Si gana el “apruebo” el domingo, el fin de los derechos de aprovechamiento de agua estará entre las primeras normas que regirán. Hay 20 proyectos de ley con plazos máximos de ingreso, partiendo por el que regulará el organismo que reemplazará al TC, que deberá presentarse antes de 2 meses. A esto se sumará un tercer grupo de iniciativas que deberá ingresar sin un plazo predeterminado, como el que regulará la justicia indígena.
Qué cambiaría en septiembre. “Esta Constitución entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial dentro de los 10 días siguientes a su promulgación”, dice la primera disposición transitoria de la propuesta constitucional que se votará este domingo.
- En caso de ganar el “apruebo”, los 388 artículos permanentes y 57 transitorios de la carta fundamental tendrán un período de aplicación que irá desde los que regirán dentro de 10 días después de promulgado el texto, hasta el proyecto de ley de justicia vecinal, que podrá ingresar 5 años después de publicada la nueva carta fundamental.
- Se trataría de un cambio estructural en el aparato estatal que, de acuerdo con un estudio publicado a fines de julio por el Centro de Estudios Públicos (CEP), implicaría un costo anual de implementación de entre el 8,9% y el 14,2% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto equivaldría a U$28.500 millones y U$45.000 millones, respectivamente.
- Una de las normas de aplicación inmediata es la referida al fin de los derechos de aprovechamiento de agua. “Con la entrada en vigencia de esta Constitución, todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad se considerarán, para todos los efectos legales, autorizaciones de uso de agua según lo establecido en esta Constitución”, dice la norma transitoria número 37. “Mientras no se dicte la legislación ordenada en la disposición transitoria anterior, se aplicarán las reglas que prescribe el Código de Aguas en materia de constitución y extinción de autorizaciones”.
- Un artículo que quedó sin norma transitoria, por lo que hay distintas opiniones sobre si tendrá efecto inmediato, es el que aumenta de 5 a 7 los consejeros del Banco Central, órgano encargado de velar por la estabilidad de la moneda. Este vacío ha permitido 2 interpretaciones: que el Presidente deberá nombrar en septiembre a los 2 nuevos consejeros, afectando los equilibrios actuales, o que esto deberá ocurrir cuando se dicte la ley.
- Otro artículo que quedó sin norma transitoria es el referido a los estados de excepción constitucional. La propuesta elimina la figura de estado de emergencia que el gobierno del Presidente Gabriel Boric aplica desde mayo en La Araucanía y 2 provincias del Biobío, por lo que la ministra de Interior, Izkia Siches, dijo en agosto que evalúan como alternativa recurrir a la causal de calamidad pública para declarar estado de catástrofe en la zona.
Los 20 proyectos de ley. La propuesta establece una veintena de proyectos de ley que el Ejecutivo deberá enviar en un lapso entre 60 días y 5 años. A continuación, el listado elaborado por el equipo de Asuntos Políticos y Legislativos de Extend.
- Corte Constitucional: en un lapso de 60 días se deberá presentar la iniciativa que regulará al organismo que reemplazará al actual Tribunal Constitucional (TC), que dejará de existir, así como sus procedimientos.
- En 3 meses deberá también convocarse a la primera sesión del Consejo de gobernadores.
- Acciones de tutela: en 6 meses deberá presentarse, con carácter de urgente, la iniciativa legal para regular al sustituto de los actuales recursos de protección.
- En 6 meses también se deberá instalar la Corte Constitucional.
- Nueva legislación electoral: en un año deberá presentarse la iniciativa sobre nueva legislación electoral. Ésta deberá incluir los elementos de paridad de la propuesta.
- Seguridad social: en un año deberá ingresar el proyecto sobre creación, adecuación e implementación de Sistema de Seguridad Social y Sistema de Cuidados.
- Agencia Nacional de Aguas: en un año deberá ingresar el proyecto que crea la Agencia Nacional de Aguas y la adecuación normativa relativa a las autorizaciones de uso de aguas.
- Consejo de la Justicia. en un año deberá ingresar el proyecto que regula el Consejo de la Justicia, encargado de nombrar jueces. Estará integrado por 17 miembros, 8 de los cuales serán jueces y 5 serán nombrados por el futuro Congreso.
- En un año se deberá iniciar también el proceso de consulta con el pueblo Rapa-Nui para la instalación de la asamblea territorial; convocar a una consulta vinculante para crear las regiones autónomas de Chiloé y Aconcagua y convocar a una comisión de transición ecológica. En ese plazo deberá conformarse, además, la comisión territorial indígena que deberá hacer un catastro de las tierras a restituir a los pueblos originarios a través de expropiaciones o compras.
- Sistema nacional de salud: en un año y medio deberá presentarse la iniciativa para crear, adecuar e implementar el Sistema Nacional de Salud.
