Luego de su aprobación en el Senado, todo parece indicar que, esta vez, que el intento de reformar el sistema previsional tendrá éxito y a buena hora. Después de casi 20 años desde que se convocó a la Comisión Marcel y 10 desde la Comisión Bravo, es imprescindible aprobar una reforma del sistema previsional chileno que corrija algunos de sus defectos más obvios.
El proyecto profundamente modificado del gobierno no es bueno ni completo, pero es lo suficientemente bueno como para concluir que sus beneficios serán mayores a sus costos y, detalle importante, a los costos de no hacer nada, tal vez, de nuevo, por muchos años.
Lo más importante es subir la tasa de cotización. Son 4,5 puntos los que van directamente a aumentar el ahorro y no 6,0 puntos, que habría sido preferible. Por mucho que el préstamo de 1,5 puntos de cotización aparezca en las cartolas de los cotizantes y que se devolverá al momento de la jubilación, es parecido a los bonos de reconocimiento, no formarán parte del ahorro nacional ya que se gastarán inmediatamente, aunque si contribuirán a mejorar las pensiones respecto de la situación actual y formarán parte del ahorro individual recién en ese momento.
Es cierto que una cotización de 10% durante 40 años genera una tasa de reemplazo más que razonable y, desde ese punto de vista, aumentar la cotización no sería necesario. El problema es que muy pocos cotizan sin lagunas y la baja en la rentabilidad de los fondos respecto de sus resultados históricos, especialmente los primeros 15 o 20 años del sistema, reducirá la tasa de reemplazo. Además, se necesita más ahorro para recuperar la farra de los retiros.
Generar más competencia para bajar las comisiones es una buena idea y la licitación de afiliados antiguos está bien, no así bajar, tal vez demasiado, los requisitos para ingresar al sistema a administrar los fondos para la jubilación. Crear el FAPP tampoco es buena idea, pero parece un costo inevitable del acuerdo.
Hay temas redistributivos complicados. Equiparar las pensiones de hombres y mujeres se entendería mejor si se equiparara la edad de jubilación y, por la forma de financiamiento de estas transferencias, puede producirse redistribución en la dirección equivocada. La cobertura de la PGU parece excesiva, no debería exceder el 70%, y reajustarla según la evolución de los salarios reales parece una garantía de que habrá problemas de financiamiento en el mediano plazo, temor que es bastante compartido, parece muy justificado y es un tema que sería bueno dejar resuelto antes de la aprobación del proyecto, aunque ojalá, sin comprometer su aprobación definitiva.
Entre los temas que seguirán pendientes el más importante es el de la informalidad laboral que se traduce en que cerca de un 30% de los trabajadores no tenga ahorros al final de su vida laboral o que estos sean muy bajos por haber cotizado durante muy pocos años. Este es un tema que difícilmente se abordará alguna vez, ya que requiere flexibilizar el mercado laboral, mientras nos seguimos moviendo en la dirección contraria. Otro tema políticamente complicado es la igualación de la edad de jubilación entre hombres y mujeres y, aunque no es obligatoria, subirla como referencia e indexarla a la esperanza de vida al momento de la jubilación parece conveniente y necesario. Un tema más fácil de abordar, por otro lado, es el cambiar el sistema de límites a las inversiones que realizan las AFP con los ahorros de los afiliados, que es demasiado rígido e impide aprovechar las posibilidades que da el mercado. Esto debería hacerse en conjunto con la migración de los multifondos a los fondos generacionales.
El problema que subsiste es el de financiamiento del componente estatal y la estabilidad de mediano plazo de las cuentas fiscales. Parece poco probable que la ley de cumplimiento fiscal recaude lo previsto por el gobierno (1,5% del PIB) y el crecimiento del gasto en la PGU no será financiable si la economía sigue creciendo menos de 2% al año como se proyecta. El paso siguiente, entonces, es buscar y alcanzar un acuerdo amplio que permita recuperar el crecimiento de la productividad y alcanzar tasas de expansión de la economía en torno al 4%. Parte de esto se puede lograr bajando y redistribuyendo la carga tributaria (bajar la tasa de primera categoría, reintegrar el sistema tributario y ampliar la base del impuesto de segunda categoría). Por supuesto, hacer más eficiente el gasto y eliminar el despilfarro es una parte importante del proceso de restablecer la solvencia fiscal, pero sé que estoy pidiendo demasiado.
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