– El empleo público creció un 60,9% en la última década. ¿Cree que este aumento es proporcional al crecimiento de la fuerza laboral en Chile durante el mismo período?
-Definitivamente no. La población en edad de trabajar se incrementó en 15,6% en el mismo período. Entonces, se trata de un aumento que debe ser justificado.
Ahora bien, el 60,9% se refiere al crecimiento del empleo de la Administración Central del Estado, que es donde más se ha dado dicho incremento. Si tomamos a los asalariados del sector público medidos en las encuestas del INE, el aumento ha sido de casi 34%, mostrando que el fuerte crecimiento también se ha dado en la administración descentralizada del Estado.
– ¿Cómo se compara el ritmo de crecimiento del empleo público con el del empleo privado? ¿Es sostenible este nivel de expansión?
-Si consideramos a los trabajadores asalariados privados, en la última década han tenido un aumento de 11%. Es decir, el total del empleo público ha crecido más del triple que el empleo privado, y el que ha liderado el crecimiento es la administración central del Estado, donde el crecimiento supera el 60%.
-¿Qué tan viable es, desde una perspectiva fiscal, mantener un crecimiento constante en el empleo público al ritmo actual?
-Las restricciones que plantea la situación fiscal actual permiten decir que este crecimiento no es sostenible. Especialmente diría el crecimiento en el empleo público total incluyendo la administración descentralizada.
-¿Qué efectos considera que tendrá el cambio de criterio de la Contraloría sobre la estabilidad de los trabajadores a contrata en el sector público?
-No soy un especialista en temas administrativos evidentemente, pero esta resolución me parece positiva. Actualmente, los trabajadores a contrata son 274 mil personas, más de la mitad de todos los trabajadores del Gobierno Central. La productividad del sector público debe incrementarse, y no se puede dar por garantizado que el nivel actual del empleo público es el correcto. El criterio puede cambiar la inercia de que nadie sale del sector público y puede ayudar a hacer una mejor gestión, lo que es fundamental para aumentar la eficiencia del sector público.
-¿Qué riesgos ve en trasladar las reclamaciones laborales del sector público a los tribunales?
-Espero que esta medida entregue mayor flexibilidad en el empleo público y que los tribunales ratifiquen el carácter transitorio de dichos empleos a contrata.
-¿Cómo se puede garantizar la sostenibilidad del empleo público en Chile en un contexto de restricciones fiscales y cambios en la normativa?
-Lo que verdaderamente se requiere es poner al centro de la discusión la eficiencia del sector público como un elemento gatillador del crecimiento económico. Lo que se ha denominado como ‘permisología’ es solo una de múltiples ineficiencias y problemas del Estado que son un lastre para el desarrollo.
La mayor eficiencia, que requiere un mejoramiento en los servicios que entrega el Estado diariamente, tiene un fuerte impacto en la calidad de vida de las personas. En ese contexto, esperaría que las nuevas tecnologías jueguen un papel importante y que se reflexione, tal como se discute en el sector privado, sobre el impacto esperado en el empleo público.
El mensaje no solo de la Contraloría sino también del poder ejecutivo y legislativo debería apuntar a una mayor productividad y a mejorar la calidad de los servicios para las personas, empresas e inversionistas en el país. Funcionarios públicos que se jactan de hacer todo más lento, como ha ocurrido recientemente con la DGAC o anteriormente otros servicios, generan un costo para el resto del país y requieren medidas concretas y no solo mirar desde la tribuna.
El énfasis en la mayor eficiencia en el sector público es lo que permitiría la sostenibilidad del empleo público hacia adelante.
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