Venezuela: Las cifras que reflejan la ruina económica que provocó el chavismo
Ex-Ante
El que fuera el país más rico de América Latina entró en un espiral de despilfarro, corrupción e hiperinflación provocado por una política estatista iniciada por Hugo Chávez a partir de 1999 cuando asume la presidencia de Venezuela y promulga una nueva Constitución.
Caída del crecimiento y alza de la pobreza. Al asumir Hugo Chávez la Presidencia en 1999, el Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela según el FMI alcanzaba a los $97,1 mil millones de dólares y el petróleo, principal exportación de ese país, cotizaba a US$ 11 por barril. En 2004, el crudo subió a US$ 32 y en 2008, a US$88. El promedio del barril de petróleo entre 2011 y 2014 fue de US$103.
La economía venezolana tuvo un ingreso que se calcula de US$960.589 millones, más de tres veces lo que Chile produce en un año, gracias al alza en el petróleo.
Estos recursos permitieron que Venezuela mejorase su ingreso, alcanzando su punto más alto en 2008 cuando el PIB superó los US$334,3 mil millones.
Pero las reformas efectuadas, los controles de cambio y de precios, las políticas de clientelismo y la corrupción, la nacionalización de sectores clave, como telecomunicaciones y electricidad, y de empresas estratégicas, como la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV) y Electricidad de Caracas generaron un desincentivo a la inversión, que se tradujo en caídas del crecimiento.
A partir de 2013, la economía venezolana comenzó a caer, para el año 2021 perder cerca de un 75% de su Producto Interior Bruto.
En 2020, la economía generó un valor de US$$50,4 mil millones y seguiría retrocediendo a sólo US$$43,5 mil millones.
Toda esta situación significó un aumento en las cifras de pobreza que pasaron de un 28,9% en 2013 a una extrema pobreza de 76,6% de los hogares en 2021.
Inflación récord: En 2010 comenzaron los problemas de escasez en la economía venezolana y con ello la inflación comenzó a aumentar, a pesar de los controles de precios y de cambio que realizó la autoridad.
Las cifras de sobre el alza de los precios comenzaron a ser cuestionadas por los organismos internacionales, como el FMI y el Banco Mundial. Se ha señalado que las cifras oficiales son manipuladas para ocultar la gravedad de la crisis.
En 2010, la inflación cerró en 27.2%, y desde ahí comenzó a aumentar llegando al 56,2% en 2013, debido a la ineficiencia de las políticas económicas y el creciente déficit fiscal. La contención de los precios fue imposible y la caída de los precios del petróleo en 2014 redujo los ingresos del país, exacerbando la crisis económica. La inflación superó el 60%.
Sin ingresos por parte del gobierno y recortes en el llamado clientelismo chavista, el costo de la vida aumentó al 180,9% en 2015, a medida que el gobierno imprimía más dinero para cubrir el déficit fiscal.
Ya en 2018, Venezuela experimentó una de las hiperinflaciones más severas de la historia moderna. La inflación llegó al 1.000.000%, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Desde ese momento la inflación bajaría a niveles de 9.000%, y de 2.000%. Pero seguiría siendo alta, con cifras oficiales y no oficiales variando significativamente debido a la falta de transparencia.
Millones emigran. Las nacionalizaciones de empresas llevan a que parte importante de los capitales privados venezolanos salgan del país. La hiperinflación, el desempleo, y la caída del poder adquisitivo a la vez han forzado a millones de venezolanos a buscar mejores oportunidades en el extranjero.
A 2015, se calculaba que 695.000 venezolanos habían emigrado a distintos países de América Latina y norteamérica, cifra que fue en progresivo aumento. Dos años después, en 2017 ya superaban los 1,6 millones.
Entre las razones que dan los venezolanos que salen de su país está la escasez de bienes básicos como alimentos y medicinas, una creciente inseguridad y violencia y la represión política.
Durante el gobierno de Maduro, Venezuela ha tenido la mayor ola migratoria de la historia contemporánea de América Latina. Según los datos de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), a 2023 se estima que son más de 7,7 millones de venezolanos que salieron de su territorio.
