Las tres clasificadoras de riesgo más importantes, Fitch, Moody´s y S&P han rebajado dos veces cada una la clasificación de Chile en los últimos ocho años. La justificación principal para estas decisiones es el deterioro en la situación fiscal del país. Afortunadamente, se necesitan cuatro o cinco rebajas adicionales para perder el grado de inversión, lo que puede requerir otros 10 años o, tal vez, algo más, con suerte.
“Mucho tiempo” puede pensar el lector, pero si bien el recorte en la clasificación de riesgo comenzó hace menos tiempo, el deterioro fiscal se inició hace 18 años y no se ha detenido, es decir, probablemente, ya recorrimos más de la mitad del camino que nos quitará el grado de inversión y seguramente más todavía del que llevará a un incremento en el costo del financiamiento estatal si no se detiene este deterioro.
Comenzó con Bachelet I cuando Andrés Velasco intentó neutralizar los efectos de la crisis financiera internacional de 2008-09 aumentando el gasto público, que debió ser transitorio y se volvió permanente, y no ha parado desde entonces. Con escasas excepciones, el déficit ha sido la costumbre, tanto en sus mediciones efectiva como la cíclicamente ajustada (BCA) y la consecuencia directa un incremento sostenido en la deuda pública bruta y neta como porcentaje del PIB.
La deuda bruta era de 3,9% del PIB en 2007 y, en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP) se proyecta que alcance a 42,4% este año y promedie 43,3% entre 2026 y 2030, nivel en torno al cual se estabilizaría para, supuestamente, comenzar a bajar en los años siguientes, proceso que ha sido prometido en el pasado, pero se ha pospuesto sistemáticamente.
El deterioro progresivo de las cuentas fiscales no se ha detenido y, en los últimos tres años, se han producido gruesas diferencias entre lo proyectado al aprobarse el presupuesto, y la realidad una vez conocida la ejecución de este. Específicamente, el déficit efectivo de 2025 en vez de ser de 1,0% del PIB, según el IFP del cuarto trimestre de 2024, ahora se estima en 2,0% según el IFP del tercer trimestre de 2025.
El déficit estructural, por otro lado, se proyectaba en -1,1% del PIB y ahora en -2,2% del PIB. Algo parecido sucedió en los dos años anteriores. Así, al continuo retroceso fiscal se ha sumado el descrédito de las autoridades responsables del mismo.
La perspectiva para los ejercicios 2026-29 es igualmente negativa. El BCA acumulado en los cuatro años se estimaba en -1,25% del PIB hace un año, mientras que en la proyección actual, el déficit acumulado casi se duplica hasta 2,4% del PIB. En el caso del déficit efectivo el panorama es aún peor, lo que es especialmente importante porque está más directamente vinculado a la evolución de la deuda, al elevarse la estimación acumulada del déficit en el cuatrienio 2026-29 de 0,3% del PIB a 4,1% del PIB.
Durante los últimos tres años la causa esencial del deterioro en las cuentas fiscales ha estado en la sobreestimación de los ingresos que ha forzado a ajustes importantes, pero insuficientes, en el gasto durante cada ejercicio, incluyendo el actual, en que se intentó restringir la expansión del gasto a 2,2% pero, como nos muestra el último IFP, se estaría cediendo a un menos ambicioso 2,6%.
Para 2026 el presupuesto contempla más de lo mismo. Una proyección de gran aumento en los ingresos fiscales, 4,8% respecto de la recaudación revisada en el IFP del tercer trimestre, al tiempo que el crecimiento del gasto, calculado de la misma manera, es decir, respecto de la última estimación de ejecución en 2025, es de 2,5%.
La proyección para el período 2027-30 es tan difícil de creer como la de los años anteriores. Anticipa un crecimiento de los ingresos optimista para 2027-28 y una expansión mínima del gasto para los cuatro años que permitiría eliminar los déficits al final del período. Aun así, solo se lograría estabilizar el nivel de la deuda pública como porcentaje del PIB, algo por debajo de la “línea roja” del ministro Marcel: 45%.
Solo dos de las tres candidaturas presidenciales con opción de ganar ofrecen recortes de gasto discrecionales (las mismas que expresan preocupación real por acelerar el crecimiento), la otra aumento, pero resulta sorprendente que todas coincidan en criticar la desaparición de la “glosa republicana”, es decir, aquella porción del presupuesto que el próximo gobierno debiera poder decidir como gastar, cuando lo que debiera estar en discusión, en realidad, es donde recortar el gasto para no ejecutar todo el presupuesto que se apruebe, o que se reduzca el crecimiento del gasto propuesto por el gobierno que es excesivo. Esto porque, de acuerdo con las proyecciones del IFP, no existen holguras, sino más bien todo lo contrario, según lo señalado en el párrafo anterior.
También parece desenfocado el énfasis en criticar la propuesta de reducir el gasto público en US$6.000 millones en 18 meses del candidato Kast, esto es 6% o 7% del gasto total en el proyecto de Presupuesto. Técnicamente este recorte es factible, pero políticamente es casi imposible y sí puede requerir cortar gasto social mal diseñado, pero claro, esto es algo que ningún político va a reconocer.
Lo importante, en todo caso, es si el próximo gobierno estará o no dispuesto a tomarse en serio el problema y revertir el crecimiento sostenido en la deuda pública y, así, evitar eventuales rebajas futuras en la clasificación de riesgo. La respuesta a esta interrogante hoy día no es clara y el tiempo corre.
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