El nuevo flanco que se le abrió a Orrego

El Tribunal Calificador de Elecciones admitió a tramitación el requerimiento de remoción del gobernador Claudio Orrego (ex DC), que se suma a la solicitud para desaforarlo que verá la Corte de Apelaciones. Ambos tienen en común su presunto conflicto de interés en el caso ProCultura, derivado de su largo vínculo con su ahijado político, Alberto Larraín.

Por qué importa. La resolución del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que admitió a tramitación el requerimiento de remoción presentado en contra del gobernador Claudio Orrego (ex DC) por consejeros de oposición, dejó a la autoridad metropolitana en su peor momento judicial: en riesgo de ser desaforado y de ser destituido de su cargo.

• La arista del Tricel se resolvió el martes, luego de que el tribunal rechazara —con el voto en contra del exdiputado DC Gabriel Ascencio— el recurso de reposición presentado en nombre de Orrego por el abogado Ciro Colombara, que acusó errores en la presentación, y admitiera a tramitación la petición de remoción interpuesta el 25 de julio por los abogados Máximo Pavez, Emiliano García y Pablo Toloza.
• En favor votaron los ministros Arturo Prado, Mauricio Silva, Adelita Ravanales y María Cristina Gajardo.
• Esto dará inicio a un proceso que se podría extender por un año y que podría terminar con la autoridad —quien fue reelecta en noviembre—, inhabilitada para ejercer cargos públicos por cinco años. En este escenario asumiría en su reemplazo el consejero Álvaro Bellolio (UDI).
• En la arista penal, la Corte de Apelaciones de Antofagasta programó para las 9 am del 6 de octubre la vista de la solicitud de desafuero del gobernador, que de ser ratificada despejaría el camino para que la fiscalía formalice cargos en su contra y pida medidas cautelares que podrían llegar a la prisión preventiva.
• En esta arista la fiscalía imputa al histórico alcalde de Peñalolén y ex precandidato presidencial de la DC en 2013, tres delitos: fraude al fisco, malversación por aplicación pública diferente y usurpación de funciones.

La defensa de Orrego. En ambas aristas el gobernador ha alegado inocencia y en la del Tricel ha añadido que se trata de un aprovechamiento político.

• “Tenemos la certeza que el requerimiento deberá ser rechazado, porque se basa en hechos falsos o bien verdaderos, pero presentados de manera maliciosa como ilegales, aunque hayan sido lícitos y apegados a derecho”, dijeron por escrito sus abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz. “Estamos tranquilos”.

ProCultura. El denominador común de ambas aristas es el presunto conflicto de interés en que habría incurrido el gobernador Orrego en el caso ProCultura.

• Esto derivaría del traspaso a la fundación de $1.690.388.000 del Gobierno Regional (Gore) en 2022 —en su gran mayoría provenientes del programa para prevenir suicidios Quédate—, pese a que ProCultura carecía de experiencia en el área.
• Estos fondos fueron traspasados luego de que el Consejo Regional aprobara la propuesta de Orrego de nombrar al siquiatra Alberto Larraín —cofundador de la fundación y ahijado político del gobernador desde sus tiempos de alcalde— director ad honorem de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo.

El coaching. Otro de los casos mencionados en el requerimiento de remoción (por “notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa”) es el “Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024” cuestionada en el informe final número 873 del 3 de junio de la Contraloría General de la República.

• En éste, el organismo planteó reparos al traspaso de $31.366.179 a la consultora Vera y Asociados S.A. por parte del Gore, en 2024.
• Los resultados del informe consignaron que, en 16 sesiones de coaching, de 28 donde hubo registro, se “aludía explícitamente a temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y campaña electoral a Gobernador Regional, no en términos generales, sino específicamente a la campaña en la que don Claudio Orrego Larraín se estaba presentando como candidato a la reelección”.
• De otras 24 sesiones, el Gore no entregó las minutas a Contraloría, advirtió el organismo.
• Al respecto, el gobernador descartó desvío de recursos a su campaña y presentó un recurso de reconsideración.

El caso Ajem. Un tercer elemento de la presentación es el caso de Ajem Consultores, que derivó en que el 16 de junio el gobernador aceptara la renuncia de Mayuri Reyes, jefa de la división de presupuesto del Gore y cercana de Orrego desde 2005.

• La funcionaria estuvo tras la asignación directa de $109.302.180 a Ajem Consultores para apoyar en el cierre de proyectos. Contraloría concluyó que esto se hizo sin constatar la “idoneidad del proveedor”.
• Estos convenios se realizaron pese a que la empresa pertenecía a José Solís, quien era socio de Mayuri Reyes en la “Comercializadora Madera y Cuero y MAS Spa”, que tenía como giro “venta al por mayor de artículos de joyería” y otros.
• “La omisión de abstención por parte de Mayuri Reyes constituye una infracción grave al deber de probidad, que compromete al gobernador”, dijo la presentación.

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