La emigración ha significado una fuga de cerebros, con profesionales capacitados y trabajadores cualificados dejando el país, lo que ha afectado la productividad y la capacidad de recuperación económica.
Una comparación que hace la BBC es que la emigración venezolana es mayor que la de Siria (5 millones personas) y que la de Ucrania (6,5 millones), dos países que se han enfrentado o están enfrentando a guerras.
Corrupción. La corrupción ha sido un factor crucial en el deterioro económico y social del país. En 2022, Venezuela ocupó el penúltimo lugar, en el puesto 177 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International, solo superando a tres países africanos.
La bonanza petrolera de la década de 2000 permitió un flujo significativo de ingresos al gobierno, muchos de los cuales fueron manejados sin transparencia. La falta de controles y la discrecionalidad en el uso de los fondos públicos facilitaron la malversación.
El debilitamiento de las instituciones, incluyendo el sistema judicial y la Contraloría General, permitió que la corrupción floreciera sin repercusiones significativas.
Varios casos de corrupción han salido a la luz pública, como el del Banco Industrial de Venezuela y el desfalco en la Faja Petrolífera del Orinoco, pero no ha existido una acción judicial efectiva.
También se apunta a los militares, quienes han estado involucrados en el Gobierno desde la llegada de Chávez al poder. Hay denuncias de que uniformados han inflado contratos para obtener comisiones ilegales. Esto se ha visto especialmente en la industria de la construcción y en la adquisición de suministros.
Diversos informes como los de Human Rights Watch y la DEA señalan la participación de altos mandos militares en el narcotráfico, específicamente en el "Cartel de los Soles". Este grupo estaría involucrado en el tráfico de drogas a gran escala, utilizando la infraestructura del Estado para facilitar las operaciones.
Los militares han sido vinculados al tráfico ilegal de armas, tanto a grupos paramilitares como a organizaciones delictivas dentro y fuera del país. Esto incluye la venta de armas de los arsenales del Ejército a grupos irregulares.
Deuda Externa y Apoyo de China, Irán y Rusia. La caída de los ingresos y falta de inversión en el sector petrolero ha significado un aumento en la deuda externa venezolana.
Mientras en 2000 la deuda era de aproximadamente US$34 mil millones, con el paso de los años y la caída en el precio del crudo se incrementó. La hiperinflación y la mala gestión económica llevaron a una incapacidad de pagar la deuda externa. En 2017, Venezuela entró en default parcial al no poder cumplir con sus obligaciones de deuda y en 2018 reconoce niveles de US$150 mil millones. Tras esa fecha, la falta de transparencia del régimen de Maduro no permite estimar su monto, señalan los expertos.
El apoyo de China, Irán y Rusia han tenido un impacto profundo en la economía y la política de Venezuela. Mientras estos países han proporcionado alivio financiero y apoyo estratégico, también han aumentado la dependencia y la vulnerabilidad de Venezuela.
China ha sido uno de los principales financistas de Venezuela, otorgando más de US$60 mil millones en préstamos desde 2007. Estos se estructuraron principalmente a través de acuerdos de petróleo por deuda, donde Venezuela pagaba con petróleo. No obstante, la caída de la producción ha llevado a que el gigante asiático disminuya su apoyo.
Irán ha colaborado con Venezuela en el sector energético, incluyendo el envío de combustible y asistencia técnica para refinerías venezolanas. Esta colaboración se intensificó en 2020, cuando Irán envió varios tanqueros de gasolina.
Rusia ha proporcionado apoyo financiero y militar a Venezuela. Caracas ha adquirido armamento ruso, incluyendo aviones, helicópteros y sistemas de defensa aérea, fortaleciendo su capacidad militar.
Derechos Humanos y Democracia. El gobierno de Maduro ha sido acusado de reprimir a la oposición política mediante el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y persecuciones judiciales. De hecho es el primer país de América Latina investigado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha publicado informes detallando abusos como torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
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