Estamos terminando 2024 y dentro de la vorágine propia de fin de año –que incluye fiestas familiares, de empresas, cierres y un sinfín de otros compromisos sociales y profesionales– aún no nos deja de importunar el tema tributario, con múltiples plazos por vencer en poco tiempo.
En efecto, en julio comenzó a regir la ley 21.681 con el objeto de entregar fondos la reconstrucción de Valparaíso, luego de la catástrofe producida por los incendios que afectaron a la zona. Si bien es lamentable todo lo que ocurrió, la ley viene con un beneficio interesante: el llamado Impuesto Sustitutivo de Impuestos Finales (“ISIF”). Esto permite que los contribuyentes acogidos al régimen 14A (Semi integrado), someter sus rentas pendientes de tributación (RAI) pagando un impuesto único de tasa 12% (para las Pymes es otro tratamiento) hasta el 31 de enero de 2025.
Por regla general, dado que las personas dueñas de sociedades en régimen 14 A están en un tramo de Impuesto Global Complementario (IGC) alto, el beneficio resulta bastante conveniente, en relación con los flujos futuros a retirar por los propietarios de las empresas.
Por otro lado, el Ministro de Hacienda está trabajando en una nueva reforma tributaria, la cual pretende, en términos simples, aplicar un impuesto a los dividendos de un 16%. Ahora, que se apruebe o no este nuevo capítulo de Pacto Fiscal, es otra cosa, pero el panorama a nivel impositivo –al alero de este Gobierno al menos– no es alentador. Como si esto fuera poco, se pretende aumentar la tasa del IGC a los tramos más altos; esto es, de aquellos que ganan entre $4,7 millones y $6 millones mensuales.
De ahí que sea paradójico el tema del ISIF. En efecto, tal como señaló el Presidente Gabriel Boric en el Encuentro Nacional de la Industria 2024: “los más ricos tienen que pagar más”. Sin embargo, se dan incentivos de “adelanto tributario” a tasas más bajas para contribuyentes privilegiados, lo cual redundará en una menor recaudación futura. Por otro lado, se suben los impuestos que afectarán a aquellos que no tienen cómo modificar u optimizar su tributación, como las personas sujetas a contrato de trabajo. Es decir, el cometido del Presidente de que los “ricos paguen más” queda en una sola frase vacía que no se condice con la política fiscal que ha impulsado durante su gobierno.
En varios países de la OCDE se permite la deducción de gastos de educación y salud, a la vez que existe deducción por hijos. Nada de eso se discute en la actualidad. Lamentablemente, el trasfondo de esta nueva Reforma es meramente recaudatorio, sin mirar más allá a la creación de un ecosistema tributario que opere como los engranajes de un reloj, que reconozca también la realidad económica y social de los ciudadanos, de tal manera que les permita a los contribuyentes crecer y al estado, recaudar. Se pretende gravar a contribuyentes sin establecer un apropiado vínculo o causa que justifique lo anterior, basado en frases meramente ideológicas.
Por otro lado, aplaudo la propuesta tributaria que presentó Demócratas al ministro Mario Marcel, la que incluye reintegrar el sistema (100% de crédito para todos), ampliar la base de contribuyentes, ya que solo un 25% paga impuestos actuales, pues el 75% restante está en el tramo exento o simplemente no está declarando todos sus ingresos. Del mismo modo, proponen combatir la informalidad, mediante al condicionamiento en la entrega de beneficios sociales. Este último punto resulta de suma relevancia y se valora también que Javier Etcheberry, director del SII, esté abocado a la disminución de la informalidad.
En fin, hay mucho que hacer a nivel tributario sin duda. Pero pareciera que el camino no es subir los impuestos a las personas, desintegrar nuestro sistema o complejizar aún más el régimen impositivo chileno. Sino más bien, simplificar, poner los focos de fiscalización en aquellas partes donde se espera recaudar más IVA (en el cual se estima una evasión del 20% e informalidad) y, por supuesto, dar garantías de certeza jurídica a los contribuyentes, poniendo especial énfasis en el crecimiento.
Necesitamos, por lo tanto, una tregua tributaria, con medidas bien enfocadas, que nos permita trabajar y crea valor en nuestro país, y no caer en políticas fiscales contradictorias, que no se condicen con la realidad de Chile.
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