Por qué importa. El pasado 20 de noviembre, el entonces jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi (FA), declaró en calidad de imputado por su rol en el caso ProCultura. Fue Crispi quien, en 2022, como subsecretario de Desarrollo Regional, validó a la fundación para que se adjudicara un proyecto por $629.815.000 para pintar tres fachadas en el centro histórico de Antofagasta a $262 mil el metro cuadrado. Esto incluía también capacitación de monitores.
Vínculo con Larraín. “A su pregunta si conocía a esa fecha a Alberto Larraín, conocía su nombre de oídas, ya que en el periodo que fui diputado, participaba en la comisión de salud. Debe ser en ese tiempo cuando escuché su nombre”.
Cuándo conoció ProCultura. “A su pregunta si conocía a esa fecha a la fundación ProCultura, no conocía de ésta (…). A ProCultura la conocí al momento que se hizo público los problemas”.
Presiones desde ProCultura. “No recuerdo haber recibido contactos para gestionar proyectos ejecutados o postulados por la fundación ProCultura a través de Gobiernos Regionales u otro organismo público”.
Nexos en RD. “En la fundación de Revolución Democrática, antes de que se conformara como partido político, fui su presidente. Mientras no se formalizaba como partido político fui consejero político en el año 2014 o 2015, luego solamente he sido militante”.
Financiamiento de campañas. “El financiamiento de mi campaña de reelección como diputado fue a través de la devolución de votos que realiza BancoEstado conforme a la legislación vigente y aportes particulares, siendo todos públicos (por lo que recuerdo). La administradora de mi segunda campaña fue Lola Hiernaux”.
Los convenios. “Existe otra forma de relacionamiento con los gobiernos regionales, la cual es validando a un ente técnico que el gobierno regional quisiera que ejecutara un proyecto que fuese financiado con recursos propios”.
Antofagasta. “Respecto a la exhibición del Oficio 2377 del 14 de junio de 2022 de la Subdere, reconozco mi firma en este documento, cuyo contexto corresponde a una aprobación final para validar un ente subejecutor”.
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