La destitución de Isabel Allende fija un preocupante precedente que difícilmente será superado. No solo porque su salida constituye la primera vez que se remueve a una senadora titular de su cargo, sino también por el daño simbólico que le infringe a lo que es, sin duda, el máximo referente de la izquierda nacional.
Cuando menos, la destitución deja bastante que desear sobre los más cercanos al expresidente, que desde el Ministerio de Defensa y la Cámara Alta hicieron lo posible por facilitar la venta de la vivienda de Guardia Vieja a un precio conveniente, siempre y cuando el traspaso no les mermara el control sobre la dirección de la propiedad después de su venta.
Pero lo peor va mucho más allá del límite de la ambición personal en la esfera pública. Lo peor va incluso más allá de la propia exsenadora Allende o su sobrina Maya Fernández. Lo peor es el rol del gobierno en el asunto, que fue quien instigó el negocio, que lo procesó después, y que cuando no le resultó, declinó asumir cualquier responsabilidad.
Por lo menos eso es lo que se puede concluir a partir de la defensa de la familia del expresidente, que insiste en que la idea de la compraventa no viene de ellos, sino que proviene de un plan más amplio del gobierno que incluye no solo adquirir la casa de Salvador Allende, sino también la de Patricio Aylwin. Esto, según ellos, los absolvería no solo de la tasación del inmueble, sino que también les impediría rechazar la oferta, haciendo la oferta imposible de rechazar.
Lo que la defensa omite, en cambio, son todas las gestiones que se hicieron de su parte desde al menos 2023 en adelante, para mostrar la casa, presentar un plan de comodato, y facilitar una alianza entre el Estado y privados que permitiera cerrar el negocio a la brevedad, a pesar de estar al tanto de una minuta que circuló en abril de 2024 advirtiendo precisamente la complejidad política y jurídica de llevar a cabo una compraventa, considerando que una senadora y una ministra estaban involucradas.
Claro, el problema no es solo de la parte vendedora, es también de la parte compradora, el gobierno, que también hizo lo propio, poniendo al contrato en un procedimiento acelerado, moviendo la operación desde el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural al Ministerio de Bienes Nacionales, también ignorando todo tipo de advertencia sobre las graves falencias del trato. En este aspecto, la familia puede sostener que no sabía lo que estaba haciendo el gobierno, mientras que el gobierno no puede decir lo mismo.
Al menos no puede decir que no tuvo la oportunidad para entender lo que estaba en juego. Para que la compra se concretara, tuvieron que firmar diecisiete abogados. No un abogado, ni dos abogados, ni tres, ni cuatro, sino que diecisiete abogados, todos empleados por el Estado.
Esto llama la atención, en tanto puede ser que a un abogado se le haya podido pasar algo tan fundamental, pero que a diecisiete abogados distintos, sin contar todas las personas que además tuvieron acceso al documento antes de entregárselo al Presidente de la República para su firma, les haya pasado lo mismo, representa un nivel de error mayor.
Ahora, si el gobierno hubiese recibido el fallo del Tribunal Constitucional con altura de miras, entendiendo que por lo bajo las cosas se hicieron mal, se hubiese ubicado en el camino hacia la redención. Pero, al cuestionar la motivación del Tribunal, decidió atrincherarse en una disputa política fútil que solo puede perder.
Las palabras de la vocera del gobierno, Aisén Etcheverry, poniendo en duda la actividad y las intenciones de los abogados del TC, hablando de “un precedente grave”, no solo agravan la falta inicial, sino también revelan una clara falta de altura de miras. En vez de mirar los hechos, reflexionar sobre lo que se pudo haber hecho mejor, y realizar una autocrítica honesta, profundizó aún más el hoyo en el que se encuentra solo para presentarse como víctima.
En resumen, el gobierno promovió una compraventa que terminó siendo considerada inconstitucional, pero, para ellos, la culpa sería de otros. Terminó indirectamente forzando la destitución de la militante y senadora socialista más emblemática de la historia de la izquierda, pero, para ellos, la culpa también sería de otros. Y terminó manchando el legado de la figura política más valiosa para su sector, pero, obviamente, para ellos la culpa sería de otros.
Todo esto muestra el meollo del problema, y ejemplifica de forma perfecta por qué el gobierno está destinado a fracasar. Incluso si el espíritu de la idea fuese noble, todo lo que se hizo para comprar la casa de Allende, subirle el precio, cubrir las advertencias y clamar inocencia después, se hizo mal. Y no solo eso: probablemente no se pudo haber hecho peor.
Quizás si la idea hubiese venido de la senadora destituida o incluso de la Ministra removida, el problema se podría haber disipado con el tiempo. Pero dado que la idea no vino de ellas, sino del propio Presidente de la República—tal como admitió en la misma entrevista en que sostuvo no entender cómo a diecisiete abogados del gobierno se les pudo haber pasado la dimensión inconstitucional del contrato—, es imposible separar el fracaso de la compraventa del corazón de quien la encargó.
Así, el fracaso no solo puede ser leído como la incapacidad del gobierno para poder hacer hasta lo más técnicamente fácil, sino que además, como consecuencia de lo anterior, una estocada al corazón del socialismo y a la memoria de Allende mismo.
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