Diciembre 30, 2024

Dominga: El intento del gobierno de traspasar decisión clave a Contraloría para dilatar el proyecto

Vicente Browne R.
De izquierda a derecha, los ministros M. Rojas (Medio Ambiente), N. Grau (Economía), D. Pardow (Energía), X. Aguilera (Salud), A. Williams (Minería) y E. Valenzuela (Agricultura).

El intento del gobierno de traspasar la responsabilidad a Contraloría de definir quienes integrarán el Comité de Ministros que tomará la decisión final sobre el proyecto Dominga entró en un virtual callejón sin salida, aseguraron a Ex-Ante fuentes cercanas al caso. La fecha máxima del gobierno para pronunciarse es este martes, por lo cual necesita una definición del ente contralor en ese plazo. Como sea, lo que busca La Moneda es evitar o dilatar al máximo la nueva votación ordenada por el tribunal ambiental al Comité.


Panorama general. Este martes finaliza el plazo que tiene el Comité de Ministros para volver a votar el proyecto minero Dominga. Sin embargo, aún no se sabe quién conformará y presidirá la instancia ambiental. La razón: La Moneda traspasó a Contraloría esa responsabilidad, pero los plazos impiden que eso ocurra.

  • El fallo del 9 de diciembre del Primer Tribunal Ambiental —que anuló el rechazo de los secretarios de Estado de enero de 2023— argumentó que el Comité transgredió el principio de imparcialidad en su votación contra el proyecto, y se ordenó repetirla.
  • Luego surgieron voces que pidieron la inhabilitación de la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien emitió pronunciamientos y declaraciones “previamente en contra del proyecto”, según señaló el tribunal.
  • El lunes pasado, el Comité de Ministros anunció la inhabilitación de sus integrantes para la nueva votación sobre el proyecto. Eso porque ya emitieron sus votos en la sesión de enero de 2023.
  • Adicionalmente, el Comité acordó solicitar un pronunciamiento a la Contraloría General de la República (CGR) para aclarar tanto la conformación como la presidencia del nuevo Comité de Ministros que deberá resolver sobre el proyecto Dominga.
  • La decisión del gobierno de trasladar la responsabilidad a Contraloría ha sido interpretada como una forma de esquivar un nuevo pronunciamiento y dilatar al máximo su judicialización.

Contraloría no llegará. “Mañana vence el plazo, pero existiendo imposibilidad de los ministros de sesionar, porque están todos inhabilitados, es fundamental tener la respuesta de la Contraloría para poder ver cómo proceder en el fondo”, dijo este lunes a CNN Radio, la ministra de Ciencias y vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry.

  • Pero en el gobierno saben que se da por hecho que Contraloría no llegará con los nombres antes de la votación. Lo más probable es que el ente contralor manifieste que no puede cumplir el exiguo plazo que le dio La Moneda para adoptar una decisión.
  • Recién el jueves pasado el gobierno ingresó la consulta y el viernes la división jurídica de la Contraloría empezó a revisar el tema.

Las últimas cartas del gobierno. La estrategia del gobierno ha sido tratar de suspender los efectos del fallo del tribunal ambiental que obliga a sesionar a más tardar mañana. El viernes, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ingresó un recurso de reposición a la solicitud con la que busca suspender los efectos del dictamen.

  • Pero antes, el gobierno —por medio del SEA— intentó dejar en pausa el cumplimiento del fallo mientras se tramita el recurso de casación en la Corte Suprema. Pero el tribunal le dio un portazo en tan solo unas horas.
  • El Primer Tribunal Ambiental desechó los argumentos para suspender la implementación del fallo y quedar a la espera de la decisión de la Corte Suprema.
  • El tribunal conminó al Comité de Ministros a aprobar la iniciativa, con lo que se le daría luz verde al avance de la construcción de Dominga.

La ofensiva de Andes Iron. Andes Iron —que impulsa el proyecto— también hizo lo suyo. Sus abogados solicitaron rechazar el recurso de reposición interpuesto por el SEA. En su escrito, afirman que la solicitud resulta “improcedente” y que los escenarios planteados por el organismo ambiental “solo intentan confundir”.

Los que se barajan como reemplazantes. Son varias las teorías que se manejan respecto a los escogidos para reemplazar a los seis ministros que se inhabilitaron tras el fallo del tribunal ambiental. Pero los nuevos integrantes ya deberían estar definidos, según abogados expertos en la materia.

  • La exsubcontralora Patricia Arriagada dijo a El Mercurio que “cuando se trata de subrogación para cualquier tipo de función en la administración, procede el orden de subrogación. En el caso de los ministros, siguen los subsecretarios”.
  • En todo caso, tres subsecretarios han emitido opiniones contrarias al proyecto. Entre ellos están Maximiliano Proaño, de Medio Ambiente, Ignacia Fernández de Agricultura y Javiera Petersen, de Economía.

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