que las personas que tienen un arraigo en el país, que se han digamos insertado en la sociedad chilena, que están trabajando, que están vinculadas o que tienen familia formada, les demos la posibilidad de regularizarse”.
• En diciembre pasado, ante la ola de críticas, recalcó que la media no era una “amnistía general”.

La crítica de Bellolio. Álvaro Bellolio, director de migración en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, planteó que habría un trasfondo político tras la reserva del gobierno.

• “El cálculo político de Carolina Tohá es claro. Durante su gestión ha mostrado una postura favorable a la regularización y, de hecho, ha defendido abiertamente que los extranjeros puedan trabajar sin autorización legal, algo que puede ser visto como una normalización de la informalidad migratoria”.
• “Sin embargo, Tohá enfrenta un dilema: si se asocia demasiado a la defensa de los migrantes irregulares, su imagen de autoridad en seguridad puede verse debilitada, lo que es un flanco crítico para una eventual candidatura presidencial. Es probable que esté esperando la decisión de Michelle Bachelet sobre su eventual candidatura”.

El plan. La Política Nacional de Migración y Extranjería detalló el trasfondo del plan del gobierno.

• “De acuerdo con información de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), a partir del año 2018 (fecha de implementación del último mecanismo de regularización para ingresos por pasos no habilitados) se registra un aumento significativo en el número de denuncias de ingresos al territorio por pasos no habilitados”. Estas ocurren por el desierto, en Colchane y en Arica.
• “En 2018 se contabilizaron un total de 6.310 denuncias, las que en 2019 incrementaron a 8.048 y en 2020 a 16.848. El año 2021 y 2022 se anotaron la mayor cantidad de denuncias, con 56.586 y 53.875, respectivamente”.
• “La condición de migrante irregular impone una limitación en su integración e inclusión social. A su vez, el acceso al trabajo formal y decente tiene la condición migratoria regular como requisito indispensable”.
• “Igualmente, una persona en condición irregular es altamente vulnerable a las organizaciones delictivas que se dedican a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes. Tratándose de mujeres migrantes, el contexto de irregularidad implica mayores riesgos de experimentar violencia de género y costos económicos y sociales”.

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