Felipe Sánchez Pérez, representante legal y único socio conocido de San Valentino —sociedad que vendió por más de $8.200 millones la ex clínica Sierra Bella a la Municipalidad de Santiago, tras haberla comprado en $2.200 millones—, ingresó este viernes un escrito a Contraloría a través de sus abogados. En el documento cuestionó que el organismo ordenara a la municipalidad suspender la compra “faltando solo la formalidad relativa a su debida inscripción en el Conservador de Bienes Raíces”, ya que “el contrato de compraventa se encuentra perfecto”. Advirtió que, ya que se abrió una causa penal, el organismo deberá “abstenerse de emitir cualquier pronunciamiento”.
Qué observar. El abogado Felipe Sánchez Pérez —representante legal y único socio conocido de la sociedad San Valentino— se refirió este viernes, por primera vez, a la suspendida venta de la ex clínica Sierra Bella a la Municipalidad de Santiago.
- En un escrito de 4 páginas ingresado a Contraloría por el abogado Eduardo Arévalo, director jurídico de problemas.cl, Felipe Sánchez defendió la legalidad de la transacción aprobada el 18 de enero por el concejo municipal, el precio alcanzado con el municipio y acusó presuntas motivaciones políticas de los concejales que han recurrido a Contraloría para impugnar la compra.
- Contraloría suspendió el 2 de febrero la compraventa impulsada por la alcaldesa Irací Hassler (PC) mientras resuelve una serie de interrogantes sobre la transacción.
- El organismo indaga por qué la municipalidad buscaba pagar más de $8.200 millones a la Sociedad San Valentino, que había comprado por $2.200 millones la ex clínica ($2.080 millones por la propiedad de calle Sierra Bella y casi $120 millones por la de Ventura Lavalle), cuyo avalúo fiscal es de $1.940 millones, y que se había ofrecido en portales públicos a $3.347 millones, según acusan las sucesivas presentaciones hechas al contralor.
- San Valentino compró a su vez la propiedad a la Sociedad Médica Sierra Bella, que enfrenta distintas causas en tribunales.
- Los concejales que han recurrido al organismo son Rosario Carvajal (ex aliada de Hassler) y los concejales de Chile Vamos Juan Mena y Santiago Mekis.
- En el documento ingresado este viernes, Felipe Sánchez también cuestionó la instrucción de Contraloría de congelar la compraventa, ya que no sólo alcanza a la municipalidad —que como organismo público son regulados por la entidad—, sino que a ellos como privados, lo que afectaría su derecho de propiedad garantizado en la constitución, dijo.
- Se refirió además a la apertura de una investigación penal en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte tras la presentación de 2 querellas, diciendo que tendrá consecuencias. “Genera el indeseado efecto de obligar a este Órgano a inhibirse y abstenerse de emitir cualquier pronunciamiento por cuanto el ejercicio de la jurisdicción respectiva ha sido encomendado a un tribunal”, escribió.
La defensa hacia Hassler. “Comparezco respetuosamente ante usted como autoridad pública, conforme me lo garantiza el artículo 19 N°14 de la Constitución Política de la República, esto, con el objeto de colaborar de manera decidida y eficaz, a su función fiscalizadora”, escribió en el texto al que tuvo acceso este medio.
- “Ejerzo esta garantía constitucional, pues no podemos mantenernos silentes frente a un uso injusto, violento, sin fundamento jurídico o técnico de mínima seriedad por parte de concejales, y terceros que con gran resonancia mediática han ensuciado un proceso realizado conforme a la normativa administrativa y legal vigente, quienes pese a contar con los elementos fidedignos, persisten de manera contumaz en emporcar la gestión y decisión de la alcaldesa Hassler, en lo que parece más un ataque político directo, que un cuestionamiento técnico que revista la más mínima seriedad para ello”.
La cronología. Sánchez afirmó que la sociedad San Valentino fue constituida en febrero de 2022, compró la exclínica a la Sociedad Médica Sierra Bella en abril del año pasado y el Conservador de Bienes Raíces la inscribió el 16 de diciembre de 2022, pero que el negocio se venía fraguando desde poco después del 18-O.
- “Se ha querido instalar un sinnúmero de teorías de fraude y temporalidades que no se sustentan en lo más mínimo”, dijo.
- “Nuestra compraventa con el propietario anterior es fruto de una negociación iniciada por la Sociedad Medictest en diciembre el año 2019, parte del grupo de empresas familiar, como consta de documento notariado de fecha 19 de diciembre 2019”.
- “El referido proceso de negociación concluye finalmente con la suscripción de escritura pública de promesa de compraventa con fecha 02 de febrero de 2022”. Esa promesa, escribió, la suscribió como persona natural.
- “Finalmente, con fecha 22 de febrero 2022, se constituye la sociedad Inmobiliaria San Valentino SpA, que es la persona jurídica de derecho privado que materializa la promesa”.
- Las propiedades “fueron compradas y pagadas mediante vale vista e instrucciones, por Inmobiliaria San Valentino SpA, con fecha 14 abril de 2022, para luego de tres escrituras rectificatorias, fuera finalmente inscrita por el señor Conservador de Bienes Raíces de Santiago con fecha 16.12.2022”.
La eventual sobreprecio. Felipe Sánchez también se refirió al eventual vicio de lesión enorme originado en la diferencia de precio entre el avalúo fiscal y el precio de compra, por una parte, y el valor de venta a la municipalidad. Esta situación fue observada por el Conservador en su informe enviado a Contraloría.
- “El precio pactado entre las partes no es aleatorio ni antojadizo; si no que nace de la valorización del establecimiento de salud reflejada en tasaciones de profesionales con la experiencia debida”, escribió. Esta misma línea de defensa ha usado la alcaldesa Hassler.
- “En cuanto a esta operación, que ya se encuentra debidamente suscrita y reducida a escritura pública, faltando solo la formalidad relativa a su debida inscripción en el Conservador, sería un error, despropósito, e inclusive un error de carácter ignaro, tomar el costo de adquisición del inmueble como un antecedente vinculante para determinar el valor del establecimiento de salud; en condiciones que el precio determinado por las partes se sustenta en un procedimiento de tasación realizada por ambas partes”.
Critica a Contraloría por la suspensión. “El oficio E 306691/2023 en el que este órgano contralor ordena a la Ilustre Municipalidad de Santiago inhibirse de realizar actos tendientes a concretar esta operación, si bien es vinculante y obligatorio para ésta en su carácter de organismo público, no es vinculante para nosotros como privado, y sin embargo inmoviliza directamente a nuestro cocontratante, siendo al menos discutible la facultad del órgano de control para ello”.
- “Esta instrucción es extemporánea y errónea por cuanto confunde el título con el modo; la instrucción señala no realizar actos tendientes a concretar la compra venta respectiva por cuanto este contrato se encuentra hoy perfecto y suscrito entre las partes (siendo el título); faltando solo la realización de la tradición para la efectiva transferencia del dominio”.
- “Es ineficaz y extemporánea por cuanto el contrato de compraventa se encuentra perfecto”, escribió. “Constituye un acto de la Administración Pública que atenta contra nuestro derecho de propiedad”.
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