Acuerdo con la UE genera una nueva corte de inversiones donde entrarán cinco jueces chilenos

Eduardo Olivares C.
Delegaciones europea y chilena en Bruselas en el cierre político de la modernización del acuerdo bilateral. De izq. a der.: León de la Torre, José Miguel Ahumada, Josep Borrell, Antonia Urrejola, Valdis Dombrovskis y Gloria Navarrete. Créditos: Minrel

El texto del acuerdo -al que tuvo acceso Ex-Ante- plantea la creación de un tribunal de inversiones de primera instancia y apelaciones, que reemplaza el mecanismo de arbitrajes ad hoc ante el Ciadi actualmente en uso.


Acuerdo. El viernes 9 de diciembre, en Bruselas, las autoridades de Chile y la Unión Europea (UE) sellaron en forma política la modernización del tratado bilateral que rige desde 2003. Ahora se le llama Acuerdo Marco Avanzado entre Chile y la UE. Las partes comunicaron elementos del pacto, que incorpora mejoras arancelarias, capítulos sobre género, medioambiente, pymes, comercio digital, cooperación, inversiones y una serie de elementos comunes desde hace décadas en esta relación.

  • Recién hoy la Comisión Europea liberó el texto del acuerdo, en su versión negociada en inglés, por su “política de transparencia”.
  • La contraparte chilena (Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Subrei) ha prometido hacerlo también.
  • Una vez que los equipos realicen una revisión jurídica de ese documento, se traducirá a los distintos idiomas antes del proceso de aprobación y ratificación.

Inversiones. Entre los elementos más esperados de las negociaciones, que partieron en 2017 durante el gobierno de Michelle Bachelet, y se consolidaron en la Subrei que dirigió Rodrigo Yáñez con Felipe Lopeandía como jefe negociador, está el diseño de una nueva corte permanente de inversiones. La idea ha sido instalada por la propia Unión Europea.

  • Ese foco ha sido destacado y defendido por el actual gobierno, en particular como parte del sello que ha buscado darle José Miguel Ahumada a su gestión en la Subrei. En particular, promueve este tipo de mecanismos porque -a su juicio- los haría más coherentes en jurisprudencia; también más transparentes, ha sostenido, al contar con magistrados con dedicación exclusiva en vez de jueces ad hoc propios de los sistemas arbitrales amparados ante el Ciadi.
  • Ex-Ante revisó en particular el Capítulo 10, sobre inversiones. Dice que las partes tendrán el derecho a “regular dentro de sus territorios para lograr objetivos políticos legítimos, tales como la protección de la salud pública, los servicios sociales, la educación, la seguridad, el medioambiente, incluido el cambio climático; o la moral pública; la protección social o de los consumidores, la privacidad y protección de datos o la promoción y protección de la diversidad cultural”.
  • En otro artículo se disponen límites tanto a expropiaciones directas como indirectas. La “expropiación indirecta” fue uno de los puntos más cuestionados en su minuto por críticos del TPP11, como el actual asesor internacional del Segundo Piso, Carlos Figueroa Salazar, quien era portavoz de “Chile mejor sin TLC”.

Corte. En la sección D se configura una nueva institucionalidad relacionada con la solución de disputas entre inversionistas y Estados. Allí se apunta a que, cuando existan diferencias, las partes puedan resolverlas en forma amistosa o usando mecanismos de mediación. Solo cuando la contienda escale se podría acudir a un nuevo tipo de institución: el Sistema de Tribunales de Inversión.

  • El detalle está en la subsección 4. Habrá dos niveles: corte de primera instancia y la corte de apelaciones. Comenzarán a funcionar cuando el acuerdo entre en vigor. Sus integrantes serán nombrados por un comité de inversiones de ambas partes.
  • Tribunal de primera instancia: estará compuesto por nueve magistrados. “Tres de los jueces serán nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, tres serán nacionales de Chile y tres serán nacionales de terceros países”.
  • Tribunal de apelaciones: su composición será de seis magistrados. “Dos de los miembros serán nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, dos serán nacionales de Chile y dos serán nacionales de terceros países”.
  • Por lo tanto, según este diseño habrá cinco chilenos que integrarán esos tribunales especializados de inversión. En todo caso, en 52 años de historia del Ciadi -el sistema de arbitrajes ad hoc suscrito por Chile donde suelen verse estas disputas-, Chile solo ha enfrentado seis casos, de los cuales cuatro han sido con europeos.

Características comunes. En ambas cortes, el Comité deberá “considerar la necesidad de garantizar la diversidad y una representación justa de género”. También podrá aumentar o disminuir el número de jueces en múltiplos de tres, para cada caso.

  • Los miembros de ambas cortes “deberán poseer las calificaciones requeridas en sus respectivos países para el ejercicio de los más altos cargos judiciales, o ser juristas de reconocida competencia. Deberán tener experiencia demostrada en derecho internacional público. Es deseable que tengan experiencia en derecho internacional de inversiones, derecho comercial internacional y la resolución de disputas que surjan en virtud de acuerdos internacionales de inversión o comercio internacional”.
  • Duración: máximo cinco años, aunque una fracción de los magistrados originales podrán durar en sus puestos hasta ocho años.
  • Dedicación: “Jueces estarán disponibles en todo momento y con poca antelación”.
  • Remuneración: “A fin de garantizar su disponibilidad, se pagará a los jueces una retribución mensual fijada por decisión del […] Comité […] Podrá transformarse permanentemente en un salario ordinario. En tal caso, los jueces se desempeñarán a tiempo completo”.
  • Reglas: para todos los efectos, las reglas sobre las cuales los magistrados guiarán sus decisiones deberán basarse en aquellas contenidas en el Convenio Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), o bien en las reglas de arbitraje de Uncitral.

Efectos. Con la entrada en vigencia de este acuerdo, cesan de operar todos los acuerdos bilaterales de inversión de Chile con los Estados miembros de la UE donde los hubiera. Es decir, los casos dejarían de sustanciarse ante el Ciadi.

  • Además, Chile y la UE promoverán “el establecimiento de un tribunal multilateral de inversiones y un mecanismo de apelación para la resolución de controversias sobre inversiones”. De materializarse esa corte multilateral, dejaría de aplicarse el tribunal de primera instancia y de apelaciones creado por este acuerdo Chile-UE.

Revise el capítulo de inversiones del acuerdo Chile-Unión Europea (en inglés)

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