El panorama que enfrenta el país para los próximos años no parece particularmente auspicioso. A un escenario externo complicado por la reactivación del conflicto entre Irán y Estados Unidos y la destrucción del orden global vigente desde el final de la segunda guerra mundial, que obliga a Chile a administrar sus relaciones internacionales de una manera mucho más cuidadosa que en el pasado, se agrega una situación interna, política y económica, que se ha deteriorado y polarizado significativamente en los últimos años respondiendo, en parte, a tendencias internacionales.
Respecto del tema económico abordaremos en esta columna tres aspectos que me parecen los más relevantes, que son bastante obvios por lo demás: uno es la situación fiscal, el segundo es el estancamiento económico actual y, por último, la Ley de Reconstrucción (LdeR).
En cuanto al aspecto fiscal, la reciente publicación del Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre (IFP2-26) no ha hecho más que ratificar el escenario de estrechez fiscal y que el sello que caracterizará, o debería caracterizar, la política fiscal por muchos años en el futuro es la austeridad. Esto es así porque, incluso en el escenario más optimista la deuda pública superará el 40% del PIB en 2030 y no parece una apuesta muy riesgosa postular que probablemente esté por sobre el límite prudencial de 45%.
A lo anterior hay que agregar parte del ajuste para impedir que el escenario fiscal sea aún peor ha sido recortar la inversión pública que ha declinado sostenidamente en la última década y que parte del deterioro fiscal se oculta a través del endeudamiento de las empresas públicas, especialmente CODELCO, para entregar utilidades al Fisco que financian parte de su gasto.
El escenario 2027-30 requiere, en el escenario base, que el gasto sea inferior al ya comprometido en todo el período y crezca, en promedio 0,9% anual en todo el período para cumplir con la meta de Balance Cíclicamente Ajustado (BCA) establecida por el gobierno. La deuda pública bruta superaría el 45% del PIB desde 2029 en este escenario. Si se considera el efecto de la LdeR, no obstante que la economía crecería, en promedio, un punto más por año en 2027-30 que en el escenario base, el déficit sería mayor, pero la deuda bruta sería algo inferior como porcentaje del PIB en 2030 (41%-44% vs 44%-46% en el escenario base).
Es decir, en cualquier caso, el panorama fiscal hasta 2030 (y después, naturalmente) será muy complicado. Es cierto que, en todas estas estimaciones, se supone que el precio de tendencia del cobre se mantiene en US$4,38 que es el nivel definido el año pasado por el comité de expertos y, todo indica, que, este año, será subido a un nivel del orden de US$1 más arriba, lo que permitirá mejorar el BCA sin tanto esfuerzo, pero el déficit efectivo y, por lo tanto, la trayectoria de la deuda pública no debería variar respecto de lo estimado en el IFP2-26.
En lo referente a la actividad económica, aunque el énfasis está puesto en los cinco meses consecutivos de baja en el IMACEC durante este año y en la intrascendente discusión de si habrá o no recesión técnica en la primera mitad del año (como si ello cambiara algo las cosas), lo cierto es que la economía está estancada desde el tercer trimestre del año pasado.
En los últimos cuatro trimestres, incluyendo el segundo de este año, cualquier sea el resultado del IMACEC de junio, el crecimiento acumulado es prácticamente cero. Si bien es llamativo el retroceso de la inversión y de las exportaciones en el primer trimestre de este año, antes fue el consumo, los inventarios y las exportaciones y en el segundo trimestre de este año se repetirá el mal resultado de la inversión y, seguramente, el consumo.
Hay factores estadísticos y económicos que permiten anticipar una recuperación en el segundo semestre, pero es muy difícil que el año supere una expansión de 1,3% y, tal vez, no exceda el 1,0%. Por los mismos factores, y alguna ayuda de la LdeR, el crecimiento del próximo año puede llegar a 3,5% (no lejos del 3,7% en el escenario alternativo del IFP2-26), pero como algo circunstancial.
En 2028-30 el crecimiento puede llegar al 3,2% promedio del escenario alternativo del IFP2-26, pero hay que reconocer que sería un resultado bastante extraordinario con la población creciendo menos de 0,5% al año, es decir, en términos per cápita, muy por sobre el observado desde 2013 (2,8% vs 1,1%).
Finalmente, sobre la LdeR. Toda la discusión parlamentaria se ha centrado en los ajustes tributarios, que tienen una carga ideológica elevada, y poco en las modificaciones a las trabas que afectan a la inversión (permisología) que, potencialmente, son mucho más importantes para reducir los costos de invertir y la incertidumbre asociada a estos trámites. La rebaja del impuesto de primera categoría y la reintegración del sistema tributario están bien, pero difícilmente tendrán un gran impacto sobre la inversión.
La invariabilidad tributaria quedó mucho mejor con las modificaciones hechas en el Senado, pero no está claro que sea muy determinante y la rebaja del IVA a la vivienda es insuficiente para impulsar la recuperación del sector. Las demás medidas tributarias son entre irrelevantes (recaudan poco y solo la adelantan) o son innecesarias (contribuciones) y no tienen efecto en la reactivación. La pérdida neta de ingresos fiscales, en el escenario descrito en la primera parte de esta columna, es un defecto importante del proyecto y responde a una visión ideológica de reducción del tamaño del Estado. Por último, las expectativas que se han generado sobre un rápido y significativo impacto de la LdeR sobre la inversión y el crecimiento parecen claramente exagerados.
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