Qué observar.Varios proyectos de inversión en Chile llevan años detenidos o enfrentan importantes demoras debido a excesivas trabas burocráticas. Algunos están judicializados, mientras que otros permanecen estancados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Una parte de estas iniciativas ya cuentan con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, mientras otras aún esperan obtenerla.
Dominga. La historia de este proyecto data de 2013, cuando fue ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La iniciativa contempla la construcción de dos minas para la extracción de concentrados de hierro y cobre, y un megapuerto para exportar su producción. Significa una inversión aproximada de US$ 3.000 millones.
Puerto Exterior. El Proyecto Puerto Exterior de San Antonio nace en 2013 como respuesta a las tendencias de crecimiento de la población, economía y de las exportaciones e importaciones. Se estima que su construcción se concrete en unos 10 años más. La iniciativa significa una inversión de US$ 4.000 millones.
Puerto Valparaíso. Puerto Valparaíso, el segundo más importante de Chile, ha tenido que enfrentar los obstáculos de la denominada permisología para concretar una inversión de más de US$ 850 millones, la que permitiría mejorar su capacidad y eficiencia. El proyecto, llamado Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL), lleva más de 10 años de tramitación ambiental.
Desarrollo de Collahuasi. En suspenso se encuentra la RCA favorable que obtuvo en 2021 Collahuasi para extender la vida útil del proyecto minero y construir una planta desaladora con una inversión de US$ 3.200 millones. La iniciativa es clave -entre otras cosas- para la disminución del uso de agua continental.
Cardones-Polpaico. A pesar de que la línea de transmisión eléctrica “Cardones-Polpaico” ya fue construida y se encuentra operando, aún no culmina su tramitación ambiental. El proyecto -que significó una inversión de US$ 1.000 millones- se encuentra bajo un nuevo proceso de participación ciudadana luego de que la Tercera Sala de la Corte Suprema -encabezada por el ministro Sergio Muñoz- invalidara la RCA aprobada en 2015.
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