En Chile solemos responder a cada crisis con una nueva ley, un nuevo plan o un nuevo programa. A veces es necesario, pero entre el problema y el anuncio suele faltar una etapa menos visible y probablemente más importante: reconstruir bien qué ocurrió, dónde falló el proceso, qué información estaba disponible y quién debía actuar. Esa capacidad tiene un nombre simple: trazabilidad.
No se trata de sumar burocracia ni de crear más formularios. Se trata de fortalecer la capacidad institucional para seguir el recorrido completo de las decisiones públicas: desde el diseño de una política hasta su implementación, desde la asignación de recursos hasta sus resultados, desde una alerta inicial hasta la respuesta institucional correspondiente.
Cuando esa trazabilidad no existe, la política pública se vuelve reactiva. Se corrige tarde, se legisla sobre la urgencia y se vuelve difícil distinguir entre un problema de diseño, de gestión, de información o de responsabilidad.
Regular más no siempre es regular mejor
El debate público tiende a confundir solución con nueva regulación. Si algo falla, se propone una norma adicional. Si una institución no responde, se anuncia un protocolo. Si un problema escala, se crea un plan especial. Pero más regulación no siempre mejora la capacidad real para resolver problemas.
La alternativa a una regulación acumulativa no es la ausencia de reglas. Es una regulación más trazable: simple de entender, posible de fiscalizar, con responsables claros, información interconectada y mecanismos de evaluación oportunos.
Esta distinción es clave para una economía que necesita volver a crecer, invertir y ejecutar proyectos con mayor velocidad. Más aún cuando la actividad insiste en mostrar señales de debilidad y el debate sobre crecimiento exige mirar no sólo los incentivos, sino también la capacidad efectiva para remover trabas, acelerar la ejecución y evaluar qué instrumentos realmente funcionan.
La discusión no debería ser regulación versus desregulación. Debería ser regulación trazable versus acumulación regulatoria.
Seguir personas, recursos y decisiones
La trazabilidad importa porque permite seguir aquello que el Estado debe proteger, financiar o corregir: personas, recursos y responsabilidades. En situaciones de vulnerabilidad o riesgo, como mostró el caso de los niños haitianos, lo fundamental es que las instituciones puedan reconstruir trayectorias, compartir información crítica y activar respuestas oportunas. Cuando el recorrido de una persona se pierde entre registros, organismos y procedimientos, el problema deja de ser meramente administrativo.
Y si eso ocurre con personas, cabe preguntarse cuánto más difícil es seguir el recorrido de recursos, programas y decisiones públicas. La información reciente sobre transferencias a fundaciones muestra precisamente eso: cuando los recursos salen del presupuesto, pero la rendición no llega con la misma claridad, el problema ya no es sólo contable. Es de trazabilidad, control y confianza pública.
Algo similar ocurre en seguridad. Frente al avance del crimen organizado y los delitos violentos, legislar es necesario. Pero ninguna ley reemplaza la capacidad de seguir trayectorias delictuales, reincidencia, medidas de protección, persecución penal, uso de recursos y coordinación entre instituciones. Sin esa información, cada nuevo plan corre el riesgo de llegar tarde al mismo problema.
La trazabilidad también es una condición de responsabilidad fiscal. En un contexto de menor margen presupuestario, mayor deuda y necesidad de reconstruir holguras, no basta con saber cuánto gasta el Estado. Hay que saber cómo gasta, en qué etapa está la ejecución, qué resultados produce y qué programas siguen justificando los recursos que reciben.
No todo ajuste fiscal es equivalente. No es lo mismo contener gasto corriente que postergar inversión pública, tampoco es lo mismo reducir programas mal evaluados que afectar capacidades relevantes para el crecimiento futuro. Por eso, la responsabilidad fiscal no puede limitarse al número agregado, requiere seguimiento fino de la composición, la ejecución y el impacto del gasto.
Lo mismo aplica al cumplimiento tributario, donde más allá de la discusión sobre el diseño de impuestos, el país debe fortalecer su capacidad de identificar operaciones, cruzar información, fiscalizar incumplimientos y cerrar espacios de evasión. Cuando algunos cumplen y otros no, el sistema se vuelve menos justo, se castiga a los contribuyentes formales y se deteriora la confianza en las reglas.
La trazabilidad no suele tener rédito político inmediato: no inaugura obras, no produce grandes titulares y rara vez se presenta como una reforma, pero puede ser una de las reformas institucionales más relevantes para Chile.
Un Estado que sabe seguir sus procesos puede corregir antes, gastar mejor, fiscalizar con más precisión y regular con menos arbitrariedad. Cuando eso no ocurre, se tiende a responder con más capas, más anuncios y más gasto, sin necesariamente resolver mejor los problemas de fondo. Por eso, antes de preguntarnos qué nuevo plan falta, deberíamos preguntarnos algo más básico: si sabemos exactamente qué pasó con los planes anteriores.
Sin trazabilidad no hay buena evaluación. Sin evaluación no hay corrección. Y sin corrección, la política pública se transforma en una secuencia de anuncios que no siempre aprende de sus propios resultados.
La reforma silenciosa que Chile necesita puede partir por ahí: menos reacción y más seguimiento; menos acumulación normativa y más información útil; menos anuncios y una pregunta más exigente: qué ocurrió, cómo ocurrió y qué se necesita para actuar, por fin, a tiempo.
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CAE: cuando un problema de solidaridad se convierte en una deuda. Por Alfonso Salinas.https://t.co/3dhS0WBAmD
— Ex-Ante (@exantecl) July 6, 2026
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