En junio, cuando el fiscal Palma fue sacado por el fiscal nacional de la causa ProCultura había abierto una arista que apuntaba a La Moneda. Había resuelto interrogar al Presidente Boric por los diálogos entre Alberto Larraín y el gobernador de Magallanes, en que el cofundador de ProCultura resaltaba el supuesto interés del mandatario en la firma de convenios. No se sabe si Larraín hablaba con el presidente. Pero Palma salió del caso y lo tomó el fiscal Cooper. Este miércoles se conocieron las primeras diligencias de Cooper, tras tres meses y medio con la causa sin señales públicas de actividad, y a pocos días de que surgieran críticas a la velocidad de su investigación.
Qué observar. El 26 de junio, cuando el fiscal nacional Ángel Valencia comunicó la salida del Fiscal Regional de Aysén Carlos Palma del Caso ProCultura —y su reasignación a un hombre de su confianza, el Fiscal Regional de Coquimbo Patricio Cooper—, el saliente investigador había abierto una arista que apuntaba a La Moneda.
- Un informe preliminar de extracción al celular incautado al gobernador de Magallanes Jorge Flies (independiente cercano al Partido Radical) que elaboró la Policía de Investigaciones (PDI), mostraba conversaciones entre la autoridad regional y Alberto Larraín, el siquiatra con privilegiados nexos con el Frente Amplio (FA).
- Tenía muy buenas relaciones con el Presidente Gabriel Boric desde al menos desde 2018, cuando el entonces diputado hizo público que sufría de Trastorno Obsesivo Compulsivo y “se armó una bancada transversal en el Congreso y me pidió realizar la coordinación técnica”, dijo el año pasado Larraín a La Segunda. Irina Karamanos prestaba servicios a su fundación, ProCultura.
- En el primer mensaje al gobernador Flies, del 1 de marzo de 2022, Larraín hacía referencia al “presidente electo” y mencionaba un proyecto que buscaba convertir a Torres del Paine en sitio de patrimonio mundial.
- En un mensaje del 21 de marzo —10 días después de que el Presidente asumiera—, Larraín volvió a mencionarlo. “Ayer hablé con el presidente. Está muy entusiasmado con el anuncio de lo de Torres del Paine. Mañana conversaré con la ministra de Relaciones Exteriores. Y empezamos a avanzar y ver la reunión con ustedes”, escribió.
- La propia fundación, a través de una declaración publicada en junio de 2023 en respuesta a un artículo del diario local El Pingüino, había entregado antecedentes sobre sus iniciativas en la región.
- “El proyecto de ‘puesta en valor del patrimonio cultural e identitario de Tierra del Fuego como estrategia de desarrollo’, se firmó el 20 de diciembre de 2021”, dijeron. Es decir, un día después de que el mandatario fuera electo en segunda vuelta.
- “(Éste) se encontraba en ejecución y sin rendiciones pendientes al 6 de mayo de 2022, fecha en que se firmó el segundo convenio correspondiente al proyecto ‘recuperando el espacio público a través de la restauración y conservación del mural arquitectónico urbano emblemático de Punta Arenas’”.
Mensajes y presiones. Los siguientes mensajes tenían un tono de presión. “Llevamos 15 meses tramitando lo del proyecto de turismo integrado de Tierra del Fuego”, dijo Larraín al gobernador el 30 de mayo. “Para ver si logra ponerle acelerador”.
- Las menciones al mandatario no aclaraban si Larraín había conversado con el Presidente, o si se estaba jactando de algo que no había ocurrido. Sin embargo, el trato que le daba el gobernador en las conversaciones era de quien no ponía en duda esa afirmación. Se mostraba siempre solícito a atender sus demandas.
- Conocedores de la causa revelaron a Ex-Ante que el fiscal Palma había resuelto indagar esta arista, tomando declaración al mandatario, incluso como imputado. De haberlo hecho, no habría sido una novedad. Los dos antecesores de Boric fueron interrogados en casos judiciales durante sus mandatos y uno de ellos, Sebastián Piñera, en calidad de imputado.
- En 2021 el expresidente Piñera declaró como imputado por las violaciones a los derechos humanos en el 18-O. En 2016 la expresidenta Michelle Bachelet declaró como testigo en el Caso Caval e incluso los fiscales a cargo incautaron computadores en La Moneda en sus investigaciones.
- La salida del caso de Palma había ocurrido luego de que CiperChile publicara el 15 de junio la existencia de un supuesto chat de Palma con el abogado Luis Hermosilla, el cual no consta en el celular incautado al penalista, como reconoció la fiscalía.
- El fiscal sí dijo inicialmente a ese medio que le envió al abogado un pantallazo de una conversación con la pareja de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, destituída este jueves.
- La secuencia de la salida de Palma llama la atención.
- El 25 de junio Fiscal Nacional Valencia había designado a la Fiscal Regional de Los Lagos Carmen Gloria Witter para indagar la mención de Palma en el Caso Audios.
- Al día siguiente por la mañana, según fuentes vinculadas al caso, Valencia fue informado de la nueva arista que abriría Palma y que contemplaba interrogar a Karamanos y al presidente Boric. En la tarde de ese mismo 26 de junio Valencia lo sacó de la causa y se la encargó al fiscal Cooper.
- Después se conocerían diálogos posteriores de Palma con Hermosilla que luego derivarían en su suspensión como fiscal, en septiembre, por violación de secreto. Este se basa en un chat en que informaba a Hermosilla que uno de los abogados de su estudio estaba defendiendo a un traficante de drogas, casos que el penalista no aceptaba por motivos de imagen.
