La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos marca un profundo quiebre en la historia reciente de América Latina. No es solo el final abrupto de un régimen autoritario, sino la confirmación de que, cuando la diplomacia no funciona, las grandes potencias vuelven a hacer aquello que muchos preferían creer superado: imponer su poder mediante el uso de la fuerza saltándose el derecho internacional. El sismo político ya ocurrió en Venezuela. Lo inquietante es que, como suele suceder tras los grandes terremotos, los mayores efectos aún podrían no haber ocurrido.
Desde el ángulo económico, el saldo del régimen de Maduro es devastador. Venezuela perdió cerca del 80% de su PIB en poco más de una década, una contracción inédita en tiempos de paz. El ingreso per cápita retrocedió varias décadas, el salario mínimo quedó reducido a un monto simbólico en dólares y más del 80% de la población cayó en la pobreza. Ocho millones de personas abandonaron el país. No es solo una mala gestión económica: es la demolición sistemática de la capacidad productiva y de las instituciones democráticas.
Como han escrito extensamente los economistas Daron Acemoglu y James Robinson, entre otros, este tipo de colapsos no es fruto del azar ni de errores aislados, sino de instituciones extractivistas diseñadas para concentrar poder y renta. En Venezuela, el control de precios, la destrucción de los derechos de propiedad y la politización de la renta petrolera terminaron por asfixiar la inversión y la productividad. El desenlace no solo era predecible; lo verdaderamente desconcertante es nuestra persistente disposición a fingir sorpresa cada vez que fórmulas fracasadas vuelven a producir exactamente el mismo desastre.
Sin embargo, la caída de un autócrata no garantiza una transición exitosa. La evidencia comparada es clara: destruir un régimen extractivista puede ser rápido; construir instituciones inclusivas es lento, conflictivo y políticamente costoso. Como advierten los polítologos Michael Albertus y Victor Menaldo, los vacíos de poder suelen llenarse con improvisación, tutelas externas o pactos frágiles que no logran generar reglas creíbles. Y sin reglas creíbles, no hay inversión, no hay crecimiento y no hay estabilidad social.
Aquí es donde Chile entra en la ecuación, aunque muchos prefieren ver el fenómeno como algo distante. Primero, porque el precedente importa. La intervención directa de Estados Unidos en Venezuela reabre una discusión incómoda sobre la soberanía, la democracia y el poder en la región. Para países pequeños y abiertos como Chile, que dependen de reglas internacionales previsibles, el debilitamiento del principio de no intervención no es una buena noticia. La incertidumbre geopolítica tiende a elevar las primas de riesgo, afectar los flujos de capital y castigar a las economías abiertas, incluso si no están en el centro del conflicto.
Segundo, porque los efectos económicos indirectos son reales. Una eventual transición caótica en Venezuela o una prolongada inestabilidad podrían intensificar los flujos migratorios en la región. Chile ya ha experimentado tensiones políticas y sociales asociadas a la migración venezolana, y un nuevo shock podría reactivar debates internos mal resueltos sobre integración, mercado laboral y provisión de servicios públicos. No es un problema ideológico, sino uno de capacidad institucional.
Tercero, porque el caso venezolano vuelve a poner sobre la mesa una lección incómoda para el debate chileno: las instituciones importan más que las intenciones. El colapso venezolano no comenzó con una dictadura clásica, sino con la erosión gradual de los contrapesos, el uso político del Estado y la normalización de “soluciones de emergencia”. Chile ha tensionado su marco institucional con plebiscitos y procesos constitucionales, algo que debería hacer reflexionar a todos hoy en día dada la situación venezolana.
Finalmente, está el plano económico estratégico. La reconstrucción de Venezuela requerirá al menos US$100 mil millones y tomará décadas. Si y solo si se logra una transición institucional creíble, la región podría beneficiarse de un nuevo polo de crecimiento energético e inversión. Pero si el proceso fracasa, el costo se distribuirá regionalmente en forma de inestabilidad, menor inversión y mayor polarización política.
La pregunta más importante es: ¿qué viene ahora y quién pagará el costo? Si la respuesta es improvisación, polarización y dependencia externa, el daño no se quedará en Venezuela. Se filtrará, como tantas veces antes, por América Latina. Y una vez más, Chile tampoco podrá decir que no vio venir el maremoto.
El algoritmo de la estafa: ¿Por qué la educación financiera es la última línea de defensa? Por Eric Salinas Mayne.https://t.co/8CGHCUwZN9
— Ex-Ante (@exantecl) January 3, 2026
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