El principal desafío del ministro Quiroz es convencer a los parlamentarios que los costos fiscales de las medidas pueden ser responsablemente mitigados. Sin embargo, la delicada situación fiscal deja poco y nulo espacio de maniobra. Producto de un déficit estructural crónico que arrastramos hace décadas, que solo se agravó bajo el gobierno anterior, la DIPRES proyecta un déficit estructural promedio 2026-2030 de -2,6% del PIB (con meta promedio anual de -1,9%) y una deuda bruta de 46,5% del PIB para el fin de ese período (IFP 1T, 2026).
¿Por dónde avanzar, entonces? Los ajustes fiscales son necesarios, pero la magnitud de estos no alcanza. Por ejemplo, el gobierno a la fecha ha logrado hacer ajustes por US$ 1.400 MM. Esta cifra es valorable, pero no sabemos si son transitorios o permanentes y está muy lejos de los US$ 6.000 MM que se prometieron en campaña y de los US$10.000 MM que se necesitan para cerrar el déficit estructural crónico.
La buena noticia es que existen espacios de recaudación adicional, sin crear nuevos impuestos que impongan costos adicionales a una economía que ya muestra preocupantes señales de desaceleración.
El caso más nítido es el diésel. Su impuesto específico (1,5 UTM/m³) es cuatro veces menor que el de la gasolina (6 UTM/m³) y tiene un crédito que devuelve el 100% del tributo a los sectores agrícolas, mineros y construcción. El origen vial de este crédito (esos usos no desgastan las rutas que el impuesto financiaba) hoy no se justifica. El desafío del siglo XXI no es el asfalto, sino la contaminación: el diésel emite más contaminantes que la gasolina. Mantener el subsidio premia al combustible más sucio, justo cuando queremos incentivar energías limpias. El 2025, solo ese crédito le costó al fisco US$ 538 MM.
La renta presunta comparte un problema similar. Creada en 1974, permite a pequeños agricultores, transportistas y mineros tributar sobre una base estimada -el avalúo de los activos- y no sobre la utilidad efectiva. Hoy, con contabilidad digital, regímenes Pro Pyme y un SII capaz de cruzar información, existen todos los mecanismos para cobrar sobre renta efectiva.
Ambos regímenes hoy sobreviven como ventaja para unos pocos, generando una injustificada inequidad horizontal. Por esta razón tanto el FMI y la OCDE (2020), como un grupo transversal de economistas chilenos liderados por Rodrigo Vergara (2021), han recomendado eliminarlas.
Por último, convendría revisar la estructura de impuestos correctivos en azúcares y alcoholes. En ambos casos es necesario moverse de un impuesto ad-valorem, sobre el precio, a uno ad-quantum, sobre el gramo de azúcar o el grado de alcohol. En el caso de las azucares, también es necesario ampliar la base a todos los productos con alto contenido en azúcar, y no solo gravar las bebidas analcohólicas.
Ninguna de estas propuestas crea un tributo nuevo, sino que corrigen inequidades que hoy no tienen justificación económica, social o de salud pública. Bien diseñadas y con la gradualidad necesaria para mitigar sus impactos, pueden ofrecer al ministro Quiroz las cartas necesarias para destrabar una negociación que hoy está difícil, pero no imposible.
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Economía local: ¿A qué hora juega Chile? Por Felipe Jaque. https://t.co/PlpJnygiVc
— Ex-Ante (@exantecl) July 3, 2026
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