Crisis Eléctrica: Expertos consideran inviable la amenaza del gobierno de revocarle la concesión a Enel

En medio de la crisis que se ha generado por el corte de suministro eléctrico en algunas zonas de la Región Metropolitana, el Presidente Gabriel Boric endureció el tono e informó este miércoles que instruyó al ministro de Energía, Diego Pardow, a iniciar la revisión de la concesión de Enel para la distribución de energía. Según especialistas de la industria, la idea sería inviable y podría generar un desastre aún peor.

Panorama general. Si bien el suministro eléctrico se ha recuperado en algunas zonas, siguen habiendo miles de clientes que llevan seis días sin electricidad luego del sistema frontal del viernes pasado. En paralelo, la presión de las autoridades y los usuarios hacia Enel, principal distribuidora, continúa aumentando.

• Tras realizarse una nueva mesa técnica entre autoridades del gobierno y representantes de Enel para hacer un seguimiento de los compromisos acordados en la mañana de este martes por la empresa, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, cuestionó duramente a la compañía por no cumplir con el avance prometido en la reposición del servicio.

Acabar con la concesión de Enel. Este martes, el ministro de Energía, Diego Pardow, en conversación con Radio Pauta, aseguró que no se deben descartar medidas drásticas mientras la crisis continúa. “Es un evento que todavía está ocurriendo, y no sería razonable descartar opciones antes de que finalice”, indicó.

• El secretario de Estado destacó que la revocación de la concesión es una sanción contemplada para los casos más graves.
• El jefe de la bancada socialista, Daniel Melo, respaldó al gobierno y afirmó que la medida es necesaria ante los vicios en “no cumplimiento de los contratos, en la entrega de mantenimiento, y en la capacidad de prestar un servicio de calidad a cientos de miles de chilenos y chilenas”.

Boric endurece el tono. Este miércoles, desde La Moneda, el Presidente Boric anunció que encargó al ministro Pardow comenzar con la revisión de la concesión de Enel ante los “graves incumplimientos e inoperancia de la empresa”.

• El mandatario explicó que el término de la concesión “es un proceso tremendamente complejo, por eso le he pedido evaluar con todos los antecedentes sobre la mesa. Estas cuestiones hay que tomarlas con mucha responsabilidad, toma tiempo. Hablamos de un monopolio regulado, pero es posible, es difícil, y es lo que he pedido evaluar en virtud del comportamiento de las empresas”.
• El área de concesión de Enel abarca 2.105 km2, considerando 33 comunas de la Región Metropolitana.

Su factibilidad. El exconsejero del Coordinador Eléctrico Nacional y exjefe del Área Eléctrica de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Claudio Espinoza, ve que la idea es poco factible y casi imposible de ejecutar. Explica que “luego de que se le quita la concesión a Enel, alguien debe hacerse cargo de ella, y seguir atendiendo a los clientes. Sacar una compañía significa que esta va a dejar de operar, y quién va a ir al día siguiente al despacho de Renca, ¿el ministro?”.

• “En la industria del agua han habido situaciones graves y no se les quitó la concesión nunca, porque es muy complejo. No es solo sacar a los ejecutivos, están todas las redes eléctricas, las oficinas y otras instalaciones, que son parte de los activos de la empresa. Ahí habría un gran problema jurídico”, agregó Espinoza.
• La exsecretaria ejecutiva de la CNE y exministra de Defensa, Vivianne Blanlot, comenta que “las barreras para quitar realmente una concesión son enormes, por lo tanto, ese no es el remedio”.

El problema jurídico. El Profesor en derecho eléctrico y constitucional de la PUC y de la Finis Terrae, Eugenio Evans, asegura que todo lo que se refiere al tema de la caducidad de las concesiones en general, y la extinción de las concesiones, “es una regulación muy antigua que hoy día, sería absolutamente imposible de aplicar. Por lo pronto, la caducidad de las concesiones, la decreta el Presidente de la República y lo puede hacer tratándose de una concesión al servicio público, que se esté realizando de manera deficiente”.

• Pero afirma que “es impensable hoy día con la forma que se estructura la regulación, que una cosa como esa pudiera decretarse. Porque por lo pronto, ¿quién toma la concesión? ¿Quién se adjudica los activos? ¿Para qué empresa va a ser razonable adquirir esos activos con esta regulación que en términos generales, premia poco la resiliencia de las instalaciones de distribución”, comenta el abogado.
• El académico cree que son pocos los incentivos para que se involucren nuevas empresas. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, la idea no tendría mucho sentido.
• Desde el punto de vista estrictamente regulatorio, Evans cree que tampoco es factible, porque el proceso es lento. “No significa que el Estado va a tomar para sí el ejercicio de la concesión, sino que tienen que licitarse las normas para la distribuidora. Y si lo toma el Estado, es porque al final alguien tiene que prestar el servicio”.
• “Tiene que haber un liquidador. ¿Y quién te garantiza que eso objetivamente va a generar condiciones de mejoría en la calidad de servicios? Tampoco. Lo peor que puede terminar pasando con una decisión apresurada como esta, es que termina implicando que sea el Estado quien termine prestando el servicio, y eso sabemos que nos va a conducir a un desastre peor”, señala.
• Dada la antigüedad de la normativa en este tema, para el abogado, la idea de terminar la concesión de Enel es “absolutamente inviable”.

El rol de la SEC. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles debe atender los reclamos que se formulen por, entre o en contra de particulares, consumidores y propietarios de instalaciones eléctricas, de gas y de combustibles líquidos, en general.

• Sin embargo, la SEC no tiene competencias para tratar reclamos de índole comercial, contractual o medioambiental. Asimismo, no tiene facultades para fijar indemnizaciones, y en caso de ser procedentes, estas deben ser acordadas entre las partes.
• Si no se llega a un acuerdo, las personas involucradas pueden recurrir a organismos como el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) o a los Tribunales de Justicia.

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