- Derechos de la niñez: en un año y medio deberá ingresar la iniciativa sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
- Legislación laboral: en un año y medio deberá presentarse una iniciativa para adecuar la legislación laboral en áreas como la negociación colectiva.
- Autonomías territoriales indígenas: en 2 años deberá presentarse la iniciativa que las crea.
- Juan Fernández: en 2 años deberá ingresar la iniciativa que crea el Estatuto de Administración y Gobierno del Territorio Especial de Juan Fernández.
- Tributos territoriales: en 2 años deberá ingresar el proyecto que establece tributos de afectación territorial.
- Sistema Nacional de Educación: en 2 años deberá ingresar el proyecto que adecúa e implementa el Sistema Nacional de Educación, Sistema de Educación Pública y Sistema Integrado de Suelos Públicos.
- Precarización laboral: en 2 años deberá ingresar la norma que adecúa la legislación laboral que “prohíbe toda forma de precarización laboral, así como el trabajo forzoso, humillante o denigrante”.
- Vivienda digna: en 2 años deberá ingresar la iniciativa sobre vivienda digna y ciudad.
- Defensoría del pueblo: en 2 años deberá ingresar el proyecto que regula la organización, el financiamiento y las atribuciones de la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de la Naturaleza.
- En 2 años deberán aprobarse las normas legales que regulen los distintos aspectos de la autonomía financiera y la descentralización fiscal de las entidades territoriales.
- Tribunales administrativos: en 3 años deberá presentar la iniciativa que los crea.
- Ley de patrimonios: En 3 años deberá ingresar la iniciativa sobre ley integral de patrimonios que aborde la institucionalidad y regulación del patrimonio cultural, natural e indígena.
- En 3 años deberá implementarse además la política para Restauración de Suelos y Bosque Nativo.
- Ordenamiento territorial: En 4 años deberá ingresar la iniciativa sobre ordenamiento territorial, que establece que “los planes de ordenamiento y planificación ecológica del territorio priorizarán la protección de las partes altas de las cuencas, glaciares, zonas de recarga natural de acuíferos y ecosistemas. Estos podrán definir áreas de protección ambiental o cultural y crear zonas de amortiguamiento para estas. Asimismo, contemplarán los impactos que los usos de suelos causen en la disponibilidad y calidad de las aguas”.
- Justicia vecinal: En 5 años deberá presentarse la iniciativa que regula la organización, el funcionamiento y los procedimientos de la justicia vecinal.
Pluralismo jurídico: A los anteriores se suma un tercer grupo de iniciativas que deberá presentarse sin un plazo predeterminado, como el que regulará la justicia indígena.
- El artículo 309 de la propuesta dice que “el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia”.
- La norma fija como límites de los sistemas de justicia indígena “respetar los derechos fundamentales que establecen esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte”, pero no especifica si se aplicarán también a no miembros de los pueblos originarios.
- El inciso segundo establece que “la ley determinará los mecanismos de coordinación, de cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales”. La fecha de presentación de ese proyecto de ley quedó fuera de las normas transitorias, por lo tanto está sin fecha de ingreso.
- El texto también establece en otro artículo que los fallos de la justicia indígena serán revisables por la Corte Suprema.
El acuerdo del oficialismo. Un cuarto grupo de proyectos de ley son los comprometidos por los partidos oficialistas el 11 de agosto. El lanzamiento del acuerdo estuvo marcado por los dichos del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien dijo que “no podemos garantizar que vamos a hacer estas cosas”, afirmación que luego matizó. Las materias comprometidas, pero que la oposición no está claro que se implementen, son:
- Consentimiento indígena: acordaron acotarlo a materias que afecten directamente a los pueblos indígenas en las entidades territoriales que les correspondan.
- Justicia indígena: acordaron restringirla a miembros del mismo pueblo y excluir los delitos penales.
- Consejo de justicia: Acordaron cambiar la composición del Consejo, para que esté integrado mayoritariamente por jueces. A esto sumaron reponer el término “Poder judicial”.
- Estados de excepción: acordaron reponer el estado de emergencia eliminado de la propuesta.
- Gasto público: acordaron eliminar la atribución de presentar mociones parlamentarias que irroguen directamente gastos al Estado.
- Reelección: acordaron eliminar del texto la reelección consecutiva de presidentes.
- Pensiones: Acordaron mantener un sistema mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual.
- Viviendas: Acordaron asegurar explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, será protegido.
- Sistema Nacional de Salud: Acordaron asegurar un sistema integrado con participación pública y privada, donde, bajo el Seguro Único de Salud, se protegerá la libertad de elegir dónde atenderse en la red.
- Educación: Acordaron respetar y reconocer la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada.
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