En enero, el Juzgado de Garantía de Antofagasta autorizó por segunda vez la interceptación del celular de Crispi. En la solicitud, la Fiscalía citó dos llamadas pinchadas y afirmó que “nuevos antecedentes nos han permitido esclarecer la participación de Crispi en los hechos investigados”. Pese a su rol clave en los traspasos de fondos públicos a la fundación, inicialmente Crispi sostuvo que “no conocía a ProCultura hasta que se destapó este caso”.
Panorama general. El ex jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi (FA), figura como uno de los imputados en el caso Procultura, que investiga el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Fue Crispi quien, en 2022, como subsecretario de Desarrollo Regional, validó a la fundación para que se adjudicara un proyecto por $629.815.000 para pintar tres fachadas en el centro histórico de Antofagasta a $262 mil el metro cuadrado.
- También, en 2022, firmó una resolución que modificó el presupuesto del Gore Metropolitano, creando una nueva asignación para financiar el programa de ProCultura “Quédate” de prevención al suicidio diseñado por el psiquiatra Alberto Larraín. La iniciativa contempló una transferencia en una sola cuota de $1.683 millones.
- En su segundo testimonio ante Fiscalía, el pasado 20 de noviembre, Crispi -muy cercano a Boric- afirmó conocer “de oídas” a Alberto Larraín, fundador de ProCultura, y negó conocer a la ONG hasta que estalló el escándalo.
- Durante la indagatoria, la Fiscalía Regional de Coquimbo ha pedido al Juzgado de Garantía de Antofagasta en al menos dos oportunidades interceptar el teléfono celular del ex jefe del Segundo Piso de La Moneda. En total, significa que la PDI ha grabado su celular por al menos 120 días, divididos en forma consecutiva en 60 días cada uno.
La primera solicitud. En noviembre, el fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal de Coquimbo, Eduardo Yáñez, envió al tribunal un escrito donde solicitaba interceptar por 60 días los teléfonos de 15 personas vinculadas al caso. Uno de ellos era el de Crispi, que estaba en el último lugar de la lista.
- Yáñez planteó que mientras el militante FA era Subdere “se adjudicaron los diversos convenios a fundaciones a nivel nacional, entre las cuales se encuentra ProCultura”.
- “En particular existe un oficio de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, donde Miguel Crispi en su calidad de Subdere se dirige al Gobernador de Antofagasta Ricardo Díaz Cortés para señalar que la Fundación Procultura mantiene experiencia para la ejecución del proyecto ‘Recuperación de fachadas zona de Conservación histórica’, el cual fue finalmente adjudicado a dicha fundación para comenzar en enero del 2023”, afirmaba el documento.
- Según el fiscal, el proyecto tenía un presupuesto de $629.815.000 y se entregaron $460.000.000. “El programa fue terminado en forma anticipada en septiembre de 2023, desconociendo el destino de los dineros, sólo recibiendo y aprobando la rendición de $86.997.500, manteniendo pendientes de rendir la suma de $373.002.500, existiendo antecedentes que podrían indicar el delito de apropiación indebida del dinero del programa por parte de la Fundación ProCultura”, detalló.
- Eduardo Yáñez añadió que un oficio de Contraloría dejó en evidencia “los escasos niveles de resguardo del patrimonio fiscal”.
- “Es sobrino de la ex Encargada Nacional de Asentamientos precarios del MINVU, señora Verónica Serrano Madrid quien actualmente trabaja como arquitecta a contrata en la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo”, cerraba la solicitud.
- El 19 de noviembre, el tribunal optó por autorizar “la interceptación, registro y monitoreo de otras formas de telecomunicación, tales como (SMS, MMS, WAP y GPRS), así como las solicitudes de tráfico de comunicaciones telefónicas o de tráfico o contenido de otras formas de telecomunicaciones, cuando estas últimas sean técnicamente posibles”.
- La diligencia quedó a cargo de la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana (BRIAC) de la PDI.
Teléfono equivocado. Dos días después, la Fiscalía de Coquimbo fue notificada por funcionarios de la PDI, vía correo electrónico, de que el número de teléfono de Crispi que estaba registrado estaba errado. “Fue posible constatar que dicha línea telefónica es utilizada por un tercer sujeto no identificado, el que según información georreferencial proporcionada por el sistema Vigía, viviría en la Región del Biobío”, se lee en el e-mail.
- El 20 de noviembre, en el marco de su declaración judicial, Crispi entregó su número correcto. Con esa información, Yáñez volvió a pedir interceptar sus comunicaciones, cuestión que el Juzgado de Garantía de Antofagasta autorizó el 22 de noviembre.
“Les doro la píldora”. En enero, Yáñez pidió “renovar la medida intrusiva de interceptación, monitoreo y registro de las comunicaciones telefónicas entrantes y salientes, por el plazo de 60 días”. Además de la argumentación utilizada en noviembre, el fiscal citó dos llamadas que logró pinchar.
- Una de ellas ocurrió el 21 de enero con un interlocutor desconocido, de sexo femenino. Los diálogos que figuran en la carpeta están tarjados.
- Según el informe, en la conversación de 11 minutos, Crispi “comenta a su pareja que planea utilizar sus contactos e influencia con los presidentes de los partidos políticos para buscar respaldo, ya que como lo menciona con sus palabras ‘los recibo todas las semanas, les doy almuerzo, les doro la píldora’, por lo que busca que éstos ‘le presten ropa’ según como lo señala en la comunicación, lo que denota la necesidad de apoyo frente a los hechos en cuestión”.
- También, basándose en publicaciones de prensa, el fiscal sostuvo que “estos nuevos antecedentes nos han permitido esclarecer la participación de Crispi Serrano en los hechos investigados”.
- Sobre ProCultura, afirmó que “era dirigida por Alberto Larraín, cercano al Presidente Gabriel Boric, la cual hasta el día de hoy y respecto únicamente de este convenio, mantiene pendiente de rendir la suma de $373.002.500, cifra a la cual se le debe adicionar el total de dinero que les fue transferido por diversas entidades públicas, en base a distintos convenios que no alcanzaron a ejecutar”.
- Asimismo, señaló que “Crispi asistió el día 6 de enero de 2025, a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que indaga el caso de ProCultura y allí, al ser consultado por la misma, éste indicó textualmente: ‘Como le digo, yo no conocía a ProCultura hasta que se destapó este caso (…) sería imposible recordar todas las fundaciones y todas las instituciones que pasan por esos procedimientos'”.
- “Eso se contrapone (…), al oficio que suscribió de fecha 14 de junio del año 2022, como Subdere, en virtud del cual justifica y valida a la misma, como institución subejecutora del convenio con el Gobierno Regional de Antofagasta”, cierra.
- El 24 de enero, el Juzgado de Garantía autorizó nuevamente interceptar las comunicaciones de Crispi por otros 60 días.
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