Permisología: La perplejidad de las autoridades ante exigencias a mayor proyecto de inversión en gobierno de Kast

El Gobierno de José Antonio Kast ha tenido un récord de proyectos ingresados a tramitación ambiental: US$ 22.258 millones en dos meses. Pero las observaciones de servicios como el SAG y Conaf al megaproyecto de Minera El Abra continúan reflejando la burocracia estatal impulsada por la administración anterior. Lo más llamativo: hubo un desconocimiento transversal sobre las observaciones de esos organismos a la iniciativa.

Observaciones inesperadas. Entre los organismos públicos que formularon exigencias al proyecto de la Minera El Abra está el Servicio Agrícola Ganadero (SAG),  cuyo director regional de Antofagasta, Cristián Poblete, visó las observaciones. Poblete ingresó por Alta Dirección Pública (ADP) a fines de 2024.

• Otros organismo fueron la Corporación Nacional Forestal (Conaf), dirigida en Antofagasta por Cristián Salas Papasideris; y, el Seremi de Agricultura, Harry Pallero. Ambos funcionarios fueron designados durante el periodo de Kast.
• El proyecto se llama “Continuidad Operacional Minera El Abra y Desarrollo de Planta Concentradora con Transición Hídrica a Agua Desalada”, el cual cuenta con una inversión estimada de US$ 7.500. Es la mayor iniciativa de inversión ingresada a tramitación ambiental en la administración de Kast.
• Algunas de las observaciones presentadas fueron justificar relocalización para la vizcacha montañera, “considerando la eficiencia de la acción y el estrés que genera a los individuos” y  utilizar aeronaves pilotadas a distancia para detectar individuos de Eriosyce laui (un cactus enano).
• El SAG también cuestionó el estudio inicial realizado por la empresa sobre la especie chinchilla, donde pidió reevaluar dos impactos que provocaría el proyecto sobre el roedor:
  • El primero, corresponde a la pérdida de hábitat de la especie por la construcción de obras. El segundo se refiere a la pérdida de sus madrigueras, incluyendo una cuantificación de las pérdidas.
  • La solicitud exige actualizar los antecedentes utilizados y cuantificar con mayor precisión cuánto territorio y cuántos refugios serían afectados, para así determinar de mejor manera la magnitud del impacto en la chinchilla.
• Según expertos consultados, uno de los principales problemas que tienen las autoridades públicas radica en que, por lo general, los servicios que emiten observaciones ambientales no están alineados con las directrices de los ministerios de los cuales dependen administrativamente.

Desconocimiento. Los organismos que ingresaron las “llamativas” exigencias -Conaf, el SAG y el seremi de Agricultura- están ligados al Ministerio de Agricultura. El ministro de la cartera, Jaime Campos, desconocía las observaciones emitidas y se enteró al ser consultado sobre el tema por Ex-Ante.

• Todo eso, agregan, pese a que Campos ha trasmitido en diversas instancias a otros ministerios económicos que tanto la cartera como los organismos dependientes de ella están alineados para facilitar el avance de los proyectos de inversión.
• Pero, en el Ministerio de Agricultura no cuentan con un trabajo particular enfocado en revisar las observaciones emitidas por sus servicios ni con asesores destinados al tema.
• Pablo Eguiguren, jefe de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI), es quien monitorea el avance de los proyectos.
• Cuando se le “enciende la alerta” por exigencias de organismos públicos que pueden trabar proyectos de inversión, Eguiguren se coordina con el Ministerio del Medio Ambiente para verificar si las observaciones son fundadas.
• En el caso particular de la millonaria iniciativa de El Abra, las mismas fuentes consultadas expresaron que el denominado “emisario de la permisología” no ha hecho cuestionamientos por las solicitudes presentadas por los entes públicos.
• La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, tampoco estaba al tanto de las observaciones formuladas por los organismos públicos al proyecto de Minera El Abra.
• El rol asignado a su cartera es agilizar la evaluación ambiental de los proyectos en sintonía con la certeza que el Ejecutivo busca entregarle a los inversionistas.