El contrato con Sky. En el sexto acápite del contrato firmado por la aerolínea y la subsecretaría del Interior señala el motivo por el cual Piñera echó mano a esta herramienta: “El monto que irroga el presente contrato asciende a un monto máximo de $ 1.500.000.000 millones, incluido todos los impuestos que puedan corresponder para los 12 meses que dura el contrato. Dicha suma se pagará de manera mensual, por los vuelos efectivamente programados dentro del mes. Durante el período de vigencia del contrato, el contratista deberá realizar al menos 15 vuelos, cada uno de ellos con hasta 180 pasajeros”.
Los vuelos de la discordia. El Gobierno de Boric decidió no utilizar los 6 vuelos, lo que no implica que exista una pérdida de recursos para el Estado, ya que el contrato apuntaba a que se pagaría por cada uno de los fuera efectivamente realizado.
-¿Cuál fue el motivo por el cual no se quiso persistir con los vuelos ?
-Sí, se persiste con las expulsiones. Seguimos expulsando personas extranjeras en vuelos comerciales, o sea que expulsiones se siguen ejecutando independiente de ese contrato. Sky nos anunció cambio de condiciones y requerimientos que dificultan la gestión de las expulsiones (programación con 60 días, reajuste de tarifas etc.). Por el vencimiento de los plazos judiciales decidimos seguir avanzando con la materialización de expulsiones de forma individual. Es lo que estamos haciendo.
Una decisión controvertida. La definición del gobierno de Boric tiene una connotación distinta para algunas autoridades, como para el ex jefe del Servicio Nacional de Migraciones de Piñera 2, Álvaro Bellolio.
Ex ministro Delgado: “Hay motivos ideológicos”. El ex ministro del Interior señala que la decisión del gobierno de Boric se enmarca en “motivos ideológicos” que, a su juicio, han permeado otros ámbitos, como el Estado de Excepción en la Macrozona Sur.
Telón de fondo. Los gobiernos de Piñera y Boric han tenido fuertes enfrentamiento por la forma de gestionar la crisis migratoria en el país. El conflicto se arrastra desde la campaña y se agudizó a fines de abril, a partir de un cambio de la actual administración al reglamento que permite el ingreso de refugiados a Chile. Se trata de la eliminación del artículo 37, decretado bajo Piñera 2, que colocaba requisitos específicos para que se reconociera el derecho de refugio en Chile, como quienes “por fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas”.
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El 4 de abril, el exministro del Interior Rodrigo Delgado declaró como testigo sobre el nombramiento del exdirector de la PDI Sergio Muñoz, hoy en prisión preventiva. Aseguró no haber conversado con el abogado Luis Hermosilla temas relacionados con el nombramiento.