-Hay un debate en torno al déficit fiscal en el que se argumenta que el problema no es el gasto, sino los ingresos mal calculados. ¿Cuáles son los principales desafíos en materia de política fiscal?
-Hay dos dimensiones clave. Primero, la credibilidad institucional se construye en el tiempo y cumplir con las metas autoimpuestas es fundamental para mantenerla. No minimizaría la importancia de este compromiso, ya que los países soberanos establecen objetivos y cumplirlos fortalece la confianza en sus políticas.
Segundo, si hay una desviación en el déficit fiscal, la respuesta inmediata se puede dar desde el lado de los ingresos o desde el control del gasto. Reestructurar el sistema tributario y hacerlo más competitivo es un debate válido, pero sabemos que estos cambios toman tiempo y requieren acuerdos políticos complejos. En el corto plazo, para cumplir con los objetivos de consolidación fiscal, límite de deuda y balance estructural, el mecanismo más viable es una política más austera de gasto.
-Pero la reducción del gasto conlleva resistencia política por los programas que se ven afectados.
-Hay que distinguir entre los desafíos estructurales de largo plazo y las urgencias fiscales inmediatas. En el largo plazo, las democracias deben responder a una creciente demanda por servicios públicos de calidad. Sin embargo, en el corto plazo, cuando el gobierno ha establecido un objetivo de consolidación fiscal y control del déficit, el margen de acción se reduce y las medidas deben implementarse rápidamente.
El Consejo Fiscal Autónomo ha hablado de un ajuste del gasto de 0,5% del PIB, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha mencionado un ajuste de hasta 1% del PIB. Son cifras significativas y, aunque políticamente difíciles, necesarias. Pretender que es posible ajustar el gasto sin afectar programas o servicios es una ilusión.
-¿Hay responsabilidad política en el mal cálculo de los ingresos fiscales de 2023 y 2024?
-Siempre hay errores de proyección. En 2024, por ejemplo, hubo una menor recaudación tributaria de aproximadamente US$ 4.000 millones en parte por una menor demanda interna. La planificación fiscal se basa en estimaciones, y cuando la realidad económica cambia, las políticas deben ajustarse en consecuencia. Chile tiene una regla fiscal que exige reaccionar ante sorpresas como estas.
Aún queda pendiente la discusión sobre rebalancear la carga tributaria. Ahí hay que tener mucho cuidado para evitar que la carga tributaria neta termine reduciéndose, lo que podría ser contraproducente.
-Pero las señales de menor recaudación ya eran evidentes en 2023 y no se ajustó el gasto hasta fines de 2024.
-La responsabilidad de ajustar el gasto no es solo del Ejecutivo, sino también del Parlamento. El sistema político debe tener la capacidad de reaccionar adecuadamente. Si los países no cumplen sus metas fiscales, es un problema colectivo. Lo importante es tomarse en serio estos compromisos y actuar en consecuencia.
-¿Cuáles son los sectores que podrían verse más afectados por este ajuste fiscal?
-Los principales componentes del gasto en Chile son salud, seguridad, educación y pensiones. No es evidente cómo hacer un ajuste del orden de un punto del PIB sin tocar estas áreas clave. Una reducción de la Pensión Garantizada Universal (PGU), por ejemplo, sería políticamente inviable.
Si miramos casos anteriores, un ajuste importante fue el fin del IFE universal, que representó una cantidad considerable de recursos. Sin embargo, ajustes de este tipo no son permanentes. En el mediano plazo, lo que se necesita es mejorar la eficiencia del gasto público, priorizando aquellas áreas que generen mayor impacto en el crecimiento económico.
-Se suele hablar de que en el Estado hay “grasa” que se puede recortar. ¿Es así de fácil?
No es tan sencillo. La OCDE, en su informe sobre Chile, no ve una ineficiencia estructural evidente en el tamaño del Estado chileno. Comparado con otros países avanzados, el sector público en Chile es más pequeño.
El gasto público se concentra en salud, educación, seguridad y pensiones. No es evidente cómo hacer un ajuste del orden de un punto del PIB sin tocar estas áreas clave. Recortar programas sociales como la Pensión Garantizada Universal (PGU) o reducir transferencias sería altamente impopular y complejo políticamente.
-¿Cómo afecta la estructura productiva postpandemia a la recaudación fiscal?
-La economía chilena ha cambiado. Aunque el PIB creció en línea con lo proyectado en 2024, el consumo y la demanda interna fueron menores a lo esperado, lo que impactó la recaudación tributaria. Vemos sectores que han crecido con fuerza, como energía y servicios, mientras que otros, como el comercio, han sido más volátiles.
Esto hace que las proyecciones sean más difíciles. De hecho, proyectar recaudación tributaria es particularmente complejo porque el IVA se usa para calcular el PIB, por lo que no se pueden utilizar datos del PIB para proyectar impuestos. Es un trabajo técnico desafiante que requiere modelos sofisticados para estimaciones precisas.
-El Banco Central ha reducido la tasa de política monetaria, pero el mercado financiero ya no ve más bajas. ¿Por qué?
-Hay cuatro hipótesis que explican esto. Primero, podría tratarse de un efecto de primas por riesgo inflacionario global, lo que impacta en las tasas locales. Segundo, la economía podría estar acelerándose tras los ajustes tributarios y la baja de tasas previas. Tercero, el PIB potencial podría ser menor de lo que se pensaba, en torno al 1%-1,5%, lo que limitaría el espacio para una política monetaria más expansiva. Finalmente, existe la percepción de que el Banco Central está siguiendo más de cerca a la Reserva Federal de EE.UU., aunque esto no necesariamente sea cierto.
Estas cuatro hipótesis es bueno despejarlas y el Banco Central deberá entregar una cierta visión de cómo esto encuadra con el actual ciclo.
-En un año electoral, el debate sobre el crecimiento económico cobra relevancia. ¿Cómo se puede retomar una senda de crecimiento sólido?
-En Chile hubo un tiempo en que crecimos gracias a condiciones externas favorables, post guerra fría y los acuerdos postdictadura. Pero las reformas estructurales de crecimiento han sido escasas en la última década.
Hemos visto una serie de reformas redistributivas -como la PGU, los IFE y la gratuidad universitaria-, pero pocas de impulso al crecimiento. Ahora no hay espacio para seguir redistribuyendo; el enfoque debe ser reactivar el crecimiento económico.
Chile tiene ventajas comparativas, especialmente en energías renovables e integración financiera. Pero aprovecharlas requiere inversión en infraestructura y regulaciones eficientes.
-¿Cómo evalúa el desempeño del ministro de Hacienda en este contexto?
-No me gusta evaluar personas, pero lo que sí está claro es que el debate político ha internalizado que los límites fiscales son reales. El próximo gobierno, del signo político que sea, tendrá que enfocarse en crecimiento. Punto. No hay espacio para redistribución.
No es un tema de voluntad política, sino de realidad económica. Chile no tiene los recursos fiscales para seguir ampliando el gasto sin afectar la sostenibilidad de sus finanzas públicas. Por eso, lo que viene es una discusión profunda sobre cómo mejorar la productividad, fomentar la inversión y aumentar la competitividad del país.
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