Lorenzo Soto, el abogado especializado en presionar a inversionistas apunta a megaproyecto de Collahuasi

El futuro de un proyecto de Collahuasi, que busca extender su vida útil y construir una planta desaladora con una inversión de US$ 3.200 millones, es incierto. Aunque obtuvo una RCA favorable en 2021, las asociaciones indígenas lideradas por Lorenzo Soto han presentado múltiples reclamaciones de ilegalidad, llevando el caso al Segundo Tribunal Ambiental. La audiencia de alegatos se realizará el 30 de enero.

Qué observar. En suspenso se encuentra la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable que obtuvo en 2021 Collahuasi para extender la vida útil del proyecto minero y construir una planta desaladora con una inversión de US$ 3.200 millones. La iniciativa es clave —entre otras cosas— para la disminución del uso de agua continental.

• A principios de 2023 surgieron los primeros requerimientos para invalidar la RCA de la iniciativa, alegando deficiencias en la caracterización de la línea base de medio humano, afectación a los sistemas de vida y costumbres de los grupos indígenas de la caleta Chanavaya, afectación a los recursos naturales renovables por las actividades de captación y descarga de la planta desalinizadora, entre otros aspectos.
• El reclamo de ilegalidad pertenecía a las asociaciones indígenas Wilamasi de Pescadores y Aymara de Caleta Chanavaya, y a otras comunidades. El abogado patrocinante: Lorenzo Soto Oyarzún.
• La solicitud pasó al Comité de Ministros, presidido por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.
• En marzo de ese año, el Comité dio luz verde al proyecto, rechazando así las reclamaciones ciudadanas.

La insistencia de las comunidades y Soto. A pesar de la definición de la máxima instancia administrativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en octubre de 2023, Soto y compañía insistieron a través de un nuevo reclamo de ilegalidad.

• Ahora el Segundo Tribunal Ambiental debe decidir si le da cabida al reclamo y así confirmar la RCA favorable o dejarla sin efecto. La audiencia para los alegatos está fijada para el 30 de enero.

Quién es. Lorenzo Iván Soto Oyarzún (52) se tituló como abogado de la Universidad de Chile en 1999 y es doctor en derecho ambiental por la Universidad de Alicante, España. Su trayectoria profesional ha estado marcada por la asesoría a diferentes comunidades, especialmente indígenas, que tienen relación con proyectos de gran envergadura.

• Se ha caracterizado por generar grandes litigios en contra de dichos proyectos, pero recurrentemente buscando grandes acuerdos económicos, escenarios donde incluso ha sido acusado públicamente por llevar esas negociaciones sin considerar a sus representados.
• En 2015, el Ministerio Público abrió una investigación criminal por los delitos de fraude y prevaricación en contra de los abogados Lorenzo Soto y Alex Quevedo Langenegger, según consignó La Tercera.
• Esto luego de que integrantes de la comunidad indígena Diaguita Placeta denunciaran a los abogados por incurrir en una serie de supuestos actos delictivos a fin de alcanzar un acuerdo con los titulares del Proyecto Pascua Lama en Chile, la Compañía Minera Nevada (Barrick).
• Se le ha calificado como “un profesional que presiona fuerte a las empresas, para luego sentarse a negociar”. En el sector privado se comenta que Soto organiza a las comunidades para exigir suculentas compensaciones a cambio de no obstruir a los proyectos.
• En paralelo a sus litigios medioambientales, el abogado fue asesor del exsenador Guido Girardi. De hecho, siguen siendo cercanos.

Soto, el terror de los inversionistas. Cuando llevaba poco tiempo ejerciendo como abogado, Soto se empezó a hacer conocido en la industria minera y energética luego de asesorar a las hermanas Quintreman, quienes obtuvieron compensaciones de Endesa por la Central Ralco.

• Luego de litigar en favor de las comunidades diaguitas en la provincia de Huasco por el proyecto minero Pascua Lama, donde consiguió la suspensión de las faenas, logró que la Corte de Apelaciones de Copiapó ordenara la detención momentánea de los trabajos en el yacimiento minero El Morro.
• Soto también se ha involucrado en la asesoría de opositores en emblemáticos proyectos tales como Cascada Chile, Hidroaysen, Bocamina, Castilla, El Morro y Cerro Colorado.

Respecto al proyecto y sus retrasos. El objetivo general del proyecto es asegurar la continuidad de las operaciones de Collahuasi por un periodo estimado de 20 años, mejorando la capacidad de procesamiento de minerales sulfurados y considerando una fuente complementaria de abastecimiento hídrico, lo que implica una disminución del uso de agua continental.

• Desde el punto de vista territorial, la iniciativa se ejecutará en los mismos sectores en los que actualmente se realizan los procesos productivos existentes de Collahuasi. Estas zonas se denominan Cordillera, Ductos y Puerto Collahuasi, y se localizan en la Región de Tarapacá, provincias del Tamarugal e Iquique y en las comunas de Pica, Pozo Almonte e Iquique.
• Aunque la actual situación judicial que afecta al proyecto no ha sido el único inconveniente que ha sufrido. En julio de 2023, la compañía minera ingresó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), mediante la cual buscaba modificar el cronograma del balance hídrico para los próximos años.
• Esto se debió a que el programa de construcción de la planta desaladora se ajustó a raíz de modificaciones en la ingeniería y mayores plazos en la obtención de algunos permisos sectoriales. Es por esto que la fecha prevista para su puesta en marcha se extendió 18 meses.