“No son 30 pesos sino 30 años”, se transformó en lugar común del discurso social y político del estallido y de la campaña que llevó a Gabriel Boric a convertirse en presidente de Chile. Reflejaba la peregrina idea de que Chile debía partir de cero, negando los avances políticos, sociales y económicos de las décadas precedentes y revolucionando las políticas públicas que los permitieron.
Precursor de este ninguneo del pasado fue la mentada “retroexcavadora” del discurso de algunos de quienes gobernaron con la Nueva Mayoría, porque el intento de asesinato de la Concertación protagonizado por la nueva generación política de izquierda fue precedido de varios intentos de suicidio. La tesis del reemplazo no habría encontrado asidero sin la previa capitulación de buena parte de la Concertación, que abandonó casi sin lucha el orgullo de su obra y, como se sabe, el que no defiende su pasado tiene muy poca opción de proyectarse al futuro.
“No más AFP” es otro ejemplo del daño que pueden hacer las consignas cuando reemplazan a las políticas públicas. Porque esa simple negación no alcanza para convertirse en opción concreta de reforma y frente a los severos problemas del sistema previsional chileno, llevó a muchos a resucitar como alternativa de reforma el regreso de un idealizado e inviable sistema de reparto, desconociendo la gigantesca disminución del número de ciudadanos activos por cada pensionado de las últimas décadas e ignorando que quien no alcanzaba a completar 15 años cotizando el 20% de su salario no tenía derecho a pensión.
Esta ceguera condujo a los retiros de buena parte de los ahorros previsionales entre 2020 y 2023 e impidió que razonables proyectos de reforma para aumentar el ahorro y profundizar el carácter mixto del sistema fueran aprobados durante los gobiernos de Bachelet y Piñera.
“Educación Pública, Gratuita y de Calidad” y “No al Lucro”, decían las pancartas del movimiento estudiantil de 2011 encabezado por algunos de los más conspicuos integrantes del gobierno actual. Esta consigna tuvo apoyo sin precedentes en la sociedad y estuvo a la base de la propuesta de reforma educacional del segundo gobierno de Bachelet, que terminó con la selección en los establecimientos y puso fin al copago.
Corrían tiempos en los que predominaba la voluntad de igualación por sobre la del progreso, había que quitar los patines a unos para que no siguieran distanciándose de los otros, había que impedir que la clase media ascendente aportara a la mejora de las condiciones en que se educaban sus hijos, había que dificultar la salida de estudiantes de los establecimientos por razones disciplinarias o de rendimiento escolar.
Pero una cosa son las consignas y otra completamente distinta el diseño de políticas públicas, que pueden provocar el efecto inverso al buscado cuando carecen de estudio, de evaluación de su impacto posible, de análisis de los cambios que puede producir la modificación de los incentivos.
Se quería fortalecer la educación pública y el efecto indiscutido fue su debilitamiento. Porque en lugar de aprovechar el apoyo político y social de la época para invertir más en la educación pública a través de importantes aportes basales o de mejorar las condiciones de trabajo a los docentes de ese sector educativo, para detener y revertir la tendencia instalada al retroceso de la matrícula en la educación pública en desmedro de la particular subvencionada, se buscó debilitar a esta última, obligándola a convertirse en fundaciones e impidiendo la selección de su alumnado por mérito o vocación.
El efecto de la reforma -es indiscutible- no fue el fortalecimiento de la educación pública, sino todo lo contrario, la profundización de la tendencia a su debilitamiento. La matrícula pública continuó cayendo y de paso fueron destruidos en su identidad los acorazados de la “educación pública, gratuita y de calidad”, al punto que en la PAES 2024 sobrevive sólo un establecimiento público entre los cien mejores del país, el Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa, que quedó en el puesto 44 (cayó 23 lugares en el ranking).
Sin duda había que mejorar el sistema de selección que regía hasta 2015, pero se botó el bebé junto al agua sucia de la bañera. Era de justicia terminar con las discriminaciones de origen social, económicas, de orientación sexual o de estado civil de los padres, pero se puso fin a la selección por mérito y por disciplina, también por vocación, rompiendo un principio clave, que el rendimiento es mayor cuando se quiere y valora el establecimiento donde se estudia, la disciplina y el estudio son mayores cuando ha habido un esfuerzo para ingresar, cuando se ha rendido una prueba o cuando se han completado unos requisitos previos de notas y comportamiento. Todo eso fue pulverizado con el sistema centralizado de ingreso a los establecimientos públicos y particulares subvencionados del país. Sólo los colegios pagados mantienen ese privilegio.
La consecuencia de este proceso de deterioro progresivo de la educación pública -y también de la particular subvencionada- es profunda para el desarrollo futuro. Los últimos espacios de integración social que quedaban en Chile -los liceos emblemáticos- dejaron de serlo y las élites políticas, profesionales, económicas y culturales saldrán íntegramente de los colegios particulares pagados. Escribo esto desde el dolor de exalumno del Internado Nacional Barros Arana, mi querido INBA, formador de numerosos presidentes de Chile y figuras destacadas en el ámbito político, cultural, científico y empresarial por más de un siglo.
Es hora de restablecer la selección por mérito, aislándola técnicamente de todos sus componentes asociados de condición económica y capital cultural de las familias; una terapia de shock para que los liceos emblemáticos vuelvan a contribuir a que jóvenes de la clase media formen parte de la élite de la república; un plan maestro contra la deserción escolar, el consumo de drogas y la violencia escolar, entre muchas tareas más justas y necesarias que la extinción de los créditos que pagan hoy quienes lograron una profesión.
Esperemos que quienes nos gobiernen desde marzo 2026 al 2030 no reemplacen una consigna por otra, sino por políticas públicas bien pensadas, con medidas consistentes al objetivo de recuperar la educación chilena en su capacidad de integración social y de formación para la vida.
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