Perfil: Jéssica González, la candidata a la Suprema que ganó el concurso de fallos con perspectiva de género
Ex-Ante
La ministra Jéssica González
La ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago integra la quina, elaborada en mayo por el Pleno, para ascender a la Corte Suprema del que será el primer nombramiento del Presidente Boric. En 2011 investigó los abusos de Fernando Karadima y fue premiada por un fallo de la justicia electoral que estimó que en la elección del Colegio de Abogados no se respetó la paridad de género.
Qué observar. En abril, un fallo del Segundo Tribunal Electoral Metropolitano (TER), redactado por la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jéssica González, y quien es candidata a la Corte Suprema, consideró que en la última elección del Colegio de Abogados no se respetaron las cuotas de género. Cuatro meses después, esa resolución, que obligó a un consejero entregar el cupo a una abogada, obtuvo el primer lugar en el concurso nacional de sentencias con perspectiva de género que organiza la Secretaría de Género del Poder Judicial.
Jéssica González, además de integrar la Corte de Apelaciones, es presidenta del Segundo Tribunal Electoral de Santiago.
Fue en ese rol que, el 7 de abril, junto al juez Cristián Peña y Lillo, redactó el fallo unánime que acogió la reclamación que presentó un grupo de abogadas en contra de la Lista Gremiales por un Estado de Derecho por no respetar en sus comicios de diciembre de 2021 las normas de paridad de género.
La sentencia implicó que el consejero Florencio Bernales, que fue el cupo cuestionado, debiera dejar el cargo y en su lugar entró su compañera de lista, la abogada Tatiana Vargas.
El conflicto llegó a la justicia electoral luego que la lista Gremiales, que fue la que sacó la mayoría en la elección en que se renovaran 10 de los 19 integrantes del Consejo, obtuviera seis cupos, los que distribuyó entre cuatro abogados y dos abogadas.
Sin embargo, de acuerdo con las normas de paridad de género que el Colegio aprobó en enero de 2019, se impugnó el cupo de Bernales. Y el tribunal electoral estimó que esos asientos debieron ser para tres hombres y tres mujeres.
La sentencia estableció que las normas “deberán satisfacerse en todas las elecciones que se celebren en lo sucesivo en el Colegio de Abogados” y que los órganos electorales deberán efectuar de oficio un examen de admisión de las listas de candidaturas para que “se respete su integración paritaria”.
“Perpetúa la desigualdad”. El fallo, pronunciado por la ministra González y los jueces Cristián Peña y Lillo y Daniel Darrigrande, señaló que “este tribunal tendrá presente el enfoque de género como un nuevo paradigma que obliga a la función jurisdiccional a abordar los conflictos que se someten a su conocimiento desde una perspectiva distinta, por cuanto el principal propósito debe conducir a identificar y eliminar desigualdades y brechas de género, garantizando la igualdad sustantiva y no únicamente la igualdad formal”.
La sentencia fue postulada al concurso por la jueza Geraldine Aguirre y la abogada Katherine González. Y obtuvo el primer lugar en el segundo certamen de fallos de esta materia que organiza la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación que lidera la ministra de la Suprema, Andrea Muñoz.
El fallo premiado de la ministra Jéssica González señaló que “el vicio constatado (…) genera un perjuicio al interior de la organización gremial y especialmente afecta la estructura de su Consejo Nacional, por cuanto perpetúa la desigualdad entre hombres y mujeres que se buscaba eliminar o al menos mitigar”.
Además, la sentencia estableció que no respetar la paridad de género generaba “un retroceso sin justificación que incide en forma directa en el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres asociadas, irregularidad que además empaña la imagen de la entidad por cuanto tal accionar se opone a lo que debe entenderse por una asociación gremial democrática y moderna, como se pretendió con la modificación de enero de 2019”.
Si bien la propuesta de nueva Constitución señala que “los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con enfoque de género”, a lo menos desde 2018 que en el Poder Judicial existen sentencias que aplican esta herramienta. Uno de los últimos fallos al respecto fue la sentencia del 6 de agosto del Tribunal de Juicio Oral de Temuco que condenó por dos delitos de violación, cuatro de abuso sexual y un abuso sexual a una persona menor de 14 años, a Martín Pradenas.
La jueza del caso Karadima. Desde 2020 que el Pleno de la Corte Suprema ha nominado en varias quinas para ascender a ese tribunal a la ministra de la Corte de Apelaciones Jéssica González, quien además es presidenta de la sala tributaria. Actualmente integra la lista que, desde mayo, está en manos del gobierno para llenar la vacante que dejó en marzo Rosa Egnem.
Esa quina, además de González, la integran las ministras Soledad Melo, de la Corte de Santiago y Marcia Undurraga, de la Corte de Valdivia, además de los jueces Roberto Contreras (San Miguel) y Sergio Mora (Coyhaique). Este último es incluido por derecho propio al ser el más antiguo de la categoría en el Poder Judicial.
De la quina, solo a la ministra María Soledad Melo se le asocia a la derecha. Esto, mientras González, Undurraga y Contreras, son vistos en el Senado como cercanos a la centro izquierda.
Jéssica González es abogada de la Universidad de Concepción e ingresó en 1990 al Poder Judicial como oficial segundo del 28 Juzgado Civil de Santiago. Fue relatora de la Corte de Apelaciones y de la Suprema y jueza del 12° Juzgado Civil de Santiago. Es ministra desde 2008.
Tiene una especialización en Relaciones Laborales en la Universidad de Castilla y en Derecho Mercantil en la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial de España. Además, integró la mesa sobre “Política de Género y No Discriminación de la Corte Suprema”
En 2011 fue nombrada para investigar las denuncias por abusos sexuales en contra del entonces párroco de El Bosque Fernando Karadima. Durante los siete meses de indagatoria, comprobó los delitos pero no condenó al sacerdote porque los hechos estaban prescritos por el paso del tiempo.
Sin embargo, su investigación fue clave cuando en 2019 la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió una demanda civil en contra de la Iglesia Católica, presentada por los denunciantes de Kaardima, James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo, y consideró que la institución fue negligente y que actuó con desidia con las víctimas.
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