En tiempos de presiones fiscales crecientes y reformas tributarias que aparecen y desaparecen del debate público, hay un tema incómodo, pero urgente, que no podemos seguir evitando: la eficiencia del gasto público. Porque por más que se discuta cuánto más deberíamos recaudar, si no somos capaces de usar bien los recursos que ya tenemos, cualquier aumento de impuestos resulta no solo injusto para algunos sectores, sino también improductivo.
En los últimos años, Chile ha sido testigo de una serie de casos que han dañado profundamente la confianza en la administración pública. El más reciente -y tal vez más simbólico- es el caso revelado por la Contraloría General de la República, en el que más de 25 mil funcionarios públicos habrían viajado al extranjero mientras estaban con licencia médica.
El monto no solo escandaliza por su dimensión, sino también por lo que implica: una falla estructural del sistema de control, que parece haber normalizado el uso poco transparente de recursos que pertenecen a todos los chilenos.
Como economista, pero más aún como ciudadana, me es imposible no preguntar ¿cómo llegamos a esto?, ¿por qué en Chile parece que solo se actúa cuando hay sanción? Tal vez, porque lamentablemente no hemos construido una cultura profunda de responsabilidad fiscal y ética. No existe una formación de base que internalice que el cuidado de lo público también es un deber individual, y que usarlo mal no es ni más ni menos que perjudicarnos a todos.
La ausencia de fiscalización y sus consecuencias
No se trata de caer en estigmas culturales ni hacer un juicio moral generalizado, pero sí de reconocer que en Chile – y particularmente en algunos sectores-, en ausencia de controles efectivos, aumenta la probabilidad de conductas indebidas. No basta con buenas intenciones o declaraciones de probidad, se requiere una fiscalización efectiva, sistemática, apoyada en los múltiples avances tecnológicos y con consecuencias tangibles para quienes transgreden estos límites.
Hoy, gracias a la tecnología, el Servicio de Impuestos Internos es capaz de detectar en tiempo real actividades económicas informales, como la venta de productos o el arriendo de propiedades a través de distintas apps. En ese contexto, ¿por qué no se podría monitorear de forma precisa el uso de recursos públicos por parte de instituciones y funcionarios? Este tipo de herramientas no debería aplicarse solo en momentos de crisis o escándalo, sino integrarse como parte del diseño estructural del sistema fiscal y administrativo.
Reforma tributaria: más que recaudación
Lamentablemente, en Chile el debate sobre reforma tributaria se ha centrado casi exclusivamente en cómo aumentar la recaudación y a qué segmentos aplicar los cambios. Pero poco se discute sobre cómo mejorar el diseño del sistema tributario y garantizar un uso eficiente, equitativo y transparente de los fondos que ya se recaudan.
Es cierto que se necesitan importantes recursos para financiar derechos sociales, pero también es cierto que la ciudadanía está cansada de aportar más cuando ve que no hay mejoras proporcionales en servicios públicos y que los escándalos de mal uso se repiten una y otra vez.
Desde una perspectiva técnica, un sistema tributario sostenible debe tener al menos tres pilares: eficiencia, simplicidad y equidad. Y es en esta última dimensión donde hoy se observan debilidades. Dos principios fundamentales -la neutralidad y la horizontalidad- han sido desplazados del debate, pese a ser claves para construir legitimidad y coherencia.
La neutralidad, en su sentido técnico, busca evitar que el sistema distorsione las decisiones económicas. Tributar como trabajador independiente, pyme o sociedad no debería implicar ventajas o desincentivos artificiales. Por su parte, la horizontalidad establece que a igual capacidad económica debe corresponder una carga tributaria similar, sin importar la fuente del ingreso. Cuando estos principios no se cumplen, se agrava la sensación de injusticia y se debilita la confianza en la institucionalidad.
A menudo, avanzar en estas materias se tilda de “tecnocrático” o “alejado de la realidad”, pero no hay nada más concreto que el daño que generan estas distorsiones. Cuando el marco impositivo favorece al que puede pagar asesoría para optimizar su carga y castiga al que paga directamente, no solo hay desigualdad: se instala una desconfianza profunda en todo el sistema tributario.
¿Más impuestos? Primero, mejor gasto
Volviendo al punto de partida, ¿tiene sentido hablar de subir impuestos si no mejoramos el uso de lo que ya recaudamos? Yo creo que no. Pero tampoco creo que debamos caer en la resignación de que nada puede cambiar.
Chile tiene instituciones sólidas, capacidades técnicas y herramientas tecnológicas para avanzar. Lo que necesitamos es una decisión política clara para priorizar el control del gasto con la misma intensidad con la que se discute la necesidad de reformar la recaudación.
Porque al final, la pregunta no es solo si los chilenos debemos pagar más impuestos, la verdadera pregunta es: ¿estamos listos para avanzar hacia un uso de los recursos públicos que refleje el mismo compromiso que se exige al contribuyente?
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