En marzo de este año la fiscal jefa de Valdivia Tatiana Esquivel abrió una investigación por presunto cohecho a raíz de una denuncia presentada por el Servicio de Migraciones de Los Ríos, luego de que una migrante denunciara que una funcionara pedía dinero para acelerar los papeles para obtener la calidad de refugiado. En este marco es que se allanó en junio la oficina regional. El caso se suma a otros 2, en otras reparticiones: la detención en diciembre de una encargada de un albergue en el complejo de Colchane por presunto tráfico de migrantes y a una presunta red de la PDI que recibía obsequios para apurar papeles en Antofagasta. Estas situaciones ocurren mientras el gobierno avanza en un proceso de empadronamiento de extranjeros que entraron irregularmente.
Qué observar. En junio de este año personal de la Policía de Investigaciones (PDI) allanó las oficinas de Valdivia del Servicio de Migraciones, en el marco de la investigación por presunto cohecho que desarrolla la fiscalía desde marzo.
- La fiscal jefe de Valdivia Tatiana Esquivel abrió la indagación —que tiene carácter de reservada— a raíz de una denuncia presentada por el Servicio de Migraciones de Los Ríos, luego de que una migrante denunciara que una funcionara pedía dinero para acelerar los papeles para obtener la calidad de refugiado.
- La fiscalía encargó las diligencias a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, con el propósito de determinar el alcance de la denuncia y el número de personas involucradas.
- En este marco es que la fiscalía ha solicitado órdenes de entrada y registro al tribunal, confirmaron en el Ministerio Público. Los policías incautaron en junio el computador usado por la funcionaria denunciada.
- Migraciones suspendió en junio a la funcionaria denunciada, tras abrir en abrir en abril un sumario administrativo, detalló Radio Biobío.
- El caso del Servicio de Migraciones de Valdivia se suma a la detención en diciembre de 2022 de una funcionaria pública (aunque no de Migraciones) en el complejo fronterizo de Colchane, en la Región de Tarapacá, por presunto tráfico reiterado de migrantes. Se trataba de Denisse Gallegos, excandidata a diputada del Partido de la Gente, quien, de acuerdo con la fiscalía, “habría facilitado el ingreso de migrantes ilegales al país, aprovechándose de su cargo como encargada de un albergue”. Quedó en prisión preventiva.
- En junio de este año Radio Biobío reveló la existencia de una presunta red de funcionarios del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Antofagasta que recibían obsequios para acelerar la tramitación de documentos. La PDI dio de baja a 4 funcionarios.
- Estos casos se conocen en medio de la campaña de La Moneda para empadronar a extranjeros que entraron irregularmente al país, lo que desde la oposición ha sido criticado como un primer paso para un “perdonazo”.
“El problema es la señal”. Álvaro Bellolio, ex director de Migraciones del expresidente Sebastián Piñera, sostuvo que “el caso de cohecho se suma a los casos de los dos funcionarios arrestados por traficar migrante en Tarapacá, la designación como director regional de un abogado que buscó impedir la expulsión de una narco condenada por traficar 1.600 kilos de droga, entre otros”.
- “En el caso de Los Ríos, el problema es la señal, ya que la primera acción de la administración Boric fue eliminar la revisión de la pertinencia de la solicitud de refugio antes de darles una visa por 8 meses, lo que hoy funciona como un camino a la regularización rápida”.
- “De hecho, hay abogados y tramitadores que cobran $500 mil por una solicitud de refugio, cuando es evidente que no hay una necesidad de protección, sino solo dar una visa por haber ingresado ilegalmente. Eso sí, el Ejecutivo se ha comprometido en el Senado, hace muchos meses, a retroceder en esa medida”.
- “Con el empadronamiento, se confirma lo que se comentó transversalmente, que era el primer paso para un perdonazo, ellos lo llaman ‘regularización condicionada’ pero es evidente que es priorizar a clandestinos, y darles visa aun cuando entraron a Chile de forma ilegal”.
- “Se ve las malas prácticas de funcionarios en esta administración de traficar personas y lucrar con la necesidad de visa, que es coherente con la lógica activista de que todo extranjero que quiera entrar a nuestro país, lo pueda hacer, y que no existirá una sanción ni expulsar a quien no cumple con la norma. Al priorizar a los ingresos clandestinos y ofrecerles perdonazos, las irregularidades ideológicas cada vez serán más evidentes”.
Panorama general. En su cuenta pública del 1 de junio el Presidente Gabriel Boric incluyó una mención al empadronamiento biométrico de los más de 140 mil extranjeros irregulares que el gobierno estimaba había en Chile.
- “Respecto a la migración irregular, en 11 días más comenzará un proceso de empadronamiento biométrico de personas en esta situación”, dijo en su cuenta pública. “Esto permitirá conocer las identidades y antecedentes penales de quienes ya ingresaron al país”.
- El plan —para el que se destinaron $2.800 millones— estaba contenido en la resolución del 31 de mayo de Migraciones, que estableció que los extranjeros irregulares que se auto acusaron podrían inscribirse ese mes, para que se registraran sus huellas, fotografía y dirección.
- También dio la posibilidad de que extranjeros que eludieron todos los controles se autodenunciaran ante la Policía de Investigaciones (PDI), abriendo la interrogante de por qué lo harían quienes tengan antecedentes, si existe el riesgo de que sean expulsados.
- El plan sobrepasó la cifra de extranjeros irregulares que el gobierno estimaba había en el país: este mes superó los 190 mil inscritos.
- El empadronamiento está programado que se extienda hasta octubre, tras lo cual seguirá un proceso de regularización con condiciones.
- El director del servicio nacional del Servicio de Migraciones Luis Eduardo Thayer dijo el 10 de julio a La Tercera que “habrá requisitos: estar inserto en la economía formal o tener vínculos familiares en el país. Además, será una regularización condicionada, porque probablemente va a ser una residencia temporal”.
- Thayer ha enfrentado varias controversias en su gestión. Entre éstas, la firma de la resolución exenta 39.798 del 28 de abril de 2022, que limitó las reconducciones a Bolivia solo a los ciudadanos bolivianos, dejando fuera a los ciudadanos de otros países como Colombia y Venezuela. Esto eliminó un mecanismo de presión al país vecino, que no aceptaba de vuelta a personas que hubieran ingresado desde Bolivia a Chile sin papeles.
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