- Según señaló su hermano y defensor, Juan Pablo Hermosilla, tras recibir el dato -que Palma niega haber sido secreto- Luis Hermosilla hizo al abogado optar por el estudio o por el cliente. Escogió renunciar
El avance de la investigación. Al salir del caso, Palma llevaba seis meses investigando a ProCultura, luego de que en diciembre de 2023 Valencia resolviera reagrupar las distintas causas del Caso Convenios y encargarle la arista de esa fundación.
- La indagación abarcaba convenios suscritos en las regiones de Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Biobío, Ñuble, Magallanes y Metropolitana.
- Palma había allanado las gobernaciones de Magallanes, BioBío, Ñuble y Valparaíso, además de dependencias de organismos como el Serviu y el Minvu en varias regiones, con incautaciones de computadores, celulares (incluidos los de algunos gobernadores) y documentos.
- Con esas pesquisas había establecido que la fundación creada en 2010 había aumentado en 10 veces sus ingresos de reparticiones públicas en 2022 —año en que asumió el actual gobierno—, pasando de $316.849.723 en 2021 a $3.282.841.556 en 2022. Las cifras tuvieron un notorio aumento a partir de la victoria de Boric en segunda vuelta (19 de diciembre de 2021).
- En mayo Palma había solicitado al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago autorización para incorporar la información bancaria tanto de la fundación ProCultura como de Alberto Larraín y de su representante legal Constanza Gómez, en la arista más incipiente del caso: el Gore de Santiago.
- Esta se remontaba al 8 de junio de 2022, cuando el Consejo Regional aprobó la propuesta del gobernador Claudio Orrego (ex DC) de nombrar a Larraín director de la Corporación de Desarrollo presidida por el mismo Orrego. Veintiún días después se autorizó la entrega de $1.683.788.000 a esa fundación para el programa para evitar suicidios Quédate, en que ProCultura debería coordinar a otras organizaciones.
- A diferencia de los otros Gore, Palma no pudo allanar la gobernación de Santiago porque se lo negó el Séptimo Juzgado de Garantía en junio pasado, tres semanas antes de que fuera removido de la causa por Valencia.
- Tras la caída en desgracia de ProCultura, el Gore se querelló este año contra la fundación.
- Cercanos al ex fiscal atribuyeron el rechazo al allanamiento a una filtración de diligencias, la que habría dado tiempo a los afectados para reaccionar. El factor sorpresa, según las mismas fuentes, es clave para el éxito de acciones como allanamientos e incautaciones.
Las diligencias de Cooper. El avance de las diligencias de Palma pusieron en cuestión la velocidad de avance del nuevo fiscal a cargo, quien lleva tres meses y medio con la causa y no se registraba ningún avance conocido.
- Luego de que en los últimos días diversos medios de prensa dieran cuenta de la lentitud con que Cooper estaba llevando el caso -lo que él niega- sorpresivamente el fiscal decidió realizar su primera diligencia conocida desde que asumió el caso.
- Además, desde la fiscalía señalaron a medios de prensa que está se venía preparando “desde hace semanas”, afirmación que no se ha podido constatar.
- Este miércoles se realizaron incautaciones de celulares y computadores en 14 domicilios de Santiago y Concepción, entre ellos el de Alberto Larraín, pero no se allanó el Gore Metropolitano. Se desconoce si se hizo la solicitud.
- En una declaración pública, la Fiscalía Regional de Coquimbo destacó que “se incautaron especies como CPUs, notebooks, laptop, discos duros externos, tablet, teléfonos celulares, pendrives, chip telefónicos y documentación de interés para el desarrollo de la causa”.
- Además, dijeron, “se recopilaron evidencias importantes para la investigación, entre ellos las bases de datos de correo electrónico, nubes informáticas con antecedentes de la fundación”.
El antecedente de Karamanos. A los chats en que se mencionaba al Presidente, se sumaba un informe pericial contable de la PDI de fecha 25 de junio, que incluía en un anexo cinco transferencias de Irina Karamanos —la expareja de Boric que había trabajado para la fundación—, por un total de $4.467.500.
- Si bien se trataba de un monto bajo, el comisario de la Brigada Anticorrupción Metropolitana de la PDI Edson Figueroa advirtió al día siguiente por correo electrónico que había una “inconsistencia”.
- Estaba registrada como abono de Karamanos a la fundación y no como pago de sueldos, “planteando la hipótesis, que se debe confirmar o descartar, respecto de una eventual devolución de dineros por parte de prestadores de servicios de la fundación investigada”.
- La importancia de la supuesta inconsistencia se basa en el mecanismo usado por ProCultura en el manejo de platas, según datos de la investigación. Este consistía, siempre según fuentes familiarizadas con el caso, en que la fundación firmaba un contrato con reparticiones públicas y luego se lo encargaba a otras empresas. Estas cobraban un monto y luego le devolvían una parte a ProCultura.
- El 3 de octubre la ex coordinadora sociocultural de la Presidencia respondió por X que no había depositado dinero, rechazó especulaciones de que se tratara de platas políticas y anunció que había entregado sus cartolas a la fiscalía.
- Por otra parte, este miércoles se conoció que renunció a la defensa de Pro Cultura y Alberto Larraín el estudio Barruel y Borzutzky. Los abogados justificaron su renuncia “debido a diferentes visiones con los clientes sobre la estrategia legal a seguir en la causa”.
- Cuando se publicó la noticia sobre Karamanos, el estudio aseguró que la ex primera dama había hecho abonos por concepto de devolución de dineros a ProCultura, lo que ella había descartado. Después negó que hubiesen existido tales abonos.
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