-Esta semana se dio a conocer que el Gobierno de Kast alcanzó un récord en cuanto al monto de los proyectos ingresados a tramitación ambiental durante los primeros dos meses. ¿A qué crees que se debe esto?
-El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) evalúa proyectos públicos y privados, pero evidentemente al sector privado le interesan las señales que entregan las autoridades porque es su inversión, y les importa la certeza que pueden tener sus futuras inversiones. Cuando un Gobierno ha planteado el objetivo de la facilitación regulatoria, además de más certeza jurídica, a los inversionistas les llama profundamente la atención. Esto, sumado al proyecto de Reconstrucción y la celeridad con que el Comité de Ministros ha resuelto los recursos de reclamaciones pendientes. Esas son señales que hacen atractiva ciertas inversiones.
Ahora, también hay que poner atención en que para que un proyecto ingrese a evaluación durante estos últimos meses se necesitan trabajos que se vienen trabajando hace bastante tiempo.
-Diversos expertos han señalado que las empresas tenían listos sus proyectos para ingresarlos a tramitación ambiental antes del cambio de gobierno, pero prefirieron esperar a que asumiera Kast. ¿Esto va en la línea de lo que tu planteas?
-Eso refleja justamente que hay señales políticas respecto a cómo desarrollar el proyecto. Para ingresar un proyecto en estos meses hay un trabajo que se viene desarrollando hace bastante tiempo. Lo que pasa es que tu decides iniciar la tramitación ambiental con la información hecha “apostando” a cómo crees que será el proceso de evaluación. Aquí es donde el rol del Gobierno es clave para efectos de tener certeza sobre cuándo es el momento propicio para que un inversionista ingrese una iniciativa.
-Tanto la ministra Francisca Toledo, el subsecretario y el nuevo director del SEA, Arturo Farías, han planteado que buscan agilizar la tramitación de proyectos y cumplir estrictamente los plazos legales. Incluso se está pidiendo a los organismos públicos pronunciarse en 15 días. ¿Cómo ves estas medidas?
-Este gobierno ha dicho que quiere retomar la celeridad, y eso me parece positivo. De hecho, la cantidad de sesiones que ha tenido el Comité de Ministros en el poco tiempo, da una clara señal de agilidad en los tiempos. Pero, no basta solo con apurar los tiempos, también la evaluación debe ser de calidad porque la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) después puede ser sometida a revisión de los tribunales ambientales. Entonces, es importante una correcta compatibilidad entre velocidad para que los proyectos se puedan ejecutar rápido con la calidad en la evaluación de las iniciativas.
-El gobierno también busca reformar los tribunales ambientales. ¿Qué cambios crees que deberían realizarse?
-Uno de los grandes temas a abordar es el sistema de nombramiento de los ministros de los tribunales ambientales. Es sabido que el tercer tribunal y el primero llevan varios meses funcionando sin la integración completa, y eso termina afectando los tiempos de respuesta de los tribunales, porque se termina recargando el trabajo en pocas personas.
También, la Corte Suprema en varios casos ha declarado inadmisible ciertos recursos de casación diciendo que la sentencia del tribunal ambiental no es definitiva. Esto ha generado que existe una suerte de “incerteza” para los titulares de proyectos respecto a cuál es el recurso judicial que deberían ingresar en caso de que se les anule una RCA.
-Diversos expertos, han planteado que un problema en la tramitación ambiental son las exigencias de los servicios públicos. ¿Compartes esa visión?
-Sí, efectivamente ocurre. El problema es que cada servicio público tiene sus propias competencias, agendas e intereses. Entonces puede pasar que un servicio haga exigencias excesivas en algunos casos y demoren la tramitación de un proyecto que al Estado le interesa impulsar. Entonces, ciertas exigencias de organismos públicos terminan dificultando proyectos que no debieran complejizarse. Eso no significa que sea algo generalizado, pero sí ocurre.
-¿Qué crees que se puede hacer cuando los servicios públicos no están alineados con las prioridades del Gobierno?
-Me gusta la idea de fortalecer la rectoría técnica del SEA en la tramitación de proyectos -lo cual es parte del plan de Reconstrucción-. Esto quiere decir que cuando un servicio realiza exigencias desproporcionadas o fuera de competencia, el SEA tiene la potestad de intervenir en la evaluación.
-¿Puede ocurrir que un ministro no conozca las observaciones que emiten sus servicios?
-La estructura del Estado es tan grande que es imposible que un ministro conozca todos los pronunciamiento de los servicios que tiene a su cargo. Pero, sí es posible que los ministros o subsecretarios estén al día o en conocimiento más detalladamente de algunos proyectos en particular que son más relevantes.
Es importante que el jefe de servicio debe tener la “pachorra” para administrar correctamente qué es lo que está exigiendo su servicio y esto que se reproduzca en todo Chile.
-¿Es posible que un ministro le diga a sus servicios: “alinéense a los intereses del Ejecutivo”?
-Los servicios se relacionan con el Presidente a través de los ministros. Entonces, al considerar que el jefe de la cartera donde están alojados ciertos servicios y que es un hombre de exclusiva confianza del Presidente, creo que los ministros deben exigir a sus servicios que se alineen a los intereses que tiene el Estado.
-¿Qué quiere decir esto?
-Alinear significa que los servicios comprendan que obviamente hay que sacar los proyectos adelante porque Chile requiere crecer, requiere desarrollo, pero eso también significa que estos proyectos se hagan cumpliendo con las normas ambientales respectivas.
-¿Crees que el proyecto de Reconstrucción va en la dirección correcta en temáticas ambientales?
-Hay cosas que están bien y otras que requieren precisiones y análisis. Hay que tener mucha precaución y cuidado a la hora de ver cómo quedan plasmadas.
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