Entre 2011 y 2024, el gasto en medicamentos en Chile aumentó en términos reales un 80%. Sin embargo, si se observa como porcentaje del PIB, la cifra se mantiene estable en torno al 1%. Pero esta estabilidad aparente esconde un problema más profundo: la carga que este gasto impone directamente a los hogares.
En Chile, el gasto de bolsillo en salud alcanza el 29,7%, muy por encima del promedio de la OCDE. Esa diferencia no es un simple dato estadístico, sino la expresión de una inequidad estructural. De ese gasto, cerca del 30% corresponde a medicamentos. No se trata de tratamientos esporádicos, sino de fármacos de uso común y prolongado para enfermedades crónicas, principalmente vinculadas a los sistemas cardiovascular, nervioso, digestivo y metabólico. En este escenario, el precio de los medicamentos se convierte en un factor que limita la capacidad de muchas personas para recuperar su salud.
La Encuesta de Presupuestos Familiares muestra que esta carga es particularmente pesada para los hogares de menores ingresos y para aquellos con mayor presencia de adultos mayores. En los hogares cuyo jefe está afiliado a Fonasa, la proporción destinada a medicamentos es mayor que en los afiliados a isapres (39,8% versus 32,2%). Estos datos explican por qué, en nuestra XII Encuesta sobre el Sistema de Salud Chileno, el 15% de los encuestados declaró haber abandonado un tratamiento, siendo el costo la principal razón.
Los estudios del ISP UNAB indican que más del 50% de la población —y en algunos casos hasta un 70%— estaría dispuesta a contratar un seguro de medicamentos, incluso si ello implicara un aumento en la cotización obligatoria de salud. Este dato revela que el problema no radica en la falta de disposición ciudadana, sino en la ausencia de políticas públicas y un esquema de financiamiento eficiente que permita redistribuir recursos.
En otro reciente estudio que realizamos en el Instituto de Salud Pública UNAB se analizaron tres escenarios de cobertura para el gasto de bolsillo en medicamentos. El más exigente, que cubriría el 100% de este gasto, implicaría un desembolso anual de 1.828 millones de dólares. Un segundo escenario, con una cobertura del 80% similar a la del régimen GES, costaría 1.086 millones, y un tercero, equivalente al 56% (promedio OCDE en 2023), requeriría 195 millones. En términos de cotización obligatoria, el escenario de cobertura total significaría un aumento moderado: en isapres, la tasa llegaría a 8,45% y en Fonasa, a 8,16%.
Estas cifras demuestran que el objetivo es alcanzable. El país dispone de márgenes para financiarlo si se corrigen distorsiones existentes. Un ejemplo concreto es mejorar la legislación de licencias médicas para reducir el sobreuso y el fraude, lo que permitiría liberar más de mil millones de dólares anuales. Con esos recursos, sería posible cubrir la totalidad del gasto de bolsillo en medicamentos, incorporando esta medida en la ley que hoy se discute en el Congreso.
En caso de que el ahorro por licencias médicas fuera menor, la diferencia podría obtenerse corrigiendo ineficiencias del sistema público de salud. La baja productividad, que estudios ISP-UNAB estiman en una pérdida cercana al 4% anual, también representa un espacio real de mejora. A esto se suma que, en comparación con otros países de la OCDE, Chile tiene una cobertura pública de medicamentos más limitada: mientras el promedio OCDE financia el 56% del gasto total en fármacos, nuestro sistema depende en exceso de los pagos directos de los hogares, lo que genera mayor riesgo de gastos catastróficos.
Además, la experiencia internacional muestra que aumentar la cobertura no solo protege a las familias, sino que también permite negociar mejores precios con la industria farmacéutica gracias a mayores volúmenes de compra. Esto podría replicarse en Chile, reduciendo el gasto fiscal necesario e incrementando la eficiencia del sistema.
Los recursos financieros están disponibles, pero actualmente se destinan de manera ineficiente, entre abusos en licencias médicas y deficiencias en la gestión del sistema público. La discusión que Chile necesita no es si podemos permitirnos reducir sustancialmente el gasto de bolsillo en medicamentos, sino cuándo decidiremos priorizarlo. Posponer esa decisión significa perpetuar una inequidad que hoy impide a miles de personas acceder de forma oportuna a tratamientos que pueden mejorar o salvar sus vidas.
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