Diciembre 9, 2022

J. M. Vivanco y fake news: “Si aceptamos que Camila Vallejo cumpla una misión legítima, los gobiernos se convertirían en los árbitros de la verdad”

Marcelo Soto

Aparte de ser socio de DGA, Dentons Global Advisors, José Miguel Vivanco se desempeña como Senior Fellow for Human Rights, del Council on Foreign Relations. En esta entrevista aborda las noticias falsas y temas de  seguridad. “En un Estado de derecho la autoridad no puede aplicar la legislación a su discreción como si fuera un menú a la carta”, dice sobre la ley antiterrorista.


-La ministra Camila Vallejo ingresó en el debate sobre las fakes news. “Tenemos un mandato jurídico internacional sobre estas cosas”, dijo en DF. ¿Cuáles son los riesgos de que el Estado intente atribuirse el papel de verificar lo que es verdad y mentira?

-El mandato jurídico internacional es justamente el contrario. Todos los relatores sobre libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos y de las Naciones Unidas así como todos los órganos especializados de defensa de derechos humanos han advertido sobre la gravedad del control o regulación de las llamadas “noticias falsas” por parte de los gobiernos.

-¿Cuál es el camino para que no queden en la impunidad?

-Las llamadas noticias falsas sólo pueden tener un límite cuando causan un daño claro, específico y desproporcionado. Los estados, a través del Poder Judicial, sí pueden establecer responsabilidades ulteriores —jamás censura previa— para aquellas personas que difundan información que no está basada en evidencia y que generará un daño claro, específico y desproporcionado.

Si no fuera así y, en cambio, aceptáramos que la ministra Camila Vallejo cumple una misión legítima, los gobiernos se convertirían en los árbitros de la verdad y por supuesto sofocarían cualquier crítica a su gestión imponiendo una única e incuestionable verdad oficial. Para no permitirles sucumbir a esta tentación, todas las instancias jurídicas internacionales en este ámbito establecen la condición mencionada para limitar las noticias falsas.

-¿Tener noticias falsas es el costo de una prensa libre? ¿En qué punto las fake news representan un peligro para la democracia y deben ser combatidas?

-Primero existe una enorme dificultad para establecer aquello que es una noticia falsa y lo que no es, sin embargo efectivamente se publican informaciones que no están sustentadas en evidencia alguna. En algunos casos publicar informaciones falsas impulsan o amplifican campañas que tienden a desinformar al público.

Dada la dificultad de establecer con claridad los límites entre una opinión, una noticia parcialmente falsa o que no tiene contexto y una noticia falsa, el derecho internacional de manera unánime, para evitar limitaciones ilegítimas a la libertad expresión, ha establecido que necesitamos aprender a convivir con la información falsa, educar a las personas para que busquen la fuente y pregunten por la evidencia y limitar exclusivamente la circulación de la información que efectivamente produce un daño claro y desproporcionado en terceros. Cuando la información produce un daño que debe ser reparado entonces pueden existir límites proporcionados que, en cualquier caso, sólo pueden ser impuestos por jueces independientes y jamás por un gobierno.

-¿Llama la atención que la ministra que encabeza este tema sea comunista, pensando en que los gobiernos de esa  tendencia han sido enemigos de la libertad de la prensa?

-Sin duda su militancia política es un motivo de legítima preocupación —dada las posiciones oficiales del Partido Comunista chileno ante conocidas dictaduras. Sin embargo la ministra hace parte de un gobierno y está subordinada a un presidente que ha dado reiteradas muestras de su apego al Estado de derecho y principios democráticos.

En las últimas encuestas sigue creciendo el apoyo a Carabineros, pese a que aún se investigan casos de corrupción. Boric ha dado muestras de apoyo a las policías. ¿Usted cree que las fuerza de orden deben ser reformadas y fortalecidas?

-El problema es creer que los problemas de seguridad que enfrenta el país —que por lo demás son reales, no ficticios— se pueden reducir o paliar rindiéndole homenajes a un fuerza pública que requiere urgentemente elevar su rendimiento profesional mediante reformas estructurales.

-¿Por ejemplo?

-Es imprescindible crear un mecanismo serio y riguroso de disciplina interna, independiente del mando, que garantice rendición de cuentas y promociones sobre la base de resultados medibles,  conformando la conducta policial a estándares profesionales y eficaces. Si el gobierno se deja influir por las encuestas y no ejerce un liderazgo inteligente en este campo, soy escéptico de que se logre avanzar en una reforma seria.

Al contrario, Carabineros sentirá que nuevamente cuenta con una especie de cheque en blanco, sin mayores incentivos para mejorar, lo cual probablemente redundará en resultados mediocres en materia de seguridad, sin mayor rendición de cuentas y con previsibles abusos.

-La existencia de terrorismo en la Macrozona Sur sigue siendo un debate. ¿Por qué ha sido tan difícil acordar una definición sobre la creciente ola de actos violentos?

-Que duda cabe que en esa zona se cometen a diario delitos violentos contra la propiedad e incluso contra las personas. Pero no cualquier crimen común, por grave que sea, es terrorismo. Para que estemos frente a un delito de terrorismo debe tratarse de delitos objetivamente muy graves cometidos con la intención deliberada de generar terror en la población o un segmento de ella.

-El Presidente reconoció que había actos terroristas, pero se ha negado a usar la ley antiterrorista.

-Creo que fue un error que el presidente Boric afirmara genéricamente que había actos de terrorismo en la Macrozona Sur y simultáneamente dijera que no aplicaría la ley antiterrorista dada su ineficacia. En un Estado de derecho la autoridad no puede aplicar la legislación a su discreción como si fuera un menú a la carta. Si algo no le parece bien al gobierno tiene la obligación de presentar al Congreso una propuesta de reforma para perfeccionar la norma y no creo que hasta ahora lo haya hecho.

 -Después de toda una vida en Human Rights Watch, donde llegó en 1986,  ahora arribó a Dentons Global Advisors (DGA) asociado al estudio jurídico más grande del mundo. ¿Cómo ha sido la transición a este nuevo cargo?

-La transición ha sido más fácil de lo que creía. Estoy muy entusiasmado con mi nuevo cargo profesional en DGA porque representa un gran desafío al involucrarme en resolución de conflictos y procesos de negociación a nivel global. Además, tengo la oportunidad de trabajar con el sector privado para asegurar el cumplimiento con estándares internacionales en materia laboral, medioambiental y otros principios universales actualmente imperantes.

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