La discusión sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE) ha vuelto al debate público a propósito de los esfuerzos por recuperar pagos de quienes mantienen deudas pendientes. Quienes accedieron al sistema lo hicieron bajo determinadas reglas y resulta razonable exigir su cumplimiento cuando existe capacidad efectiva para hacerlo.
Pero la contingencia también ofrece una oportunidad para preguntarnos si el problema fue correctamente formulado.
La primera dificultad radica en cómo entendemos la educación superior. Con frecuencia se justifica su financiamiento porque quienes obtienen un título profesional accederán posteriormente a mejores ingresos. Bajo esa lógica, la educación aparece principalmente como una inversión privada que genera retornos económicos para quien la recibe.
Sin embargo, esa mirada confunde el valor de la educación con el salario de quienes pasan por ella. Bajo esa lógica, una profesora rural, una investigadora en historia o un músico de orquesta valdrían menos que un profesional con mayores ingresos. Pero pocos estarían dispuestos a sostener algo así. La educación superior contribuye al desarrollo económico, pero también genera conocimiento, fortalece instituciones y amplía las capacidades de las personas. La universidad puede ayudar a ganar más dinero, pero ese no es ni su único ni su principal fundamento.
La segunda dificultad radica en cómo entendemos el financiamiento. Con frecuencia se razona como si la sociedad se dividiera entre ricos capaces de financiar completamente la educación de sus hijos y personas sin recursos capaces de financiar nada. Pero entre ambos extremos existe un amplio continuo de situaciones económicas.
Pensemos en una estudiante talentosa cuyos padres pueden financiar parte de una carrera, pero no la totalidad. No puede pagarlo todo, pero tampoco nada. Y, sin embargo, es precisamente ahí donde se encuentra la mayoría de las familias chilenas.
Visto de esta forma, el financiamiento debiera estructurarse sobre un principio de copago variable. Quien tiene más recursos aporta más; quien tiene menos, aporta menos. Lo importante es que el aporte refleje sus posibilidades. El apoyo público debiera ajustarse a la brecha que cada estudiante no puede financiar. Ambos mecanismos son las dos caras de una misma moneda.
Las controversias en torno al FES ilustran bien este punto. Buena parte de la discusión se centró en si las familias debían contribuir al financiamiento de la educación superior. Pero esa parece ser una pregunta equivocada. El problema no es el copago; es qué ocurre con la parte que los estudiantes no pueden financiar.
Y allí aparece la tercera dificultad: qué hacer con la parte del costo que cada estudiante no puede financiar. La respuesta que predominó durante años fue transformarla en una deuda.
Si aceptamos que nadie con mérito suficiente debiera quedar excluido por razones económicas, cabe preguntarse por qué esa brecha debe convertirse en un crédito y no en un mecanismo de solidaridad.
Cuando una persona no puede costear una operación médica o acceder a una vivienda adecuada, la respuesta no suele ser un préstamo. Existe un componente de solidaridad financiado mediante recursos generales.
Podría argumentarse que la diferencia radica en que la educación permite acceder posteriormente a mayores ingresos. Pero ese razonamiento tampoco resulta convincente. Recuperar la salud también aumenta la capacidad de generar ingresos. Del mismo modo, una vivienda adecuada es una condición básica para el desarrollo económico y personal. Sin embargo, no solemos concluir por ello que las prestaciones de salud o los subsidios habitacionales deban transformarse en deudas.
La razón es simple: su objetivo no es generar retornos financieros individuales, sino asegurar condiciones para que las personas desarrollen sus capacidades y participen plenamente en la sociedad. Lo mismo ocurre con la educación superior.
Desde esta perspectiva, aquello que una persona no puede financiar debiera ser cubierto solidariamente. No porque la educación carezca de costo, sino para asegurar que nadie con mérito suficiente quede excluido por falta de recursos. Y si posteriormente alcanza altos ingresos, contribuirá al sistema mediante impuestos, no devolviendo un préstamo.
Visto así, la discusión sobre el CAE puede interpretarse como un intento de resolver mediante deuda un problema que es esencialmente de solidaridad. La solidaridad, a su vez, no consiste en que nadie pague. Consiste en que nadie vea hipotecadas sus posibilidades de acceder a ciertos mínimos que como sociedad consideramos esenciales —y que muchas veces incluso definimos como derechos— simplemente porque no dispone de los recursos para financiarlos, sin que ello implique gratuidad ni endeudamiento.
Pero para verlo, hay que salir de las trincheras políticas que reducen la discusión a una elección entre gratuidad y deuda.
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El “Inbox” Escolar y el Gran Acertijo de los Derechos ARCOP. Por Soledad Alonso.https://t.co/Ic3LIZQ1Bz
— Ex-Ante (@exantecl) June 23, 2026
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