“El presupuesto 2021 estaba desnivelado en más de $40 mil millones”, declaró la exadministradora municipal Lucía Ulloa, relató la fiscal Parra. La exdirectiva aseguró que la entonces alcaldesa le pidió “mantener todos estos resultados de déficit en reserva”. El ocultamiento de gastos era posible, testificó el funcionario Luis Felipe González, porque “todas las instrucciones de no reflejar la deuda eran verbales”. El aumento de gastos tenía diversos orígenes. Uno de ellos fue la compra 30 mil peluches por $54 millones con cargo a la Corporación de Educación. La defensa de Barriga acusó una investigación sesgada políticamente contra la exedil.
Qué observar. La fiscalía formalizó esta semana cargos en contra de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga por falsificación de instrumento público y fraude al fisco por $30.972 millones, delitos presuntamente perpetrados entre 2016 y 2021, período en que la exedil encabezó el municipio de Santiago Poniente.
- En una audiencia que se extendió por 3 días, la fiscal regional metropolitana oriente Lorena Parra junto a la fiscal Constanza Encina presentaron registros de WhatsApp, documentos oficiales y los testimonios de funcionarios y ex personal municipal para sostener que Barriga usó diversos mecanismos de defraudación para abultar los ingresos y subvalorar los gastos municipales.
- Estos incluyeron comprar collares Swarovski (por $17.850.000) y pintar de dorado un auto municipal (por $1.428.000).
- Con estos antecedentes, la fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado pidieron su prisión preventiva por considerarla un peligro para la seguridad de la sociedad, lo que fue rechazado por el tribunal.
- El juez Hugo Salgado decretó en cambio su arresto domiciliario total, prohibición de dejar el país y comunicarse con testigos, peritos y co-imputados, lo que será apelado por el Ministerio Público.
- “Debiera estar en prisión preventiva durante el procedimiento. Esto es en una cárcel”, dijo el fiscal nacional Ángel Valencia.
- El defensor de Barriga, Marcelo Hadwa, sostuvo que había un “sesgo” político contra la exedil, quien fue electa como independiente en un cupo de Chile Vamos y está casada con el diputado de la UDI Joaquín Lavín León.
- “No hay ningún peso que pertenezca al patrimonio de la Municipalidad de Maipú que haya ido a parar a los bolsillos de mi representada o a personas cercanas con ella”, aseguró.
- A continuación, los testimonios relatados por las fiscales en los 3 días de audiencia.
“Déficit en reserva”. La entonces administradora municipal Lucía Ulloa declaró a la fiscalía que un levantamiento de la situación contractual del municipio dio cuenta que “el presupuesto 2021 estaba desnivelado en más de $40 mil millones”, según relató la fiscal Parra.
- “Esto se le informó a la alcaldesa en una reunión que se llevó a cabo en la alcaldía el 26 de septiembre de 2020, explicándole que este déficit se debe a 2 motivos: a la modificación de los CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestaria que permiten liberar dineros y adjudicar licitaciones) y a la reasignación de recursos, generándose deudas y esto provocando un déficit, solicitándome la alcaldesa mantener todos estos resultados de déficit en reserva”, testificó.
- La fiscalía estimó que el fraude a los CDP ascendía a $30.622.935.635, la mayor parte de la defraudación imputada a Barriga.
“Comprar peluches”. “Se usaron fondos que no correspondían de la Codeduc (Corporación de Educación de Maipú, presidida por el alcalde) para comprar peluches. Y la supuesta justificación era para incentivar matrículas de los colegios; pero en realidad se usaron como marketing para la misma municipalidad y para la misma alcaldesa”, declaró Esmeralda García, ex asesora jurídica de la corporación.
- Se compraron 30 mil peluches por $54 millones y fracción, pero cuando se cuestionó la compra públicamente, relató la fiscal, se guardaron en bodega más de 8 mil unidades.
“No tenemos esa facultad legal”. A la situación de los peluches, declaró García, se sumó el problema de los kits de útiles escolares. En 2019 se destinaron $144 millones para este propósito y en 2020, $22 millones.
