Las graves anomalías detectadas por Contraloría en la Subsecretaría de Vivienda que enviará a fiscalía y el CDE

El martes 7 de noviembre Contraloría emitió un informe dando cuenta de la auditoría a las transferencias realizadas por la Subsecretaría de Vivienda entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2023, en 2 programas. Paralelamente indagó operaciones de las secretarías regionales ministeriales (seremi), incluyendo la de Antofagasta, donde surgió el caso Democracia Viva. Esta semana Miguel Crispi, jefe de asesores del Segundo Piso, declaró ante la comisión investigadora de la Cámara. El resultado fue la apertura de un sumario y la decisión de enviar a Fiscalía y al CDE los antecedentes de situaciones que pueden constituir delitos, como los accesos anómalos a correos institucionales. A continuación, los principales puntos.

Potenciales conflictos de interés. “Los convenios de transferencia de recursos suscritos tanto por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo como por las distintas Secretarías Regionales Ministeriales carecen de cláusulas sobre conflicto de intereses”, dijo la página 17 del documento, que indagó los motivos de esta situación.

• “La Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo carece de procedimientos establecidos y lineamientos hacia las Seremis de Vivienda del país, destinados a detectar y prevenir eventuales conflictos de intereses”, dijo.
• Dada esta situación, “dicha subsecretaría no realizó acciones destinadas a identificar relaciones de parentesco entre los funcionarios y los directivos, proveedores o empleados de las organizaciones con las cuales se suscriben convenios de transferencia de recursos”.
• Contraloría dio 60 días hábiles a la repartición para diseñar un procedimiento de control transversal.
• En el caso Democracia Viva el entonces seremi Carlos Contreras fue jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez, quien era pareja del presidente de Democracia Viva, Daniel Andrade. Todos pertenecían a RD. Sobre ese caso, que involucró el traspaso de $426 millones y una seguidilla de causas con otras fundaciones por el país, el contralor Jorge Bermúdez ha dicho que es “casi imposible” recuperar los recursos.
• El caso derivó en la caída, entre otros, de la subsecretaria Tatiana Rojas (RD), quien fue reemplazada por Gabriela Elgueta.

Accesos anómalos a correos electrónicos. El organismo también detectó la entrega de casillas de correo institucionales a personas que no trabajaban en la subsecretaría (situación ya advertida en los comienzos del caso Democracia Viva en la seremi de Antofagasta). También observó que funcionarios desvinculados mantenían correos. Esto traspasó el riesgo potencial, ya que se comprobó accesos anómalos, situaciones que serán informadas a la fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

• Personas ajenas al Minvu. “Se identificó la existencia de 406 casillas de correo electrónicos cuyo RUT no se encuentra vinculado a ninguna contratación por parte de esa repartición pública, de las cuales, 259 se encuentran habilitadas”.
• Extrabajadores. “Realizado un análisis sobre el listado de 5.975 casillas de mensajería electrónica que se encuentran habilitadas a nivel de red de dominio Minvu, se detectaron 89 cuentas de Microsoft Active Directory que se encuentran activas y están asignadas a exfuncionarios que, al 31 de agosto de 2023, no desempeñan labores en el servicio”.
• Conexiones posteriores a la desvinculación. “A partir de las 89 cuentas identificadas como usuarios desvinculados activos en el servicio, se verificó a través del campo ‘Fecha última conexión’ dispuesto en el reporte ‘UserAD’ proporcionado por la DINFO, que 81 cuentas de usuarios presentaron conexión a la red de dominio de manera posterior a la fecha de su desvinculación”.

Criterios opacos para realizar asignaciones directivas. “Se constató que la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, no cuenta con manuales de procedimientos o instructivos formalmente establecidos, que describan, estandaricen y oficialicen directrices a las Seremis de Vivienda respecto de los procesos claves para la asignación directa de recursos, monitoreo, y supervisión de los recursos transferidos, con el objeto de verificar la correcta ejecución de estos”, lo que deberá ser subsanado por el organismo en 60 días hábiles.

• También se detectó una “falta de un procedimiento formal para la selección de las entidades que ejecutarán los proyectos del Programa Asentamientos Precarios, Recuperación de Barrios y Pequeñas Localidades”, antecedentes que serán enviados a la fiscalía y al CDE.

Convenios sin justificar. También se detectaron convenios firmados “sin que el acto administrativo pertinente que autorizó tal método de otorgamiento se encuentre fundado y acredite documentadamente los motivos que lo justificaron”, lo que será remitido a fiscalía y el CDE.

Falta de control de las transferencias y rendiciones. “El control de las transferencias y las rendiciones efectuadas por las entidades receptoras de fondos, en este caso específicamente para las realizadas por los Serviu (…), se realiza mediante el uso de planillas Excel, cuyos datos pueden ser modificados o ser erróneos, pues dichas planillas no mantienen mecanismos de control que permitan resguardar la integridad y confiabilidad de sus registros, no permitiendo asegurar la calidad y exactitud de los montos reportados a terceros interesados en procesar la información”.

• Contraloría instruyó usar una plataforma electrónica para estos efectos.

Documento íntegro a continuación:

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