Ha sorprendido Sergio Micco, ex director del Instituto de Derechos Humanos, con sus verdades enunciadas a través de Twitter, cada una de las cuáles termina con el deseo de que nunca más ocurran las difíciles situaciones que denuncia.
Es interesante su performance tuitera y televisiva tras dejar la dirección del Instituto. Dice que está recuperando su libertad de expresión porque evidentemente antes debía hablar en nombre de la institución que dirigía. Tiene que saber que va a tener que navegar contra la corriente si desea llevar sus convicciones a un mínimo protagonismo público. Pero volvamos a sus verdades.
La primera de estas es que a partir del 18 de octubre se cometieron las más graves y extendidas violaciones a los derechos humanos en democracia. Esta es un planteamiento que ya el INDH había enunciado y diversos organismos internacionales han refrendado. Agrava esta situación, su segunda verdad, también compartida por el directorio del INDH, esto es el hecho que el Estado ha sido incapaz de juzgar y sancionar, además de reparar a las víctimas, con lo que “estamos más cerca de la impunidad que de la verdad y la justicia”.
La tercera idea es que la violaciones a los derechos humanos no fueron siniestramente planificadas desde el poder ejecutivo, sino que fueron producto de las malas prácticas de carabineros que enfrentó la violencia del estallido social sin los protocolos ni los medios propios o adecuados en una democracia. En razón de eso, tras el estallido social se inició un proceso de reforma de carabineros y de los protocolos para el uso de la fuerza y el control del orden público.
No obstante, no dejó de funcionar la institucionalidad de protección de los DDHH, entre los que se encuentra el INDH, el ministerio público y los tribunales, además obviamente de la prensa que no se cansó de denunciar los hechos haciendo uso de la libertad de expresión y de prensa. De hecho, tampoco el gobierno negó que hubo graves violaciones a los DDHH admitiendo las conclusiones de organismos internacionales y del propio Instituto.
Otra de estas verdades, ya más polémica, es que se atentó gravemente contra la autonomía del INDH a través de amenazas a su director, de paros de los funcionarios y -como evento culminante- de una toma de su sede que se extendió por 8 meses pretendiendo que el INDH declarara que en Chile habría presos políticos y que las violaciones a los DDHH fueron sistemáticas.
Es decir, más allá del contenido de los pronunciamientos que los ocupantes de la sede del Instituto buscaban obtener, actuaron para forzar por la vía de los hechos al INDH para que cambiara su diagnóstico de lo que ocurre en el país. Estas presiones inéditas fueron respaldadas o “comprendidas” por parte del Directorio y por organizaciones que insisten en caracterizar injustamente la situación de la democracia y de los DDHH en Chile como muy fallida o francamente fracasada.
Lo que es claro es que producto de estas presiones y diferencias internas, agravadas en los últimos meses por la ausencia de interlocución con el gobierno, el INDH llegó a una situación crítica, al punto de destituir a su director ejecutivo a días del término de su mandato y que la Convención Constitucional propone hacerlo desaparecer reemplazándolo por una Defensoría del Pueblo “cuya composición, funcionamiento y atribuciones serán determinadas por la ley”, como reza el proyecto constitucional en su artículo 125.
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