Nos encontramos en plena temporada electoral. Candidaturas de distinto signo político se preparan para las primarias o afinan su estrategia para llegar con fuerza a la papeleta de la primera vuelta en noviembre. En ese marco, la conversación pública estará centrada, inevitablemente, en los programas, visiones de país y promesas que cada candidato ofrece a la ciudadanía. Entre los temas que han emergido como prioritarios destacan la seguridad y el crecimiento económico. Ambos, sin embargo, no son ajenos a la infraestructura.
Desde el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) creemos firmemente que una estrategia de desarrollo sostenible y duradera solo puede sostenerse sobre una base sólida de infraestructura. Y no hablamos únicamente de grandes obras visibles. Hablamos de estructuras materiales y funcionales que permiten que las ciudades operen con eficiencia, que la economía fluya con agilidad, que la vida cotidiana sea más digna y productiva.
La infraestructura urbana, por ejemplo, es clave. Una ciudad con buena conectividad, servicios públicos accesibles y espacio público de calidad no solo mejora la calidad de vida de sus habitantes: también potencia su productividad, reduce tiempos y costos de desplazamiento, facilita el acceso al empleo y a servicios esenciales como salud y educación. No se trata solo de construir más viviendas, sino de hacerlo en lugares con buena infraestructura, bien conectados, evitando la expansión desordenada que genera más problemas que soluciones.
Por otro lado, la infraestructura logística tiene un impacto directo en nuestra competitividad como país exportador. Un sistema eficiente de transporte y distribución reduce los costos de producción y abre oportunidades a nuevas inversiones. Mejores caminos, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y centros de distribución no solo facilitan el comercio: también generan empleo de calidad, dinamizan territorios y bajan los precios de productos para el consumidor final.
En un país golpeado por el cambio climático, la infraestructura hídrica se vuelve un tema de primer orden. Necesitamos garantizar el acceso al agua potable, pero también asegurar este recurso para actividades productivas clave como la agricultura, el turismo o la pequeña minería. La gran minería ya ha avanzado significativamente en soluciones como la desalación y la recirculación; es hora de escalar estas experiencias al resto del sistema.
Chile también cuenta con un enorme potencial en energías limpias. El hidrógeno verde, los centros de datos, y otras industrias intensivas en energía renovable, podrían transformarse en motores del desarrollo económico si se les entrega una infraestructura adecuada. El país tiene una oportunidad única de posicionarse como actor relevante en la transición energética global, pero para lograrlo se requieren decisiones políticas valientes, con visión de largo plazo.
Y en materia digital, no podemos olvidar que Chile lidera a nivel de América Latina. Este activo nos convierte en destino atractivo para industrias globales que buscan conectividad, estabilidad y talento. Potenciar esta ventaja exige más que solo velocidad de internet: implica planificación territorial, inversión en redes y una mirada estratégica del uso de la tecnología.
Esperamos que esta campaña electoral no se limite a eslóganes, sino que convoque a los candidatos a mirar el desarrollo futuro del país. Apostar por la infraestructura no solo es una promesa de campaña atractiva: es una decisión responsable y estratégica. Porque la infraestructura no solo crea empleo, reduce brechas o reactiva la economía. Sobre todo, crea oportunidades. Y eso es, al final del día, lo que cualquier gobierno debiera procurar.
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Laudato Si’: Un llamado urgente a repensar la economía. Por Claudia Pabón. https://t.co/GoCcrHLKBS
— Ex-Ante (@exantecl) May 7, 2025
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