La acusación del vuelo fantasma. La ministra Izkia Siches se refirió el 6 de abril a los vuelos de expulsión de extranjeros bajo la administración Piñera en la Cámara de Diputados, denunciando que se había ejecutado una expulsión judicial a un grupo de ciudadanos venezolanos y colombianos, condenados por tribunales chilenos, pero que todos los pasajeros habían regresado inexplicablemente a Chile. Siches tuvo que retractarse y pidió disculpas a su antecesor, Rodrigo Delgado.
El compromiso del Director de Migraciones. Ese mismo día, según consigna radio Cooperativa, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, indicó que “en torno al mes de mayo estaría saliendo el primer avión” con alrededor de 160 migrantes a bordo.
El segundo vuelo. El ex director del Servicio Nacional de Migraciones bajo Piñera 2, Álvaro Bellolio, denuncia que ese vuelo no se efectuó. “No expulsar a los extranjeros que cometen delitos o aquellos que ingresan clandestinamente por pasos no habilitados, como exige la ley, significa no hacerse cargo del impacto negativo que tienen en las comunidades nacionales y extranjeras esta sensación de impunidad”, dice.
El oficio que enviarán a la ministra. El que no haya salido en mayo el primer avión con órdenes de expulsión de migrantes, como afirma Bellolio, llegó a oídos de la senadora por la Región de Tarapacá, Luz Ebesperger (UDI). “Vemos con preocupación que el gobierno, pese a los anuncios, no ha concretado las expulsiones de ciudadanos extranjeros que han infringido nuestras normas, ya sea porque cometieron delitos o ingresaron clandestinamente a Chile”, dijo.
Por qué importa. Los gobiernos de Piñera y Boric han tenido fuertes enfrentamiento por la forma de gestionar la crisis migratoria en el país. El conflicto se arrastra desde la campaña y se agudizó a fines de abril, a partir de un cambio de la actual administración al reglamento que permite el ingreso de refugiados a Chile. Se trata de la eliminación del artículo 37, decretado bajo Piñera 2, que colocaba requisitos específicos para que se reconociera el derecho de refugio en Chile, como quienes “por fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas”.
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