- “Se compró una cantidad abismante de estos útiles y que, nuevamente, fueron comprados indebidamente, cargándolos a fondos que no correspondían y además entregándolos a cualquier alumno de la comuna”, dijo.
- En este mismo sentido testificó la funcionaria de la Corporación Educacional Bernarda Tapia: “La primera situación en la que me veo expuesta directamente se generó con la compra de estos útiles escolares”.
- “Nosotros, como corporación, podemos entregar útiles y cargarlos al fondo SEP (de Subvención Escolar Preferencial), pero lo que se necesitaba acá no eran útiles para nuestros estudiantes municipales o públicos, sino que para niños que no están matriculados en nuestros establecimientos, sino que son de colegios privados”, dijo. “Y nosotros como corporación no tenemos esos recursos, no tenemos esa facultad legal”.
“Había que falsificar las facturas”. Bernarda Tapia declaró —relató la fiscal Parra— que José Miguel Espinoza, también funcionario de la municipalidad, “le dijo que la única forma de hacerlo era comprándolos a través de otros fondos, y él dice que había que hacerlo sí o sí, que no había forma de no hacerlo, porque desde el municipio, la autoridad lo estaba solicitando, y que tenían que cumplirlo”.
- “En definitiva —dijo Parra— terminan haciéndolo por instrucción y le piden directamente que hable con un proveedor específico, porque lo que se pretendía, como no era fomentar las matrículas, sino que se requerían estos fondos para otros fines, no los podían rendir adecuadamente, entonces había que falsificar las facturas con un proveedor que estuviera de acuerdo”.
- La consecuencia de estos movimientos, sostuvo la fiscal, fue que la corporación se quedó sin recursos para comprar notebooks e insumos básicos para sus fines legales.
“Todas las instrucciones de no reflejar la deuda eran verbales”. La fiscal Encina relató cómo la edil buscó evitar dejar rastros de los traspasos de un fondo a otro.
- “Generalmente, todo se hacía de forma verbal, a fin de que no quedara evidencia de las instrucciones del bicicleteo”, declaró María Angélica Greber, dijo la fiscal Encina.
- “Todas las instrucciones de no reflejar la deuda eran verbales; llegaban a nuestras oficinas directamente de Andrea Díaz y Ana María Cortez (también formalizadas por la fiscalía), que era nuestra directora de Secpla (Secretaría de Planificación)”, testificó el funcionario Luis Felipe González.
Funcionaria fantasma. La fiscalía también relató el contenido de un WhatsApp entre la exfuncionaria a honorarios Andrea Monsalve y el entonces director de asesoría jurídica Francisco Aguirre.
- Monsalve —quien conocía a Barriga por su trabajo en televisión— había sido contratada como periodista, sin tener el título, lo que derivó en la presentación de un certificado de título falso, como aclaró la Universidad Católica a la fiscalía. Fue asistente de la alcaldesa hasta que, tras una pelea con Barriga, fue enviada a Maipú Seguro y luego presentó una licencia.
- Su larga ausencia derivó en que se la conociera como la “funcionaria fantasma”. Aseguró que Barriga no la despidió porque en una ocasión le pegó una cachetada.
- “Me llamó Gina de personal y nuevamente me insiste con el título original, el cual no lo tengo. Por favor escríbele a don Joaquín, para que él vea el tema de mi contrato”, escribió Monsalve a Aguirre.
- Monsalve testificó que se refería al diputado Lavín, quien, dijo, tenía injerencia en las decisiones municipales.
- “Te tengo una propuesta por lo del título”, respondió el jefe jurídico por WhatsApp. Según declaró Monsalve, la propuesta era que ella firmara el documento falsificado, a lo que ella se habría negado.
- Monsalve también aseguró que el coordinador municipal Luis Japaz, cargo inexistente en el sistema público y creado por Barriga, la amenazó “en más de una oportunidad, cuando yo estaba con licencia en mi casa. Pero lo más fuerte que me dijo fue que yo no valía nada y que tuviera cuidado porque algún día yo o uno de mis hijos podíamos amanecer atropellados y que son cosas que pasan”, consignó Radio Biobío. Japaz fue imputado por los mismos delitos que Barriga y quedó con arresto domiciliario nocturno.
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