Ascencio (ex DC): Las comprometedoras huellas del operador del Tricel que votó contra Rincón y a favor de Jadue y Orrego
Manuel Izquierdo P.
Gabriel Ascencio junto a Carmen Gloria Valladares, jurando como ministro del Tricel en enero de 2024. Imagen: Poder Judicial.
Integrante del Tricel desde 2024, el exdiputado Gabriel Ascencio fue uno de los tres ministros que votó a favor de dejar a Rincón fuera de la carrera senatorial. El ex DC, que registra posts con opiniones sobre la timonel de Demócratas y el Apruebo, rechazó el requerimiento contra el gobernador Orrego y la reclamación que sacó a Jadue del padrón electoral tras la acusación de Fiscalía.
Rincón repostulaba por un tercer periodo en una zona que elige a cinco senadores, y se ha convertido en una de las principales batallas parlamentarias. Entre sus competidores estaban Paulina Vodanovic (PS), Beatriz Sánchez (FA), Jaime Naranjo (Indep-FRVS), Juan Antonio Coloma Álamos (UDI), Andrea Balladares (RN) y Juan Castro (PSC).
Con la timonel de Demócratas dentro, el conglomerado aspiraba a obtener al menos dos escaños en la zona, debido a que se proyectaba que aportaría un fuerte caudal de votos a la lista, pese a la división opositora. Esto, teniendo en cuenta que el oficialismo también corre en dos pactos.
Tras la decisión del Tricel, en los chats del partido que Rincón fundó en 2022 tras renunciar a la DC se multiplicaron las muestras de apoyo a la parlamentaria, pero también las críticas contra el exdiputado Gabriel Ascencio, ministro del Tricel desde enero de 2024, a quien se apuntó en la interna por fallar en base a razones políticas.
Ascencio —que militó en la DC hasta asumir como juez del tribunal— votó a favor de la impugnación que presentó el abogado socialista Gabriel Osorio, al igual que el presidente Arturo Prado y la ministra María Cristina Gajardo.
El Tricel está integrado por cinco jueces. Cuatro son ministros o exministros de la Corte Suprema, y un miembro es un expresidente del Senado o la Cámara que haya ejercido el cargo por al menos 365 días, electo por sorteo. Ascencio —que encabezó la Corporación entre 2005 y 2006— es quien utiliza ese cupo.
Polémicos tuits. En los grupos de WhatsApp de Demócratas comenzaron a circular una serie de publicaciones que Ascencio realizó en redes sociales antes de asumir en el Tricel. En una de ellas, del 30 de julio de 2022, incluyó un pantallazo de una nota de La Tercera titulada “Lanzan plataforma ‘Centroizquierda por el Rechazo’: Cristián Warnken, Javiera Parada, Arturo Guerrero y Ximena Rincón participaron de la iniciativa”.
“Si ellos son de centro izquierda, entonces yo soy del frente patriótico manuel rodriguez..jaja”, comentó el entonces diputado y exembajador en Ecuador entre 2014 y 2017. En el pantallazo aparecían también figuras como Matías Walker, Andrés Jouannet y Fuad Chahín, todos ex DC.
El 5 de julio de ese año publicó: “Ya tenemos propuesta de NC y con ella tenemos esperanza de un Chile aún mejor con justicia social, respeto por los DDHH, paz y dignidad de chilenas y chilenos aquello por lo que siempre trabajamos los DC desde sus fundadores hasta sus actuales militantes. Por eso YO APRUEBO”.
También ha publicado mensajes en favor de Boric. El 7 de diciembre de 2021 escribió: “El 19 de diciembre votaremos por @gabrielboric, pues es el único en competencia capaz de respetar a quienes piensen distinto, ponderar la diversidad social y política y proteger derechos sociales. Gabriel es la mejor garantía”.
Para algunos militantes de Demócratas, al pronunciarse en la causa contra Rincón, Ascencio —quien integró el grupo de los “chascones”, ala más progresista de la DC— faltó a su deber de imparcialidad dadas sus opiniones en redes sociales.
La ley prescribe que un ministro del Tricel puede inhabilitarse, entre otras razones, si ha emitido opiniones previas sobre el caso, es pariente de una de las partes o tiene un interés personal en disputa.
El voto pro Jadue. Gabriel Ascencio fue uno de los dos ministros que votaron en contra de la resolución del Tricel de este viernes que excluyó al exalcalde Daniel Jadue (PC) del padrón electoral por haber sido acusado por Fiscalía de los delitos consumados de fraude al fisco, estafa, cohecho y delito concursal. El otro que rechazó la decisión fue Mauricio Silva, que integra la primera sala de la Suprema.
En su voto de minoría, Ascencio afirmó que “la fecha de cierre de las actualizaciones del Registro Electoral se verificó el día 28 de junio de 2025, oportunidad en la que todavía no se presentaba acusación contra el señor Jadue”. Por ello, explica, “no resultaba posible excluirlo del Padrón Electoral, toda vez que la circunstancia que podría haber motivado la suspensión de su derecho a sufragio, aun no se verificaba”.
También, planteó que la restricción al derecho a voto para acusados que fija la Constitución “no puede interpretarse atendiendo únicamente a su tenor literal y de forma aislada, olvidando la naturaleza de derecho fundamental del sufragio”, y remarcó que “la sola presentación de la acusación no satisface las exigencias del artículo 16 N°2 del texto constitucional”.
“La única posibilidad que el ordenamiento procesal penal confiere de contar con una autorización judicial que recaiga sobre la acusación, es precisamente a través de la dictación del auto de apertura de juicio oral, en los términos en que se viene resolviendo”, cerró.
El tribunal rechazó el recurso de reposición que presentó la defensa de Orrego —a cargo de Ciro Colombara— y dio curso a la reclamación.
En la fundamentación de su voto, Ascencio acusó vicios de forma en el escrito opositor. “Los abogados comparecieron mal sin representación procesal y considerando, además, que la facultad de requerir la remoción del Gobernador es exclusiva de los Consejeros Regionales”, planteó.
Asimismo, sostuvo que en la presentación de los abogados “no se acompañó mandato judicial alguno (…). Debieron saber las exigencias que el ordenamiento jurídico exige para comparecer en juicio”.
“Pedir la remoción de una autoridad electa, es un asunto extremadamente delicado, que exige de quienes la piden actuar totalmente ajustado a derecho, justamente porque lo que imputan son acciones u omisiones contrarias a la legalidad. No pueden pedir sanciones por no sujetarse a la ley si, a su vez, ellos mismos no la cumplen”, remarcó al cierre.
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