Un año después de que la Corte Suprema determinara medidas de resguardo para los tribunales de Cañete, un nuevo informe de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial -que levantó más de 30 testimonios en juzgados de Lebu, Panguipulli, Victoria y Nueva Imperial, en otros- revela que, pese a que se instalaron rejas perimetrales, ahora se requiere protección a las personas. El documento están en manos del Pleno.
Qué observar. El 27 de julio de 2021, el ministro de la Corte Suprema, Arturo Prado, elaboró un informe que entregó al Pleno sobre la situación de los tribunales de Cañete que ven causas sobre violencia rural y que provocó que se tomaran medidas de seguridad.
- El informe de Prado fue uno de los antecedentes que dio pie para que el gobierno anterior decretara por primera vez el estado de emergencia en la Macrozona Sur.
- “Existe miedo y temor de jueces y funcionarios desde que salen de sus casas para concurrir a trabajar, síntoma que se repite aún cuando permanezcan con trabajo a domicilio”, señalaba uno de los párrafos que redactó el ministro de la Suprema.
Telón de fondo. Un año después, un documento elaborado por la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (Aprajud), tras una visita a tribunales de las jurisdicciones de Concepción y Temuco y que levantó testimonios de jueces y funcionarios, reveló amedrentamientos y pidió un nuevo pronunciamiento de la Corte.
- La asociación, presidida por Patricio Aguilar, levantó testimonios de cerca de 40 funcionarios de tribunales, profesiones y jueces, que entregó recientemente al Pleno de la Corte Suprema pidiendo nuevas medidas de seguridad.
- De acuerdo con el oficio que tiene el Pleno de la Suprema en sus manos, los testimonios de la jurisdicción de Concepción fueron levantados en el Juzgado de Letras y Garantía de Lebu; el Juzgado de Letras y Garantía de Cañete y en el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Cañete.
- En el caso de la jurisdicción de Temuco, tomaron testimonios en el Juzgado de Garantía de Victoria; el Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli; el Juzgado de Garantía de Angol, el Juzgado de Garantía de Nueva Imperial y el Juzgado de Letras de Nueva Imperial.
El informe. Patricio Aguilar señala a Ex-Ante que si bien tras el informe del ministro Arturo Prado se tomaron medidas de seguridad en los tribunales “a través de la instalación de rejas perimetrales y vidrios anti vandálicos”. Esta vez la Asociación pide a la Suprema ir más allá y que se otorguen “medidas para las personas”.
- En 2021, la asociación que preside Aguilar realizó una encuesta nivel nacional que entregaron al ministro de la Suprema Arturo Prado “producto de la sensación de inseguridad existía en la zona particularmente de la jurisdicción de Concepción”, señala.
- Y añade: “Hablamos con administradores de los tribunales, jefes de unidades, con jueces y funcionarios respecto de la sensación de inseguridad, que no es solo una sensación. Y de cómo ellos han tenido que adecuarse para poder enfrentar el ataque de turbas de manifestaciones que tienden no solo a dañar la infraestructura, sino también a amedrentar a las personas”.
- “Cada vez que hay una audiencia de comuneros van las comunidades. Finalmente, el tribunal tiene que tomar resguardo policial. Muchas veces han tenido que cerrar las calles alrededor por temor a que las personas que están presencialmente en el tribunal puedan ver afectadas su integridad física”.
- Aguilar señala que si bien la situación fue más intensa en 2021, en 2022 han habido “menos casos por el estado de excepción” (que decretó el gobierno del Presidente Boric), pero eso no ha quitado que no haya habido ataques”.
- “El estado de excepción hace que, efectivamente, se resguarden el tránsito y los traslados, pero en los caminos rurales no hay protección y eso es muy complejo”.
Los testimonios. El informe entregado a la Corte Suprema, de 30 páginas, contiene testimonios cuyas identidades solo puede conocerlas el Pleno, señala Aguilar. Hubo además reuniones con los funcionarios se reunieron con los presidentes de las Corte de Apelaciones de Concepción y de Temuco y así han levantaron mesas de trabajo con la intervención de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
- Entre los casos que contiene el informe entregado al Pleno, uno de ellos se refiere al de una funcionaria judicial de Cañete cuyo marido es contratista de una empresa forestal y a quien encapuchados incendiaron su camión. “A ella le amedrentaron porque sabían que era judicial. Se ha sentido muy afectada porque además vive en la jurisdicción y tiene temor de ir todos los días a trabajar”.
- “También hay testimonios que revelan los riesgos que hay de los traslados desde sus casas hacia los tribunales. Hay quienes deben atravesar caminos rurales que están cortados. Hay funcionarios que van desde Tirúa a Cañete. El teletrabajo ayuda mucho en esos casos, pero esto no se puede mantener siempre”.
- Aguilar señala que en el caso de la jurisdicción del Bio Bío, “muchos jueces no están yendo a los tribunales y teletrabajan porque eso les facilita no asumir el riesgo de trasladarse a los tribunales. Y eso no es por la pandemia, es por integridad física”.
- “En la comitiva, cuando fuimos a visitar los tribunales, también sentimos esa inseguridad producto de los paros constantes que hay en las carreteras y los cortes de camino. Y pudimos constatar la sensación de seguridad que hay en la zona. Es importante que se visibilice el problema de las personas que deben trabajar donde hay violencia rural”.
- En el oficio, dirigido al preside de la Suprema, Aguilar señala que están haciendo un segundo petitorio que va más allá del resguardo perimetral de infraestructura, “sino que estamos pidiendo protección de las personas.. Entre ellos, “seguros de vida para jueces y funcionarios y que, además, se tramite un proyecto de ley para poder dar una asignación de riesgo para quienes están laborando en zonas rojas”.
- Esa asignación, que ya estaba sugerida en el informe que elaboró el ministro Arturo Prado en el informe de 2021, Aguilar dice que también la tienen las policías y la fiscalía. “Es una especie de incentivo para que las personas quieran trabajar en esta zona, porque si no empezará a suceder que pidan a otras zonas por el riesgo. No es un privilegio; lo contempla la ley”.
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