“Chile ha sido reconocido por su responsabilidad fiscal. Gracias a ello, pudo sortear con relativo éxito la crisis financiera del 2008, el terremoto del 2010 o la pandemia del COVID-19. Pero hoy esa fortaleza está en riesgo, ¿qué pasaría si mañana enfrentamos otro terremoto o una nueva emergencia sanitaria?”
Esto lo escribí días antes del anuncio de aranceles del presidente Donald Trump que dio comienzo a la guerra comercial que está remeciendo al mundo. Un día después de las tarifas anunciadas en el llamado “Día de la Liberación” las bolsas mundiales registraron su peor caída desde 2020. Dos días después, las acciones estadounidenses habían perdido 6,6 trillones de dólares. En esta guerra comercial los principales actores, Estados Unidos y China, son también los principales socios comerciales de Chile, concentrando más del 50% de las exportaciones chilenas. Es evidente que las nuevas tensiones amenazan con reducir el crecimiento del mundo y con ello la demanda por nuestras exportaciones.
La clave de nuestro éxito en las décadas pasadas fue una integración comercial con el mundo combinada con una política fiscal prudente, que permitió acumular ahorro en los períodos de bonanza (como el boom de los commodities en los años 2000) sobre la base de instituciones como el Balance Estructural, el Fondo de Estabilización Económica y Social o la autonomía del Banco Central. Es gracias a esto que se pudo financiar el apoyo económico durante la pandemia sin comprometer la estabilidad de largo plazo.
Sin embargo, eso se acabó. El déficit estructural de 2024 alcanzó el 3,2% del PIB, muy por sobre la meta oficial de 1,9%. El Consejo Fiscal Autónomo y el FMI han advertido con claridad: este desvío erosiona la credibilidad de nuestras reglas fiscales y reduce nuestra capacidad de reacción ante nuevas crisis. No se trata sólo de efectos coyunturales de la pandemia o incertidumbre internacional.
También han existido fallas de gestión: sobreestimación de ingresos, control insuficiente del gasto y falta de evaluaciones sistemáticas. Esto se traduce en un Estado que gasta mal y sin prioridades claras. Chile cerró el 2024 con una deuda pública del 42,3% del PIB. El espacio fiscal para reaccionar a nuevas crisis es menor que antes, algo agravado por la tentación de gastar más en un año electoral.
Es urgente regresar a la seriedad fiscal. No solo porque es sensato, sino porque nuestra historia demuestra que se puede. Hemos hecho esfuerzos fiscales importantes en el pasado, y no necesitamos inventar nuevas instituciones sino fortalecer las que ya existen. Reconstruir los fondos soberanos y volver a metas fiscales exigentes como el superávit estructural deben ser prioridad.
El FMI señala que se deben reconstruir los fondos soberanos en un 5% del PIB. Para ello requerimos un acuerdo urgente que nos permita enfrentar los efectos de esta nueva crisis comercial global y reconstruir nuestra resiliencia fiscal.
Pero hay más por hacer. Necesitamos, en lenguaje económico, un “shock de oferta”. Es decir, debemos utilizar la capacidad que tiene el Estado para estimular la inversión y las exportaciones del sector privado. Para ello se requiere con urgencia abrir nuevos mercados con esfuerzos similares al reciente viaje a la India del presidente Boric, profundizar los acuerdos comerciales existentes, realizar trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado para reducir las trabas no arancelarias, entre otras medidas.
También hay que descontinuar aquellas iniciativas de ley que dañan la inversión en pesca, los impedimentos burocráticos que hoy están frenando a la salmonicultura, las acciones que discriminan contra la inversión privada como ocurre en los puertos, la detención o el atraso en sectores que ofrecen nuevas oportunidades en minería como las tierras raras, el cobre, el hierro y muchos otros. Asimismo, además del instrumento legal para reducir la “permisología” es necesario acelerar los procedimientos administrativos.
Existe en muchos funcionarios una mentalidad favorable al “decrecimiento” que no permite superar momentos difíciles como los actuales. Crear una “fuerza de tarea” desde la Presidencia para combatir el sesgo anti-inversión sería un instrumento reactivador de gran valor.
Otro instrumento clave y necesario hoy es el tributario. Es imprescindible no continuar ni el alza del impuesto a la renta considerada en la iniciativa del Ministerio de Hacienda ni con el nuevo impuesto a los profesionales que implicaría el proyecto de Financiamiento para la Educación Superior (FES) del Ministerio de Educación. Hay que considerar que los sectores con mayor propensión a invertir, de aprobarse estas iniciativas, tendrían un alza significativa en sus impuestos.
En suma, vienen tiempos difíciles que se pueden superar con realismo y trabajo. Las crisis son oportunidades. Chile en diferentes gobiernos ha sabido aprovecharlas para el bien del país. Ahora hay otra oportunidad.
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