Como si no bastase la cadena de errores del presidente Boric, que culminaron con la destitución de la senadora Isabel Allende y la salida del gabinete de Maya Fernández Allende, el mandatario ha seguido agravando la crisis que tiene en vilo a su gobierno.
Una crisis que agravia a la familia del principal ícono de la izquierda chilena y de la que el mandatario es el gran responsable. Y que como otras que ha protagonizado, le ha quedado grande -demasiado grande-, a él y a su equipo de estrechos, y en gran parte inexpertos, asesores del Segundo Piso de La Moneda.
Este viernes el presidente envió un mensaje desde la India -donde realiza una gira- que contradice la consigna que salieron a repetir en la víspera el vicepresidente Elizalde y la vocera Etcheverry y que cuestionaba el fallo del Tribunal Constitucional (“un precedente grave”). No hay duda que Etcheverry y Elizalde cumplían instrucciones de Boric al criticar el abrumador fallo (8 contra 2). Ese tipo de consignas surgen de propuestas de un comité de crisis y la última palabra siempre es del mandatario.
El presidente se dio cuenta que se estaría metiendo en otro embrollo si repetía los dichos de sus ministros y se limitó lamentar lo ocurrido y halagar a Isabel Allende y su familia. Ya había recibido señales alarmantes sobre el grado de indignación en el PS en su contra y de la crisis entre ese partido, el FA, y La Moneda.
Altos dirigentes del PS señalaron a Ex-Ante que este viernes -mientras se realizaba una reunión de la mesa directiva del partido para analizar la crisis- el presidente conversó con el diputado Raúl Leiva (PS) -que lo acompaña en la gira- y le pidió preguntar si podía sumarse por zoom al encuentro.
La respuesta no solo fue negativa, sino ruda: “Los problemas de los socialistas los solucionamos los socialistas”. Acto seguido, Boric escribió un mensaje en X.
“Respetando las instituciones como me corresponde, puedo afirmar que tengo plena certeza de su integridad (de Isabel Allende), y que jamás, jamás ha intentado sacar ventajas pequeñas. Siempre ha tenido a Chile por delante”, señaló. “Mi sincero cariño y eterno respeto en estos momentos duros. Y por cierto, la figura de su padre, ex Presidente de la República que murió en defensa de nuestra democracia, de Tencha, Beatriz y toda su familia, son universales y jamás serán mancilladas”, añadió.
El presidente no aludió a su responsabilidad ni se disculpó por perjudicar la imagen de la familia Allende o impulsar una maniobra inconstitucional e impresentable: que el Estado chileno comprara la casa del ex mandatario a sus familiares que ocupaban cargos públicos, para convertirla en un museo.
Una casa museo no es una casa museo si el acuerdo excluye los muebles, como se estipulaba en el fallido contrato. Para eso ya existe la Fundación Salvador Allende, a la cual el actual gobierno en sus tres primeros años le traspasó al menos $187 millones.
Boric había reconocido ser el autor de la iniciativa el 16 de marzo, cuando se pensaba que la mayoría de izquierda del TC impediría una sanción a la senadora.
Ahora la molestia del PS ha desatado una crisis de proporciones con el gobierno y el Frente Amplio, cuyo desenlace y eventuales efectos electorales están por verse. Nadie apuesta, en todo caso, que derive en una salida del partido del gobierno.
La cuenta contra Boric también incluye a la familia Allende. La más indignada es Maya Fernández, a quién Boric sacó del cargo en medio de la polémica. La sobrina de Allende ha relatado que hace tiempo le había pedido al mandatario dejar su cargo, y que éste insistió en que superarían juntos el problema. Pero sin aviso previo le solicitó la renuncia en el peor momento para ella.
Nada de lo relatado debería sorprender. Son varias las veces en que el presidente y su equipo de asesores más cercanos -en su gran mayoría miembros del FA- han cometido errores autoinflingidos, por amateurismo o ceguera ideológica.
Un clásico en esa línea fueron los indultos, cuando sacaron de la cárcel a 12 “presos de la revuelta”, autores de todo tipo de tropelías, y a un ex FPMR condenado por asalto a banco, ignorando las advertencias de gendarmería de que al menos 6 constituían “alto riesgo” (uno ya volvió a su habitat por secuestro). El encargado de elaborar la lista de los indultados, con la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos- fue el primer jefe de gabinete de Boric (van tres y contando), Matías Meza-Lopehandía.
La indignación que provocó la medida llevó a la dimisión de ambos personeros y sumió al gobierno en una crisis. Como siempre en estos casos, el presidente no tuvo alternativa sino llamar a un profesional ajeno a su círculo para hacerse cargo: el abogado Luis Cordero, nombrado en Justicia.
Cordero demostró astucia al enfrentar a la prensa con un lenguaje jurídico intrincado y afirmar que todas las preguntas sobre el caso habían sido respondidas, lo que estaba muy lejos de ser verdad. A partir de entonces, cada vez que se le pregunta al presidente Boric si revisó los indultos, repite impasible una versión ficticia: “esa pregunta ya la respondí”. Nadie le ha sacado una palabra más.
Parte de ese guión ya está en desarrollo: un error básico cometido con la supervisión de su 2° Piso, que involucró a 17 funcionarios, sin que ninguno se diera cuenta de la chambonada que estaban haciendo. Otra similitud: el presidente no ha realizado ni un asomo de autocrítica. Por último, pero no menos importante, se trata de una iniciativa que estaba destinada a hacerle un guiño a su nicho político.
La crisis que ahora enfrenta el presidente Boric es políticamente más radiactiva. El PS es el partido que logró mantener a flote su gobierno y el conflicto actual ocurre en un año electoral difícil para el oficialismo y en medio de una crisis económica mundial de consecuencias impredecibles. El riesgo del presidente de terminar su mandato en la irrelevancia es cada vez mayor.
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