–Qué cambia para Quiborax tras la toma de razón de Contraloría de su proyecto de economía circular en El Águila? ¿Cuáles son los próximos hitos para que el proyecto pase de piloto a operación industrial?
-Lo primero que debemos resaltar, como concepto esencial, es que la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República es un hito de suma relevancia, ya que se trata de un control preventivo de legalidad y constitucionalidad que realiza respecto de los actos administrativos dictados por el Estado. En este caso concreto, la Contraloría ha verificado que el Decreto que fija los requisitos y condiciones del CEOL de operación para el procesamiento y beneficio de litio en nuestra Planta El Águila, cumple absolutamente con toda la normativa vigente.
A partir de esto, se genera un evidente impulso al proyecto, pues ello nos permite ir avanzando con certezas en todo lo que respecta a la investigación y desarrollo que representa este tipo de iniciativas, las cuales ofrecen un gran desafío tecnológico, a todo nivel. El próximo hito del proceso propiamente tal es la suscripción del CEOL, lo cual esperamos se concrete a la brevedad posible, considerando el carácter único y pionero de este proyecto a nivel mundial.
-Desde la empresa han señalado que este proyecto podría convertir descartes mineros en una nueva fuente de litio. ¿Qué tan replicable cree que es este modelo en otras faenas mineras de Chile?
-Técnicamente es posible recuperar litio desde descartes mineros, relaves, salmueras agotadas e incluso residuos industriales asociados a procesos mineros. De hecho, me parece que esta debiera ser una de las líneas más activas de innovación en minería y el fomento de proyectos de economía circular. En operaciones antiguas, muchos relaves todavía contienen minerales portadores de litio, salmueras residuales u otros descartados por tecnologías antiguas menos eficientes.
En la práctica, lo relevante es que hoy, con nuevas tecnologías disponibles, material considerado “estéril” puede transformarse en recurso económicamente explotable y que aporte valor agregado a una actividad minera tradicional.
-También han planteado que aquí “no hay salares involucrados”. ¿Buscan instalar la idea de que este es un litio distinto al tradicional, tanto ambiental como regulatoriamente?
-Lo que es distinto es el proceso. Lo que nosotros buscamos y pretendemos es aplicar tecnologías de Extracción Directa de Litio (DLE) sobre los ripios, en lugar de utilizar piscinas de evaporación tradicionales, que es la forma habitualmente utilizada para obtener el litio.
La metodología que estamos desarrollando representa una reutilización de materiales, evitando la necesidad de nuevas exploraciones territoriales y convirtiendo pasivos ambientales en una fuente productiva, sin intervenir de manera alguna en un Salar. Nuestro proyecto se centra en la obtención y/o recuperación de litio sobre ripios, esto es, desechos sólidos resultantes de procesos mineros anteriores.
En síntesis, lo que buscamos instalar es que con imaginación, voluntad y capacidad de desarrollar nuevas tecnologías y procesos se puede crear una nueva forma de producción para mejorar la eficiencia y sostenibilidad.
-¿Cuánto litio estiman recuperar desde los ripios acumulados en El Águila y cuál sería la vida útil real del proyecto?
-Aún no estamos en condiciones de determinar esos aspectos, pero esperamos que en el corto plazo ya contemos con información detallada al respecto. Nos encontramos en fases de desarrollo y prueba de tecnologías.
-¿Cree que este proyecto podría transformarse en el primer caso relevante de “economía circular” aplicado al litio en Chile?
-Absolutamente. Me atrevería a decir que no solo en Chile, pero lo que me parece más relevante es que se trata de un punto de partida para que otras empresas de la industria exploren, aparte de los procesos convencionales, alternativas de desarrollos productivos sustentables y sin impactos ecosistémicos.
Sin duda es un proyecto único y muy innovador que ha despertado mucho interés de diversos actores del mercado del litio a nivel internacional. Creemos que eso es lo más positivo y destacable, ya que puede generar un estándar para que otras empresas mineras, tanto en Chile como en otros países, se atrevan a innovar y desarrollar proyectos similares.
-¿Qué opinión tiene de la Estrategia Nacional del Litio? ¿Ha facilitado o ralentizado iniciativas privadas de menor escala?
-Personalmente tengo una buena opinión, pues me parece que representa un esfuerzo genuino y serio de motivar la presentación de proyectos de exploración y explotación de litio en un país que tiene las mayores reservas productivas mundiales de este mineral.
No es posible que el potencial de Chile en esta materia se vea coartado por la burocracia o por la indefinición estatal respeto a la forma más adecuada de materializar el urgente desarrollo de esta industria. A mí juicio, la consagración del litio como un mineral estratégico no concesible representa un régimen pernicioso, añejo y mezquino que frena la inversión, genera incertidumbre y limita la capacidad de producción del país frente a sus competidores.
Basta mirar el ejemplo de Argentina y la fluidez que le ha dado al desarrollo de la industria del litio para darnos cuenta que estamos perdiendo tiempo y oportunidades que pueden no repetirse.
-¿Cuál es la conclusión entonces?
-En definitiva, aunque la Estrategia ha reflejado una cierta incapacidad del Estado para agilizar procedimientos, lo que ha provocado caídas en proyectos y retrasos en la inversión, ha representado un esfuerzo histórico que, a pesar de requerir mejoras, ha logrado que se materialicen algunos proyectos que debieran marcar la pauta del esperado protagonismo que debe, perentoria y urgentemente, tener Chile en la industria del litio.
-¿Cómo ve la permisología en Chile? ¿Considera que ha perjudicado el desarrollo de este proyecto?
-Es evidente que sectores estratégicos como minería, energía y construcción han reportado estancamientos, lo que, sin duda, representa una amenaza para el desarrollo y para las inversiones, retrasando proyectos por años. En este contexto, la falta de reglas claras y plazos fatales en los servicios públicos genera incertidumbre, lo que aleja a los inversionistas, ya que, por ejemplo, para algunos proyectos se necesitan más de 300 permisos, con demoras que a veces superan los 10 años, haciendo inviables muchas iniciativas.
En el caso concreto de nuestro proyecto, la solicitud del Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) la realizamos en diciembre del año 2023, a pesar de tratarse de una iniciativa única y pionera en la industria minera y en el ámbito de la economía circular. Eso es demostrativo y me parece que habla por sí solo.
-¿Qué le parece que el Gobierno haya puesto el foco en reducir la permisología en Chile?
-Me parece muy bien, siempre y cuando no se provoque una excesiva centralización de los permisos. El Gobierno debe evitar que la reducción de la permisología implique una disminución de oportunidades de las comunidades locales para participar en la evaluación de proyectos, la cual, a mi juicio, siempre es primordial.
Hay que recordar que tras la discusión legislativa, en julio de 2025 se despachó la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, cuyo objetivo es agilizar el otorgamiento de permisos sectoriales (no ambientales) para proyectos de inversión, reduciendo tiempos entre un 30% y un 70%. A ello, se ha sumado el impulso del Ejecutivode exigir a los organismos públicos emitir observaciones en un máximo de 15 días hábiles, resolviendo el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) si no hay respuesta, lo cual es, sin duda, positivo y necesario.
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