Ataques incendiarios en macrozona sur: Causas aumentan 185 por ciento en 3 años y solo 2 terminan en condenas

Un análisis de 391 causas abiertas entre las regiones del Biobío y Los Lagos mostró que los ataques con elementos incendiarios han aumentado desde 2018, pero que la mayoría de los casos se cierra sin responsables. Un total de 10 causas registró formalizados y 2 condenados. Este tipo de ataques ha sido reivindicado por grupos radicales como la CAM, que en julio se declaró en “guerra directa” con las forestales, pero también han afectado a particulares.  

Qué observar: Los ataques incendiarios han adquirido creciente importancia en la macrozona sur —que reúne a las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos— ya sea a través de la quema de maquinaria forestal, ataques a fundos particulares o atentados en la carretera contra camiones. 

• Un estudio desarrollado por el Observatorio Judicial y la Multigremial Araucanía —que reúne a los sectores productivos de la región— mostró el contraste entre el aumento de estos atentados en los últimos años y el bajo número de formalizados y condenados en estas causas; principalmente porque no suele haber detenidos. 
• El informe analizó causas entre 2018 y 2020 y contó con una base de datos obtenida por un convenio entre la Multigremial y el Ministerio Público, que identificó las causas relativas a la denominada “violencia rural”.  
• Estos ataques han sido validados por grupos radicales como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que en julio se declaró en “guerra directa” contra las forestales. 

El perfil de las causas abiertas: Un total de 391 causas por ataques incendiarios se han abierto entre 2018 y 2020 en la macrozona sur, las que aumentaron un 185% en ese período. 

• En 2018 ingresaron 69, las que subieron a 129 en 2019 y a 194 en 2020. 
• Un número significativo ingresó por querellas de las intendencias (264 casos, un 65% del total), seguido por querellas particulares (129 casos, un 32%).
• Gran parte de los ataques se dirigieron contra empresas; 169 del total. Un 49% correspondió a empresas forestales de distintos tamaños, seguidas por ataques a compañías agrícolas, de áridos y de construcción. También hubo 156 ataques a trabajadores, 121 a residentes y 59 a camioneros. Esta clasificación fue posible ya que un mismo ataque puede tener diversas víctimas. 
• Entre los delitos asociados a los ataques incendiarios figuraron el robo con intimidación y el porte ilegal de armas de fuego.  
• En la mayoría de los casos se desconocía quienes eran los presuntos autores, por lo que las acciones se dirigieron contra quienes resultaran responsables (343 casos, un 88% del total). En 21 casos, un 5%, hubo un imputado conocido. El 7% de las causas fue declarada como reservada. 
• Esto derivó en que sólo se registraran formalizaciones en 10 causas en este período: una en 2018, una en 2019 y 8 en 2020. 
• En 7 de estos casos se decretó prisión preventiva; en los demás se aplicó medidas cautelares menos duras. 

Cómo terminaron las causas: El informe mostró que, de las 391 causas analizadas, 175 ya están cerradas (un 45%) y 216 siguen abiertas (55%). 

• Dentro del primer grupo, un 44% de los cierres ocurrió porque la fiscalía resolvió no perseverar en la investigación, un 31% fue porque éstas se agruparon a otras y en un 24% porque se archivó provisionalmente el caso. Es decir, en sólo un 1% de los casos hubo sentencia: se trató de 2 causas donde hubo condenas. 
• En un caso fue una condena a 7 años de cárcel por incendio; 5 años por robo con intimidación; 3 años por porte ilegal de arma de fuego y 541 días por porte ilegal de municiones. En el segundo caso se trató de una pena de 61 días de cárcel y una multa.
• La mayoría de las causas que siguen abiertas son del año pasado: 22 de 2018, 54 de 2019 y 140 de 2020. 
• El estudio dio cuenta también de que un 24% de las causas estudiadas ingresaron por “delitos de calificación terrorista (96)”. 
• “El nuevo informe da cuenta del nivel de impunidad que todos preveíamos”, dijo el presidente de la Multigremial Araucanía, Patricio Santibáñez. “Más de un 80% de las causas son archivadas por falta de antecedentes. Necesitamos una mejora efectiva del sistema policial para obtener resultados”.