Quienes han estudiado el fenómeno de los escándalos políticos coinciden en que hay tres leyes que se repiten en casi todos los rincones del mundo. Primero, suelen estar vinculados al financiamiento ilegal de la política.
Segundo, como en el ajedrez, una vez que el caso estalla el objetivo prioritario es salvar a cualquier costo la cabeza de la figura de mayor jerarquía, que muchas veces es la del jefe de gobierno. Por último, y esta es una lección que Podemos no le enseñó al Frente Amplio, el efecto más demoledor acostumbran ser las maniobras y mentiras para encubrirlo.
Bajo esas tres premisas, el Caso Pro Cultura -una de las ramificaciones del Caso Convenios- es un escándalo político de manual (en este caso ejecutado por amateurs). Desde 2023, cuando salió a la luz pública, lo que se ha visto son intentos de encubrir los hechos por parte de dirigentes del FA y de personas cercanas al círculo presidencial, además de otro clásico: embestir contra funcionarios encargados de la investigación.
La ofensiva que han lanzado desde un sector del oficialismo contra el fiscal Patricio Cooper por solicitar grabar el celular al Presidente -lo que puede ser discutible, pero la ley lo faculta- busca removerlo cuando se empiezan a divulgar los expedientes del caso.
El fiscal tiene la sospecha fundada de que las platas estaban destinadas a la última campaña presidencial del oficialismo: “Tenemos una confesión de que dineros provenientes de convenios que se adjudicó ProCultura derivaron en otros fines, específicamente, en financiamiento irregular de la campaña del actual Presidente de la República (Gabriel Boric). La posible veracidad de esta afirmación se puede fundar en el antecedente anterior, es decir la estrecha relación entre Larraín Salas y el actual Presidente de la República”.
De la investigación se desprende que dos de las personas más importantes en el caso ProCultura, que hasta donde se sabe hay al menos $ 6.000 millones cuestionados, son el siquiatra Alberto Larraín y el ex subsecretario de Desarrollo Regional y ex jefe del segundo Piso de Boric, Miguel Crispi.
La inspiración del mecanismo proviene del ex dirigente de Podemos, Íñigo Errejón, quien recomendó a sus compañeros de viaje chilenos crear fundaciones, para no pasar apreturas cuando estén fuera del poder. Podemos y Errejón cayeron en desgracia y hoy son irrelevantes en la política española. Los aprendices y su poder se separan rápido.
A ese consejo del camarada Errejón se atribuye la creación de fundaciones, la firma de contratos para obtener fondos públicos, su tercerización y la diferencia entre lo pagado a esas sociedades de papel y lo que fue a parar a una caja clandestina. El siquiatra Alberto Larraín no es el único que usó el mecanismo, pero ciertamente es el más connotado por su afinidad con el Presidente Boric, cuya larga amistad y relación se ha buscado negar. “No soy parte del círculo del presidente”, señaló en una entrevista en julio de 2023.
La verdad es que ambos se conocen hace más de ocho años, cuando él y el entonces diputado Boric trabajaron en un proyecto relacionado con personas con TOC. Más curiosa fue la afirmación de Crispi, entonces presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, de que solo lo conocía “de oídas”. Primero, porque posteriormente reconoció que efectivamente lo conocía. Segundo, porque dada su cercanía con Boric, era virtualmente imposible que no tuviera una relación con él.
Más importante: Crispi, como subsecretario de Desarrollo Regional, fue quien avaló la reasignación de fondos públicos para que el gobierno regional de la RM, a cargo de Claudio Orrego, firmara un contrato de más de $ 1.600 millones con ProCultura. Cuando la Cámara lo citó a declarar por Convenios, Crispi agotó todos los recursos para no asistir, con la colaboración del entonces ministro de Justicia. Cuando fue, al salir dejó más sospechas sobre su rol que cuando entró.
Ahí surge una pregunta inevitable: ¿Por qué el Presidente Boric ha buscado proteger a esas dos personas tan cercanas que han sido vinculadas a graves irregularidades? ¿Por qué Crispi ha sido amparado por el gobierno? Solo salió de La Moneda en marzo pasado y por otro caso, uno más, donde hubo sospechas de irregularidades: la fallida venta de la casa de Allende al fisco. Lo mismo con Larraín: el presidente no lo ha mencionado ni menos criticado, lo que en más de un sentido equivale a protegerlo (y protegerse).
Otro episodio ilustrativo es la declaración de este jueves a T13Radio de la vocera de gobierno, Aisén Etcheberry: “Es de público conocimiento que Josefina Huneeus trató al Presidente en 2018 cuando él era diputado y se dio a conocer esto, que también es de público conocimiento, el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). Ella fue su psiquiatra en ese momento”.
¿”De público conocimiento”? Jamás se había dado a conocer que Josefina Huneeus fue la siquiatra de Boric. El que era identificado como el profesional de esa área que atendía al presidente, aunque jamás en público, era Larraín, ex esposo de Hunneus. La conversación fue en 2023, cuando se le había incautado el celular al director de ProCultura y había un ataque de nervios colectivo en el círculo presidencial.
Aquí, una parte de ese diálogo entre Boric y Hunneus, cuya grabación es parte de la investigación.
Boric: “Qué increíble. Hay que estar preparado para eso, porque él entregó su celular, todas las cosas”.
Hunneus: “Entregó su celular y computador, ahora él tenía un sistema que se le iban borrando… es un despelotado, o sea no sé si tiene todo guardado como Hermosilla en un súper iPhone, no tengo idea”.
Boric: “O sea, jamás haría algo ilegal, pero quizás de idiota, como le puedo haber dicho “oye, qué interesante este proyecto” como no sé, pero…”
Boric: “Saqué todos mis celulares antiguos pa ver si tenía mensajes con él, porque me imagino que … o sea yo hablaba con él, era cercano no me voy a hacer el hueón con eso”.
Hunneus: “Obvio, obvio”.
Boric: y atendió a mi hermano, o sea … y no pude recuperar los teléfonos, los mensajes antiguos, pero yo no me … esto que dice a Flies (Gore de Magallanes) “yo hablé con el presidente y está enterado” la verdad, no me acuerdo, pero digo como “puta quizás” …
A estas alturas no se puede albergar ninguna esperanza sobre la disposición del Ejecutivo y de al menos una parte del oficialismo para ayudar a aclarar el escándalo de ProCultura. Tal como ocurrió con los indultos y con el caso Monsalve, entre otros.
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