El proyecto de ley de reconstrucción nacional no es solo una respuesta a emergencias recientes. Representa, sobre todo, un cambio explícito de enfoque tras más de una década en que la política tributaria contribuyó a debilitar el crecimiento, la inversión y el empleo formal. Si Chile pretende financiar de manera sostenible mayores demandas sociales, resulta indispensable discutir con evidencia cómo el diseño tributario ha incidido en ese desempeño.
Desde el año 2000 hasta 2013, la economía chilena creció en promedio 4,4% anual. Entre 2014 y 2025, ese ritmo se redujo a cerca de 2%, con un crecimiento tendencial que bordea el 1,8%. En paralelo, la inversión perdió dinamismo: la formación bruta de capital fijo pasó de niveles cercanos al 27,5% del PIB en 2013 a promedios en torno a 23,7% en la década posterior. El mercado laboral reflejó este deterioro, con tasas de desempleo persistentemente superiores al 8%, un desempleo juvenil por sobre 20% y una informalidad que afecta a más de la cuarta parte de los trabajadores.
La Comisión para el Crecimiento, presidida por Manuel Marfán, abordó directamente este problema. Su diagnóstico fue claro: Chile elevó su tributación corporativa de forma abrupta, pasando de una tasa corporativa de 15% a 27% que costó al país 8 puntos del PIB. Esta alza ubicó al país por sobre el promedio de la OCDE y redujo su atractivo relativo para invertir.
Según la Comisión Marfán, este cambio tuvo efectos adversos medibles sobre inversión, productividad y crecimiento potencial. La comisión concluyó que cada punto porcentual de crecimiento del PIB en Chile genera una holgura fiscal de US$570 millones, destacando que el crecimiento es el motor principal para aumentar recursos fiscales a largo plazo y la inversión, superando la recaudación de reformas tributarias.
El informe fue explícito al advertir que la estrategia basada en subir tasas había llegado a su límite. Señaló que, en ausencia de mayor crecimiento, el aumento de la carga tributaria termina erosionando la base imponible y debilitando la recaudación estructural. Por ello recomendó reducir gradualmente el impuesto de primera categoría y priorizar la estabilidad tributaria como condición necesaria para recuperar inversión.
El proyecto de reconstrucción recoge ese diagnóstico. La reducción gradual del impuesto corporativo hasta una tasa permanente de 23% vuelve a alinear a Chile con el promedio OCDE y corrige una desventaja competitiva que resta oportunidades. Por otra parte, la reintegración total elimina distorsiones evidentes: bajo el régimen vigente, contribuyentes con igual renta enfrentan cargas distintas según el vehículo jurídico utilizado, y cerca de cien mil pymes quedan sujetas a un impuesto plano adicional cercano a 9,45%, que le pega con más fuerza que las grandes empresas.
Una objeción recurrente es que estas medidas reducirían la recaudación fiscal. Sin embargo, la evidencia reciente relativiza ese temor, pues en las décadas de mayor crecimiento del país el 80% de la recaudación fiscal tuvo como fuente el mayor crecimiento económico y no precisamente reformas tributarias. El estancamiento económico, tuvo como consecuencia que, en la última década pese al aumento de tasas, la deuda pública pasó de 5% del PIB en 2008 a cerca de 42% en 2025, mientras la recaudación asociada al crecimiento se estancó.
La Comisión Nacional de Productividad llegó a conclusiones convergentes. Estimó que los costos regulatorios y tributarios actúan como un “impuesto implícito” equivalente a varios puntos del PIB, desincentivando la inversión y retrasando proyectos por años. La combinación de alta carga tributaria e incertidumbre normativa redujo la productividad total de factores, que ha tenido aportes nulos o negativos al crecimiento durante la última década, profundizando la debilidad de la actividad económica.
La certeza jurídica surge, así como un elemento central. La eliminación de la invariabilidad tributaria del DL 600, junto a reformas sucesivas, deterioró significativamente la previsibilidad del sistema. En sectores intensivos en capital, donde los retornos se evalúan en horizontes de veinte o treinta años, esa incertidumbre actúa como un castigo directo a la inversión. El proyecto de ley establece un régimen de invariabilidad por 25 años para inversiones de gran magnitud, permitiendo materializar proyectos hoy postergados.
En paralelo, se contemplan medidas transitorias orientadas a fortalecer ingresos sin afectar la actividad. La repatriación voluntaria de activos en el exterior, con un impuesto único y una tasa reducida para quienes repatríen e inviertan en Chile, busca transformar capitales inactivos en inversión productiva. Algo similar ocurre con los impuestos sustitutivos a utilidades acumuladas, que liberan recursos retenidos por razones tributarias y los reincorporan a la economía real.
En materia laboral, el crédito tributario a la contratación formal responde a otra advertencia clave: el aumento sostenido de costos no salariales incentivó informalidad y debilitó el empleo formal, especialmente en pymes. Subsidiar el costo de la formalización resulta más eficaz que seguir encareciendo la contratación y luego administrar precariedad.
El mensaje de fondo es inequívoco. Sin crecimiento, no hay recaudación sostenible ni política social viable. La reconstrucción más urgente no es solo material, sino fiscal y conceptual. Sentar las bases para volver a poner el crecimiento en el centro de la política tributaria no es una concesión, sino una condición necesaria para el desarrollo de largo plazo del país y la sostenibilidad fiscal.
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