El rechazo de expertos y gremios a la idea de Pardow de crear empresa eléctrica estatal (y el frente en el gobierno)

Aún no se ha repuesto el suministro eléctrico en su totalidad y Enel se encuentra bajo un ultimátum del gobierno para reponer en 72 el servicio a todos los afectados que queden. En paralelo, se mantiene la amenaza de avanzar en la revocación de la concesión de la compañía italiana. Ahora, el ministro Pardow puso sobre la mesa una nueva idea: que el Estado tenga participación en la distribución eléctrica por medio de una empresa pública. Para los especialistas y gremios la idea es muy difícil de ejecutar y se aleja de las urgencias que requiere el país. La ministra del MOP, Jessica López, se distanció del planteamiento de Pardow.

Qué observar. En medio de la crisis por los cortes de suministro eléctrico, donde el foco de las críticas ha estado en Enel y en la idea de quitarle la concesión a la empresa de capitales italianos, surgió desde el gobierno la posibilidad de que un porcentaje de la distribución de energía esté en manos del Estado.

• El ministro de Energía, Diego Pardow, señaló a La Tercera que “creo que la pregunta más atingente hoy es si no sería más seguro para la ciudadanía tener alguna parte de la distribución eléctrica bajo la figura de una empresa estatal”.
• Rápidamente surgieron críticas del sector privado y de la industria eléctrica, aunque también desde el propio gobierno.
• Este lunes, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, se distanció de la idea de Pardow.
• “El Estado tiene recursos limitados. Cuando uno mira las decenas de miles de millones de dólares que se han invertido y que se están invirtiendo en la industria eléctrica (…) uno dice ‘¿habría tenido el Estado la capacidad para hacer todas esas inversiones?’”, dijo en Radio Duna.
• La secretaria de Estado cree que es bastante complicado que estén los recursos para abordar una idea como esta.
• Aunque la idea de Pardow fue apoyada con matices por la ministra del Interior, Carolina Tohá. En una actividad del plan Calles sin Violencia, Tohá se mostró a favor de la apertura de la idea de una empresa eléctrica estatal, pero recalcó “que se pueden discutir muchos modelos, pero en este momento lo que hay que hacer es que el modelo que tenemos opere”.

Foco mal puesto para los expertos. El decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Claudio Seebach, afirma que “seguimos respondiendo la pregunta equivocada. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo mejoramos la calidad del suministro y cambiamos los incentivos para las empresas distribuidoras?”. El expresidente de Generadoras Eléctricas cree que la empresa eléctrica estatal va a tener que competir con recursos públicos con otras necesidades propias del Estado. “Y eso aumentaría el problema, más que mejorarlo”.

• Desde el punto de vista político “no tiene ni un poco de razonabilidad”, dice Eugenio Evans, profesor en derecho eléctrico y constitucional de la PUC. “Porque el Estado tiene urgencias muchísimo más determinantes e importantes que hacerse cargo de ejecutar directamente una concesión de distribución. Por ejemplo, si el Estado quisiera hacerse de los activos de Enel, tendría que haber una definición política para que se decidan gastar US$ 5.000 o US$ 7.000 millones. Lo cual es poco factible”.
• Para Daniela Gonzalez, abogada y directora de la Consultora Domo Legal, no es una medida fácil ni de rápida implementación, ya que para que ello fuera posible se necesita crear una empresa estatal o que alguna existente pueda desarrollar esta actividad, “lo que a mi juicio requiere de una ley de quorum calificado”.
• La abogada agrega que en ese caso, la Constitución señala que esa empresa debe jugar con las mismas reglas del juego que las empresas privadas que desarrollan la actividad, lo que lleva a la discusión de fondo y es que la propiedad estatal o privada de la concesionaria “no va a cambiar la calidad de servicio que reciben los usuarios si primero y como cuestión primordial no abordamos la reforma a la distribución”.
• “No hay atajos en esta camino, no hay soluciones mágicas, hay que hacer la pega que falta y es la reforma a la distribución”, finaliza.

Críticas de los gremios empresariales. Desde la Sofofa, su presidenta Rosario Navarro, considera que es fundamental abordar este tema con la seriedad y profundidad que requiere.

• “La distribución eléctrica es una industria esencial, altamente regulada por el Estado. Enfocar el debate en la estatización de esta industria puede ser precipitado y no aborda el real problema de fondo sobre la necesidad de modernizar la regulación de la distribución eléctrica, porque en manos privadas o estatales, este es un sector regulado y por lo tanto son las deficiencias en esa regulación las que deben concentrar nuestra atención”, comenta.
• El presidente de la CPC, Ricardo Mewes también se mostró en contra de la idea. “El Estado chileno y la falta de recursos que tiene, me parece que no veo que tenga cómo hacer las inversiones que se requieren para asumir una responsabilidad de esta naturaleza”, dijo a LT.