-¿Qué está ocurriendo con el proyecto de ampliación del puerto de San Antonio?
-El puerto de gran escala en San Antonio todavía no inicia su construcción porque no están los permisos ambientales. Hay grupos ambientales que se están oponiendo y que plantean que se verían afectados unos humedales. Al proyecto se le han hecho 1.000 observaciones y con mucho detalle. Este es un problema que tiene el sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile, que se llenan de observaciones las iniciativas y los temas centrales no son abordados y se pierden.
-¿Y Valparaíso?
-La que está suspendida indefinidamente es la ampliación de un terminal de Valparaíso. Es una concesión que se licitó y que como no se obtuvieron finalmente todos los permisos, la concesionaria abandonó el proyecto. Y este lugar obviamente no estará disponible para resolver el aumento de demanda que ocurre principalmente con los contenedores. Además está el alza del comercio, que sucede con el crecimiento económico de los países.
-¿Cómo contribuye el desarrollo de infraestructura portuaria en el desempeño del país?
-Es extraordinariamente relevante. En los costos del transporte marítimo. Cuando se producen problemas por congestión portuaria, es decir tiempos de espera de los barcos, eso afecta directamente los precios que cobran las empresas navieras. Incluso, hay un punto en que los destinos pueden dejar de servir.
-¿Cuál es el diagnóstico hoy?
-En el tema portuario de la zona central estamos absolutamente contra el tiempo y ojalá los actores resuelvan lo más rápido posible estas dificultades y puedan impulsar este proyecto que es indispensable para el desarrollo de la macrozona central del país. En la próxima década con seguridad va a haber un colapso logístico. Según los estudios y simulaciones, se espera que sea en 2035 pero podría ser antes. Esto significa congestión y que se van a afectar los flujos marítimos y los costos para Chile. Y a este problema no se le ha dado la atención necesaria.
El llamado acá es que hay que volver a hacer los estudios de tráfico, tener claridad de lo que vamos a enfrentar y de los costos que implica para la economía chilena y para la sociedad. Y tomar las decisiones que compatibilizan adecuadamente las necesidades de crecimiento económico.
-Perú ya está avanzando en un mega puerto. En este sentido ¿Cómo se vería afectada la competencia con ellos?
-Hay una cierta competencia en lo que se llama hinterland, que es el área de influencia que puede tener un puerto. Y Perú está desarrollando un gran puerto no solo para la zona del entorno de Lima, sino que también hacia Bolivia y otros lugares. Y algunos le dan mucha importancia a esto, quedarse atrás en el cono sur latinoamericano en términos de tener la mejor infraestructura para atraer barcos. Y también para generar rutas marítimas verdes, probablemente con derivados de hidrógeno verde, que es un tema que viene a futuro.
-¿Qué solución ve para el tema de la “permisología”?
-Hay que reformar y cambiar el sistema de aprobación ambiental. Hay algunos temas que son muy importantes que ayudarían y que ha habido acuerdos en ese sentido. Por ejemplo, esquemas de participación temprana, que sean parte del proceso de evaluación ambiental. Hoy día es voluntario y no está normado, no es parte del proceso.
Desde la Corfo, entre 2014 y 2018, iniciamos un programa estratégico que se llamaba “valor minero” y se trataba de pilotear nuevas formas de abordar el tema de relación con las comunidades. Y se generaban pilotos en que se hacía participación temprana, y eso permitía de alguna manera que los ejecutores de los proyectos pudieran recoger muy tempranamente inquietudes de las comunidades, lo cual se podía resolver fácilmente, porque todavía no se había avanzado en las ingenierías de detalle. Por ejemplo, en Suiza la participación temprana redujo significativamente la judicialización de los proyectos.
-Mucho se ha hablado de que debería desaparecer el Comité de Ministros…
-No tiene mucho sentido tener una instancia política. El nivel de decisión respecto a los temas ambientales está muy regido por las normas y estándares. Tiene que ser un proceso técnico y no político.
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