Cada 8 de marzo el mundo reflexiona sobre los desafíos que enfrentamos las mujeres en la sociedad. Entre ellos, uno de los más persistentes en Chile es la informalidad laboral, que afecta a más de un millón de trabajadoras, condenándolas a la precariedad, sin acceso a seguridad social, salud ni jubilación digna.
Aunque las cifras han mejorado levemente, la ocupación informal femenina sigue cerca del 30%, con impactos negativos en el desarrollo económico y social de las mujeres. Factores como la carga del cuidado familiar, la rigidez del mercado laboral y una legislación bien intencionada, pero con efectos adversos, perpetúan el problema.
El alza del salario mínimo sin mejoras en productividad, junto a una seguidilla de nuevas regulaciones que encarecen artificialmente el empleo, han llevado a muchas empresas a reducir costos mediante automatización o externalización, afectando la contratación formal. En sectores como el comercio y los servicios, donde la informalidad es mayor, una de cada tres trabajadoras opera fuera del sistema, afectando a más de 250 mil mujeres.
Las soluciones han sido insuficientes. Si bien se ha hablado de actualizar los subsidios laborales y de implementar medidas de flexibilidad, la agenda legislativa parece moverse en dirección contraria, con iniciativas que elevan aún más los costos de contratación, acelerando la automatización y dejando a miles de trabajadoras en la incertidumbre.
La falta de acceso a capacitación también juega un rol crucial, pues sin oportunidades de desarrollo, muchas mujeres quedan atrapadas en una dinámica que limita su crecimiento económico y profesional. Esta falta de desarrollo profesional no hace más que incentivar la desigualdad de género en el ámbito laboral y refuerza la precariedad económica de las mujeres.
Pero también es necesario que el Estado cumpla su rol fiscalizador con convicción, sancionando la informalidad y garantizando que el empleo formal sea una alternativa real y accesible. La actividad informal es ilegal y no puede ser tolerada bajo ningún pretexto. Debe ser perseguida y castigada conforme a nuestra legislación, aunque aquello sea impopular.
Es imperativo cambiar el rumbo. Es momento de priorizar una agenda laboral orientada al futuro, que no mire cada iniciativa de manera aislada, sino que tenga un diseño, orientación y ejecución coherente con el propósito de generar empleo formal y de calidad, con equidad de género y que modernice el mercado laboral.
Sin embargo, vemos en la agenda legislativa iniciativas como la extensión del postnatal que, si bien pretende beneficiar a la mujer, en la práctica incrementa aún más la brecha de género, atentando contra uno de los grandes desafíos que debemos superar.
Por el contrario, la promoción de una ley de sala cuna universal con financiamiento estatal es una deuda pendiente que podría facilitar la inserción laboral femenina, contribuyendo a reducir las desigualdades de género.
En un país que crece menos y que soporta un mayor desempleo estructural, la necesidad de actuar con una mirada pro empleo es ineludible. No hacer nada, o peor, atentar contra la creación de trabajo, significa abandonar a los grupos más vulnerables del mercado laboral, donde lamentablemente siempre destacamos las mujeres.
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