Qué dice el fracaso en la nominación del Fiscal Nacional para la gobernanza corporativa. Por Gonzalo Jiménez

El Consejo para la Transparencia, el Banco Central, la CMF, son buenos ejemplos de traspasos de sucesión ordenados. Explorar, expandir y replicar fórmulas que están dando resultados es un deber en el debate que viene.

Si una importante empresa chilena viviera un proceso de sucesión como el que hemos visto estos días para nominar al nuevo Fiscal Nacional, sería la comidilla de gerentes y directores, portada en medios de comunicación e incluso, causal de desplomes en la bolsa. Un escándalo corporativo.

Lamentablemente, la institución a cargo de investigar y perseguir los delitos, en momentos en que la seguridad pública es la preocupación número uno de la ciudadanía, cuenta ya dos procesos fallidos de sucesión y tres meses sin su máxima autoridad. A la guerrilla política, habitual entre el Congreso y los presidentes de turno, se ha sumado esta vez la batalla entre magistrados, fiscales y juristas, con recriminaciones públicas y privadas, filtración de datos personales y supuestos malos pasos de los candidatos. Un proceso en el que ninguno de los representantes de los 3 poderes del Estado implicados en esta definición clave, ha estado a la altura de las demandas del momento que vive el país.

Cuesta entender que, después de dos disensos, la Corte Suprema opte por no realizar un nuevo concurso, sino persistir en una quina donde sólo incorpora un nuevo nombre, manteniendo los mismos que, ya antes, no fueron considerados por el Ejecutivo. En Palacio, a su vez, todo indica que ha faltado diálogo para convencer a senadores y senadoras sobre los atributos de sus candidatos. Por último, y quizás en el peor de los remates, la Cámara Alta ha prejuzgado a cada uno de los seleccionados presidenciales, sin siquiera escuchar su exposición en la Sala. Incluso en las últimas horas, el centro del debate ha estado en el pasado tuitero de una de las nominadas.

Se acostumbra a hablar de governance y a evaluar los directorios del ámbito privado. Se nos olvida que hay todo un mundo público, con múltiples instituciones y empresas del Estado, que también está expuesto al ojo crítico de la opinión pública respecto de sus procesos de gobernabilidad. Hoy es el turno del Ministerio Público, pero inicuos episodios han sido protagonizados por Contraloría, TVN, Codelco, Banco Estado, ENAP, entre otras.

En la próxima discusión constitucional es un imperativo revisar las viejas fórmulas vigentes para gobernar los procesos sucesorios y actualizar las normas a las condiciones que hoy vive Chile, de manera de promover que las instituciones autónomas del Estado cuenten con la adecuada gobernanza y trasciendan los ciclos políticos.

En lo que respecta a empresas públicas, los avances han sido importantes en los últimos años. Chile nuevamente demuestra ser un buen alumno, como lo evidenciamos en nuestro libro “Corporate Governing in Latin America: The Importance of Scandals to Institute Change” (Callund, Jiménez-Seminario & Pyper, NY, en prensa). Gran parte de ellas cuenta hoy con profesionales idóneos, nominados mediante procesos de elección de personas con talento y experiencia en el ámbito privado. El ingreso de Chile a la OCDE las ha obligado a incorporar buenas prácticas de Gobierno Corporativo que las han hecho competitivas, innovadoras, mostrando que sí se puede avanzar en mejorar en materia de paridad, sin perder capacidades directivas; sumando, además, sostenibilidad ambiental y social. Ahí vemos un buen trabajo, que ha llevado adelante, de gran forma, el Sistema de Empresas Públicas y la Alta Dirección Pública para conformar los liderazgos clave del sector público.

Carecer de un directorio de alto desempeño, en lugar de confiar la tarea a un único sheriff, es quizás una de las mayores falencias que tiene hoy la Fiscalía. Algo similar ocurre con la Contraloría General de la República. Las poderosas -y refrendemos, singulares- cabezas de sendas instituciones emblemáticas para la persecución penal y para mantener a raya la corrupción, que investigan y sancionan ilícitos, dependen del voto de los mismos políticos, que son fuente de una parte no despreciable de las propias irregularidades bajo persecución.

Hace unos días, Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia, a propósito de esta misma discusión de la Fiscalía, planteaba la conveniencia de mantener estos cargos unipersonales con una larga duración y contar con órganos colegiados. Es un buen punto de partida para una discusión futura. Nuestro Banco Central, por ejemplo, también ha sido destacado por ello, conjugando lo que corresponde a un nombramiento del presidente o presidenta, con el paso y revisión del Senado. Pero con un directorio fuerte y que no se renueva por completo con el cambio de ciclo político.

El Consejo para la Transparencia, el Banco Central, la CMF, son buenos ejemplos de traspasos de sucesión ordenados. Explorar, expandir y replicar fórmulas que están dando resultados es un deber en el debate que viene. Y los actores convocados deben entender que la gobernabilidad y la responsabilidad es el mínimo estándar ético aceptable y que la impecabilidad parte por la sucesión de los guardianes de la República.